Santander pagó al arquitecto municipal de Boadilla que recalificó la Ciudad Financiera

Leopoldo Arnaiz es el arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para diseñar sus planes urbanísticos, entre ellos el de la Ciudad Financiera del

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    Leopoldo Arnaiz es el arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para diseñar sus planes urbanísticos, entre ellos el de la Ciudad Financiera del Santander. En su día, los propietarios de los terrenos lo acusaron de haber trabajado para los intereses del banco desde su puesto de asesor urbanístico del consistorio madrileño, pero no pudieron probarlo. Una empresa propiedad del Santander, pero sin aparente vinculación con el banco, Cezosa (Centros de Equipamiento de la Zona Oeste S.A.), les había comprado los terrenos a precio de rústico. Luego fueron recalificados, multiplicando su valor, y los dueños originales se enteraron de que habían vendido al Santander. Ahora, esas fincas albergan la sede central del banco.

    Ya con el ‘pelotazo’ consumado, El Confidencial ha certificado que Arnaiz cobró del Santander. Concretamente, Cezosa realizó diferentes pagos a Beltraex Nexo, una firma que aparentemente tampoco tenía relación con Leopoldo Arnaiz, pero que sí la tiene. En realidad, el arquitecto, que ha diseñado los planes urbanísticos de más de 40 municipios madrileños, es el dueño de Beltraex Nexo. El administrador de la empresa, Constantino Díaz González, es un mero testaferro. Tanto Arnaiz como su hombre de paja están imputados por delito fiscal en el juzgado de instrucción número 35 de Madrid precisamente a raíz de los pagos del Santander.

    Arnaiz ha declinado hacer declaraciones a este diario. Por su parte, fuentes oficiales del Santander han reconocido a El Confidencial que “Beltraex hizo unos trabajos para Cezosa de consultoría inmobiliaria en la operación de la Ciudad Financiera”. El administrador oficial de Beltraex, Constantino Díaz, es abogado matrimonialista y, según una denuncia que investigan los juzgados de lo mercantil de Madrid, se trata de un mero testaferro del urbanista Arnaiz. Preguntado por estos extremos, desde el banco aseguran que no conocen los detalles: “Pagamos las facturas y no sabemos si esa sociedad era o no de Arnaiz”, declara un portavoz.

    El pasado octubre, el juez del caso de la Ciudad Financiera absolvió al arquitecto entendiendo que trabajaba para el Ayuntamiento pero no era funcionario, aunque la sentencia está recurrida. El titular del juzgado de lo penal número cuatro de Móstoles argumentó que “no se ha probado la relación del acusado con la sociedad Centro de Equipamiento Zona Oeste S.A. y en este sentido han declarado los representantes legales de dicha sociedad”. La información de El Confidencial desbarata este argumento: Beltraex es Arnaiz. El tribunal desconocía que el redactor municipal del plan urbano de la Ciudad Financiera había cobrado del Santander pero a través de una empresa opaca. La Audiencia Provincial admitió a trámite el recurso de los denunciantes, aunque no disponían de esta información.

    Imputado por delito fiscal

    Por su parte, la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Agencia Tributaria articularon una querella contra Beltraex a raíz de los pagos provenientes de Cezosa y el flujo de capital entre distintas sociedades del entramado de Arnaiz. Los técnicos sospechan que puede haber un caso de blanqueo y el juez imputó al administrador de la empresa, el abogado Constantino Díaz. Luego, el magistrado comprobó que el verdadero dueño de la firma es Arnaiz, aunque no figure en ningún cargo, por lo que lo citó a declarar y ya lleva varios meses imputado por delito fiscal. También han declarado en este procedimiento varios directivos del Santander, aunque como testigos.

    En el caso de la Ciudad Financiera, los propietarios de los terrenos habían demandado a Arnaiz por negociaciones prohibidas con funcionarios y tráfico de influencias. Según uno de los denunciantes, “un hermano de Arnaiz, Alfonso, usando como nombre falso Luis Muñiz, venía a vernos con los de Cezosa para que vendiéramos los terrenos diciéndonos que no iban a valer nada. Luego nos lo encontramos en el juicio con Leopoldo Arnaiz”. Cezosa consiguió comprar entre julio de 1988 y enero de 1999 unos cuatro millones de metros cuadrados de terrenos calificados como rústicos bajo amenazas de expropiación, según los denunciantes. El banco pagó unas 3.000 pesetas (18 euros) por metro, precio que se multiplicó varias veces cuando el Ayuntamiento de Boadilla del Monte recalificó el suelo.

    En el juicio, Serafín Méndez, el que fuera director general del área de Inmuebles del Grupo Santander y hombre de confianza de Emilio Botín, declaró que cuando pagaron los primeros 5.000 millones de pesetas por el suelo, “el banco no tenía ninguna garantía de que el ayuntamiento fuera a recalificar el terreno”. Es decir, que la primera entidad financiera de España compró millones de metros cuadrados sin saber si allí podría construir o no su Ciudad Financiera. Los propietarios originales de los terrenos se consideraron estafados y aseguraron en el juicio oral que el Santander sabía que el suelo iba a ser recalificado. Pero el juez sólo mantuvo imputado al arquitecto Arnaiz, acusado de comprar los terrenos para el Santander.

    Previamente, el despacho de Lepoldo Arnaiz había sido contratado por el Santander para elegir la ubicación de la futura mega urbanización bancaria, entre otros trabajos, pero en el juicio no se pudo demostrar que trabajara para o cobrara de la polémica Cezosa, la que consiguió las parcelas.

    Por su parte, el citado proceso abierto en el juzgado número 35 de Madrid no ha entrado a valorar el caso de la Ciudad Financiera, sólo si Beltraex Nexo ha cometido delitos fiscales en los pagos recibidos de Cezosa, la sociedad del Santander. La justicia madrileña tiene la clave del caso Ciudad Financiera en dos juzgados separados por veinticinco kilómetros de distancia, pero no se han comunicado.

    Beltraex es sólo una de las 33 empresas que Arnaiz, que declaró en la comisión de la Asamblea que investigó la trama inmobiliaria del tamayazo, controla a través de testaferros. Las utiliza para operar en municipios donde él ha redactado el plan urbanístico y así pasar desapercibido. El valor de esta madeja de sociedades supera ampliamente los 500 millones de euros. Tiene terrenos en toda España. Arnaiz controla las sociedades con documentos privados firmados con sus testaferros en tres notarías de Madrid y Londres. En algunas compañías es dueño del cien por cien de las acciones y en otras se ha asociado a distintos promotores inmobiliarios.

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