Notarios versus registradores: presentan tres demandas por no poder acceder libremente a los libros

El Consejo General del Notariado ha declarado la guerra abierta al gremio de los registradores de la propiedad. El detonante ha sido las más de 30 reclamaciones de personas físicas o jurídicas que exigen a varios notarios responsabilidades civiles por diversos daños, que se elevan a 8 millones de euros, derivados de la imposibilidad de éstos de acceder telemáticamente al registro en el momento de la firma de las correspondientes escrituras.

Por este motivo, el Consejo ha presentado ante la Dirección General de los Registros y del Notariado tres denuncias y prepara otras 27 con el fin de que se abra expediente disciplinario contra varios registradores.

El caso es que desde que en la notaría se recibe la nota simple hasta que se firman las escrituras transcurre un lapso de tiempo suficiente para que la finca en cuestión pueda verse grabada con cargas, títulos o, incluso vendida a otro comprador.

Esto último fue lo que le ocurrió a una pareja que compró un piso por 80.000 euros y que cuando firmaron las escrituras y fueron a llevarlas al registro se encontraron con que unas horas antes el inmueble había sido vendido a otro comprador.

De esta manera, desde el Consejo general de Notarios se denuncia el incumplimiento reiterado de la ley de medidas fiscales y administrativas y del orden social y de la ley de reformas para el impulso de la productividad por las que las autoridades judiciales, autoridades fiscales, policía judicial, el SEPBLAC, la agencia tributaria, notarios y demás autoridades públicas pueden acceder al contenido de los libros sin intermediación del registrador en el ejercicio de sus funciones públicas.

Lo que es lo mismo, esta serie de funcionarios puede tener libre acceso a los datos del registro y, lo que puede ser la clave en todo este asunto, de manera gratuita.

Desde el Colegio Oficial de Registradores de España han venido alegando que el problema que se plantea a la hora de permitir dicho acceso la vulneración de la ley de protección de datos. No obstante, tras la aprobación de la primera ley en 2001 se mantuvo un intenso debate en el parlamento y se concluyó que en ningún caso se da dicha situación ya que la consulta se realiza en el ejercicio de las funciones públicas, no particulares.

Llama la atención que el libre acceso a los libros puede privar a los registradores de embolsarse en torno a 30 millones de euros. Esa fue la cifra que ingresaron de la suma de notas simples en papel y telemáticas en 2007, un total de 10.072.820 tramitaciones al precio de 3,005 euros.

De hecho, hasta el SEPBLAC, la unidad de inteligencia financiera española, tiene que pagar en el transcurso de sus investigaciones los aranceles correspondientes al registro de la propiedad para tener acceso a su documentación.