La élite del Buen Gobierno pone a Madrid en el epicentro de la inversión extranjera

Se lleva preparando desde enero, con discreción, pero ya está aquí y quiere hacer mucho ruido. Los próximos 12 y 13 de noviembre, con motivo del décimo aniversario del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A),la flor y nata del Gobierno Corporativo internacional se darácita en Madrid en un congreso que sus organizadores quieren aprovechar como escaparate para atraer inversión extranjera.

Con el mensaje de que el Buen Gobierno es el mejor aval de nuestras sociedades, y justo cuando el Ejecutivo está a punto de aprobar una normativa que situará a España a la cabeza de esta materia, el desfile de inversores institucionales que se dejarán ver por los pasillos del Casino de Madrid es toda una oportunidad para consolidar la renovada apuesta de la inversión extranjera por España.

El cartel lo merece. El presidente del consejo de administración de Statoil, Svein Rennemo; su homólogo al frente del recién privatizado Royal Mail Group, Donald Brydon; la directora mundial de Gobierno Corporativo de BlackRock, Michelle Edkins; el consejero del Fondo de Pensiones de Noruega, Peter Montagnon; el director de Gobierno Corporativo y Legislación Societaria de la Comisión Europea, Jeroen Hooijer; la directora para Pymes y Emprendimiento de la Comisión, Joanna Drake; o Tajinder Singh, vicesecretario general de IOSCO, son sólo un ejemplo del alto nivel de los asistentes.

El Congreso,además, cuenta con el claro apoyo del brazo económico del Gobierno, consciente de la oportunidad que supone este acto para atraer hacia las empresas españolas el creciente volumen de dinero interesado en invertir, exclusivamente, en las compañías consideradas responsables.

Apoyo gubernamental

El ministro de Economía, Luis de Guindos, será el anfitrión de la cena de gala que se celebrará el día 12; mientras que su mano derecha y secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, dará una sesión sobre las nuevas formas de financiación de las pymes españolas en la segunda jornada del Congreso, que será inaugurada por lapresidentade la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez.

Suma y sigue, porque la empresa familiar española, que cada día necesita más alternativas a la financiación bancaria, también estarán representadas por el consejero delegado de Borges, Josep Pont; el presidente del consejo de administración de Laboratorios Cinfa, Enrique Ordieres; o Maite Ballester, consejera delegada de 3i España, firma de capital riesgo que ha invertido en un importante abanico de sociedades.

La convocatoria llegará a más de 3.000 directivos y consejeros en un momento en el que el Buen Gobierno está en primera plana de la actualidad española, a raíz de la propuesta de reforma que presentó el pasado lunes el grupo de expertos encabezado por Elvira Rodríguez y que ayer mismo estudió el Consejo de Ministros.

Este tipo de iniciativas en defensa de la transparencia y la defensa de los inversoresserán las tarjetas de visitas que intentarán repartir entre los totems internacionales que visitarán Madrid tanto los poderes políticos, en el papel deadalides de este movimiento, como los empresariales españoles, con el discurso de su plena apuesta por esta línea de actuación.

A la vanguardia internacional

En pocos meses, está previsto que el Gobierno convierta en ley todo o parte de lapropuesta estudiada ayer por el Consejo de Ministros, que situará a España a la vanguardia internacional del Buen Gobierno, con puntos tan importantes como el hecho de obligar a las compañíasa detallar los salarios devengados(no cobrados) por cada consejero, someter al voto consultivo de la Junta General las remuneraciones cada año y necesitar el visto buena de ésta para aprobar la política retributiva cada tres ejercicios.

Además, los accionistas minoritarios tendrán más poder gracias a medidas como el hecho de haber rebajado del 5% al 1%, en las sociedades no cotizadas, y del 1% al 0,1%, en las cotizadas, el capital necesario para poder impugnar la Junta; al haber limitado a 1.000 el número máximo de acciones que se puede exigir para poder asistir a la Asamblea General, o el recortar el 5% al 3% el capital necesario para poder solicitar la convocatoria de Junta.