Aguilera (Registradores): “Los notarios deberían preocuparse de limitar los folios”

La guerra que libran Notarios y Registradores por el acceso libre a los libros no cesa. Este martes, los segundos se defendían de las acusaciones que han hecho los notarios ante la  imposibilidad del libre acceso a los libros del registro y les aconsejan limitar el tamaño de los documentos si quieren reducir los costes a sus clientes.

Y es que el tema que subyace en todo este asunto es el económico. Desde el Consejo General del Notariado (CGN) dieron a entender que los registradores de la propiedad se resisten a poner en marcha el sistema de consulta telemática porque ello les supondría dejar de ingresar unos 30 millones de euros al año.

Consideran que si los Notarios pueden hacer directamente las consultas se entiende gratuidad de las mismas, por lo que ya no tendrían que pagar los aranceles derivados de la solicitud de notas simples y que en 2008 supusieron un total de 21 millones de euros.

En este sentido, el vicedecano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera Anegón aseguró que “La ley no hace previsión sobre la gratuidad” y  añadió que “de lo que sí deberían preocuparse –los Notarios- es de la limitación de los folios, que son documentos muy extensos, y esto sí supone un encarecimiento para los ciudadanos”.

Puestos en contacto con el CGN, fuentes oficiales han declarado a Cotizalia.com que “la filosofía de la Ley se basa en la gratuidad del que accede si es un funcionario público en el ejercicio de su trabajo”.

Así mismo, aseguran que “el notariado nunca se ha embrollado en argumentos arancelarios para cumplir una ley” y que “el precio del folio forma parte del arancel notarial y que se justifica por la obligación que tiene cada notario de conservar los protocolos durante 100 años”.

Se aferran a la reforma de la ley hipotecaria para defenderse

Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de la nueva sede del Registro de la Propiedad de Madrid, el colectivo ha asegurado que el acceso telemático al contenido de los libros está pendiente de la aprobación de una reforma en la legislación hipotecaria, así como de un modelo informático en el registro.

Además, han asegurado que no tienen constancia de que la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) tenga conocimiento de las demandas interpuestas.

En cualquier caso, según Eugenio Rodríguez Cepeda, decano del Colegio de Registradores, “habrá que ver caso por caso y si la responsabilidad es del notario tendrá que hacer frente y si es de los registradores tendrán que hacer frente”.

La semana pasada, Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) denunció que no se les permitía acceder al registro de manera telemática en el momento de la firma y que este problema había ocasionado daños por valor de 8 millones de euros a diversos ciudadanos. En concreto, 30 personas físicas o jurídicas han exigido responsabilidad civil a varios notarios.

Ante la acusación de incumplimiento de la ley 24/2001 de medidas fiscales, administrativas y del orden social y la ley 24/2005 de reformas para el impulso de la productividad, los registradores se defienden alegando que sendas regulaciones se encuentran sujetas “a una serie de desarrollos normativos y a la aprobación por parte de la DGRN de un modelo informático de consulta”, según versa en la nota de prensa.

Además, aseguran haber presentado ante la DGRN un informe con distintas soluciones técnicas y jurídicas para que el modelo de consulta, fruto de la polémica, pueda ponerse en marcha.

No obstante, la Ley 24/2005 no prevé ningún desarrollo normativo y se formuló para dar respuesta a las lagunas de la ley anterior tras el consiguiente debate parlamentario.

Además, el artículo 222.10 de la Ley Hipotecaria es determinante al respecto: “La manifestación de los libros de Registro deberá hacerse, si así se solicita, por medios telemáticos” y “el acceso se realizará sin necesidad de intermediación por parte del registrador”. Por este motivo, desde el Consejo General del Notariado aseguran que “siguen sin explicar porqué no cumplen la ley”.

Ahora el balón está sobre el tejado de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que tendrá que decidir cuáles son las medidas a tomar. Pero mientras lo hace, la batalla que los dos colectivos mantienen continúa, así como el problema de inseguridad jurídica que supone para los ciudadanos.