Al final juicio, acusaciones particulares 80 clientes piden 37 millones euros

Madrid, 5 dic (EFECOM).- En las semanas finales del juicio, de los 4.005 clientes afectados y los 122 que empezaron el juicio, tan sólo ochenta inversores han pedido la responsabilidad civil para los acusados en el escándalo financiero de Gescartera por un montante superior a los 37,05 millones de euros.

Así se constató hoy, durante la trigésimo tercera sesión de la vista oral contra los responsables de la agencia de valores que, en caso de sentencia condenatoria, tendrían que hacer frente a esta cantidad, además de la de otras acusaciones que decayeron como tal en este proceso a favor de la Fiscalía Anticorrupción, al frente de la que se sitúa, durante el juicio, el fiscal Vicente González Mota.

El fiscal ha cifrado en 50,22 millones de euros (8.356.069.397 pesetas) la cantidad apropiada por los acusados de los fondos de los clientes, aunque ha pedido "alternativamente" al tribunal, en línea con lo demandado por la mayoría de acusaciones particulares, que pueda indemnizarse a los clientes la cantidad de 94,17 millones de euros (15.669.627.462 pesetas), que sería las aportaciones más los últimos rendimientos reconocidos en los ficheros de Gescartera.

Contra ésta petición, se posicionó en contra el abogado Antonio Lobato, representante de la Gestora del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), que ha pagado ya más de 25,48 millones de euros en indemnizaciones a los clientes de Gescartera con un máximo individual de 20.000 euros.

El Fogain, pese a nutrirse de las aportaciones de empresas de servicios de inversión, mantuvo, al igual que hicieron hoy otras acusaciones particulares -incluida la Abogacía del Estado en representación de la Compañía de Tabaco en Rama (Cetarsa)-, que se declare responsables civiles subsidiarios a La Caixa y Caja Madrid Bolsa, una de las aportantes a este fondo constituido en 2001, después de este escándalo financiero.

Las partes consultadas coinciden en indicar que muchas acusaciones particulares y populares (como las de los partidos políticos PP y PSOE) decayeron en su acción por lo largo del proceso, que arrancó en mayo de 2001, y por lo costoso de las minutas de los letrados, respecto a alguna de las indemnizaciones que reclamaban.

Así, por ejemplo, han quedado algunas de las partes que demandan mayor cantidad de dinero como la Mutualidad de la Policía (Mupol), que reclama 9,015 millones de euros y está representada por los abogados Andrés Vilacoba y Luis Mesas; la Fundación Once, que pide 4,08 millones de euros a través del letrado Luis Rodríguez Ramos; la Sociedad Anónima Electrónica Submarina (SAES), con 3,56 millones de euros y el abogado Juan de Justo"; o las Agustinas Misioneras Provincia de San Agustín, con 2,79 millones de euros.

Otras acusaciones, como la del Arzobispado de Valladolid (180.000 euros), llevada por Jesús Gómez Escolar, han desempeñado casi una "labor social" porque han pasado, al igual que la Fundación ONCE, de aparecer ante la opinión pública como "casi responsables" de este escándalo financiero a ocupar su sitio como afectadas por la masiva apropiación indebida.

Entre las acusaciones particulares que más han intervenido en el juicio oral, además de las citadas, se encuentran las representadas por Carmen Rodríguez Alcalde (Gestoría Montalvo, Bodegas Ayuso y Manos Unidas, por un total 687.813 euros), Mercedes Navarro (Velonor SL, 196.762 euros), María Teresa Blanco (Asesores 2000 SL, 788.573 euros) o Andrés García Ayala (Colegio de Topógrafos y Colegio Ingenieros Técnicos de Minas, por un total de 666.023 euros).

Incluso algunas de ellas, como las representadas por el abogado Juan Francisco Llanos Acuña (Casa Ambrosio y los particulares Juan José Aguirre, Juan José Rodríguez y Raúl Aguirre, por un total de 798.000 euros) llegaron a pedir deducir testimonio sobre uno de los testigos, antiguo empleado de la CNMV, en busca indirecta de la responsabilidad civil del Estado.

Además de estas acusaciones particulares, se mantuvieron las acusaciones populares de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) que, a través de la defensa de sus clientes, se mostraron favorables a la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa y Caja Madrid.

Por el momento, existen una veintena de sociedades relacionadas con los propietarios y directivos de Gescartera, como Gescartera Dinero AV SA y Gescartera Gestión SGIIC SA. Gescartera Dinero SGC SA, Bolsa Consulting Madrid, Bolsa Consulting, Breston, Promociones Andolini, Gescartera Pensiones EGFP, BC Fisconsulting y Asesoría y Gestión de Patrimonios SA (AGP) aunque, según fuentes de las acusaciones, es muy remoto encontrar algo de dinero en estas compañías.

Ésta es una relación con los abogados y el montante de sus 88 representaciones de afectados como acusación particular que continúan en el juicio de Gescartera, desde los 122 inversores que demandaban su indemnización al inicio del juicio oral: ABOGADO PETICIÓN RESPONSABILIDAD ----------------- ------------------------ Abogado de Estado 909.518 Alberto Iglesias Luis 687.201 Andrés García Ayala 666.023 Andrés Vilacoba y Luis Mesas 15.702.679,64 Ángeles Valles Rodríguez 270.298 Carmen Rodríguez Alcalde 687.813,18 Concepción Hevella Ordóñez 294.188,52 Emilio Escolar Verdejo 1.321.323,20 Esther Moreno Saiz 18.040,36 Felipe Arrizubieta Balerdi 1.492.614,19 Francisco Rodríguez Carbonell 157.214,13 Javier Arroyo Moreno 388.688,23 Jesús Gómez Escolar 148.055,29 Jesús Sánchez Lambas y Javier Egea 110.471,83 José Pablo Toquero Peña 2.250.000 Juan de Justo Rodríguez 3.567.593,96 Juan Francisco Llanos Acuña 798.000 Juan Ramón Alonso García 183.824,24 Luis Alberto López Martínez 28.833,24 Luis Rodríguez Ramos 4.086.822,31 Marcos García Montes 359.348,56 María Mateos Ferres 92.569,47 María Teresa Blanco Pozo 788.573,62 Mercedes Martín Navarro 196.762,99 Olga Benjumea Palomares 1.850.923,85 ------------------------------------------------- TOTAL 37.057.381 EFECOM ocr-dsp/pam