CON LA COMPLICIDAD DE ABANCA

Pedraz aún instruye la causa de los pagarés de Nueva Rumasa, con miles de afectados

El juez Pedraz aún está instruyendo la quiebra de Nueva Rumasa, que dejó a miles de inversores atrapados en sus famosos pagarés, cuyo dinero salió de España con la complicidad de Abanca

Foto: Infografía: EFE.
Infografía: EFE.

El fallecimiento de José María Ruiz Mateos deja una causa judicial abierta con miles de afectados que han perdido todo su dinero: los famosos pagarés de Nueva Rumasa, que vendió en 2009 y 2010 con una agresiva publicidad y rentabilidades de hasta el 12%. La quiebra de todas las empresas que formaban el holding dio paso a una cascada de concursos de acreedores diseminados por toda la geografía española en los que los inversores no han recuperado un euro. Su única esperanza es la causa penal que todavía instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por delitos como estafa, falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal, si consigue encontrar los bienes de la familia fuera de España para resarcir a los inversores incautos a los que sacaron el dinero.

Los pagarés de Nueva Rumasa se comercializaron con grandes campañas de publicidad en muchos de los principales medios económicos del país (que nunca alertaron a sus lectores del peligro de esta inversión), en los que Ruiz Mateos hacía hincapié en la españolidad de las empresas y en su "compromiso con el empleo" en un momento en que las cifras de paro se disparaban mes tras mes por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria y de crédito. Muchísimos inversores acudían a sus bancos y asesores interesándose por estos productos que daban una rentabilidad tan alta (hasta el 12%). Además, como eran pagarés de empresas con actividad con marcas "de toda la vida" (Dhul, Clesa, Garvey, Fruco, Cacaolat, Apis, etc.), les daban confianza. 

Lo que se callaban los Ruiz Mateos es que esta actividad no era rentable y que las compañías se encontraban en situación desesperada. Tanto, que ni la banca ni los inversores institucionales les prestaban un euro, y por eso tenían que acudir a los particulares (algo parecido a las preferentes pero más exagerado; las cajas sí podían obtener financiación mayorista, pero les salía muchísimo más cara que si vendían los títulos a sus clientes). El modus operandi era que una empresa del grupo emitía los pagarés y otras los avalaban, de forma que todas estaban implicadas en cualquier emisión.

Además, diseñaron estas emisiones para que no estuvieran supervisadas por la CNMV: no cotizaban y su importe mínimo era de 50.000 euros - así no se consideraba minoristas a los clientes sino cualificados-. El Gobierno socialista cambió la Ley del Mercado de Valores en 2010 para impedir esta burla, pero entonces Ruiz Mateos dejó de emitir pagarés y pasó a hacer ampliaciones de capital en Dhul y Clesa, que también han supuesto la pérdida de toda la inversión para los que participaron. Se estima en 250 millones el importe total perdido, a los que había que añadir otros 200 en dinero negro.

A pesar de no tener competencias, el supervisor que entonces presidía Julio Segura llegó a advertir hasta en siete ocasiones de que estos títulos no se negociaban en ningún mercado ni estaban supervisados. Pero estas advertencias no pasaban de un breve en los periódicos frente a las grandes campañas publicitarias de Nueva Rumasa. De hecho, sus anuncios llegaron a presumir de que los pagarés ganaban más que la bolsa, que se encontraba en pleno desplome post-Lehman, como pueden ver en el anuncio adjunto.

Empresas en liquidación y sin patrimonio

Toda esta ficción se vino abajo en 2011, cuando las diferentes empresas del grupo (que no consolidaba sus cuentas) fueron declarando el concurso de acreedores, formalmente para "proteger a los inversores". La realidad es que todas han acabado en fase de liquidación sin que los inversores hayan podido recuperar nada porque las empresas no tienen patrimonio. En algunos casos -como Inversiones José María Ruiz Mateos- hasta hay calificación del concurso (culpable) y condenas a la familia, que debe responder del agujero con su patrimonio

Como no lo han hecho, la única vía que les queda para recuperar su dinero es la penal que se instruye en la Audiencia Nacional. "En la vía mercantil no se va a conseguir cobrar nada porque las empresas no tienen nada. Será el procedimiento penal el que encuentre dónde están los bienes del empresario natural de Rota y de sus hijos, y los traiga a España para que los inversores puedan cobrar", explica Auxiliadora Blázquez, letrada de Iure Abogados, que representa a varios afectados.

Abanca (Banco Etcheverría), cómplice

El presidente de Abanca, Javier Etcheverría (d), el vicepresidente Juan Carlos Escotet (c) y el consejero delegado Francisco Botas. (EFE)
El presidente de Abanca, Javier Etcheverría (d), el vicepresidente Juan Carlos Escotet (c) y el consejero delegado Francisco Botas. (EFE)

Este vaciamiento patrimonial tanto de las sociedades como de la familia se explica porque buena parte del dinero recaudado por los pagarés, supuestamente para financiar el crecimiento de las compañías y la adquisición de otras, salía de España en dirección a otros países, en muchos casos paraísos fiscales. Para ello contaba con la ayuda del Banco Etcheverría (posteriormente absorbido por Abanca), que iba sacando el dinero en operaciones justo por debajo del mínimo que obligaba a informar al Banco de España por la normativa antiblanqueo de dinero, según la Fiscalía, que califica de "cómplice" al banco.

La entidad niega su implicación en los hechos, pese a que antiguos empleados han admitido algunos de ellos, por lo que este asunto está pendiente de vista oral. Como informó El Confidencial, el Sepblac (servicio de prevención del blanqueo de capitales) está investigando a Abanca por estos hechos. Hay que recordar que el presidente del Etcheverría cuando ocurrieron los hechos, Javier Etcheverría, y el consejero delegado, Francisco Botas, ocupan idénticos cargos en la actual Abanca, propiedad del banco venezolano Banesco que preside Juan Carlos Escotet.

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