General Electric dice adiós a su planta de Cartagena sin devolver las subvenciones

Después de veinte año operando, General Electric Plastics (GEP) oficializó la semana pasada la fecha de venta de su planta de Cartagena para dentro de dos meses. Ése fue el objeto de la visita que el número uno de la empresa para España y Portugal, Mario Armero, le hizo al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, aunque no se desveló oficialmente qué otra compañía comprará la factoría de La Aljorra, que tiene alrededor de 500 empleados directos.

También oficialmente, tanto Armero como Valcárcel y Barreiro, ambos del PP, insisten en que no habrá pérdida de puestos de trabajo compre quien compre la factoría de La Aljorra (Cartagena) dedicada a la fabricación de plásticos de última generación. De la misma forma, el PSOE guarda silencio, como primer impulsor, en los años 80, de la llegada de GEP a Cartagena.

Pero en los ambientes empresariales y sindicales de la Región se ha acrecentado el resquemor por el indudable trato de favor recibido por una transnacional que, al final, cuando las leyes del mercado globalizado lo han exigido, abandona el lugar. Todo ello a pesar de las grandes facilidades en forma de subvenciones oficiales que ha obtenido para instalarse y desarrollar su actividad.

"Los puestos de trabajo están garantizados. Esto no es Delphi. Esto forma parte de un ajuste del mercado global entre las transnacionales. Lo único que queda claro es que ni el Gobierno regional ni incluso el nacional tienen capacidad de influencia sobre el asunto: GEP hace lo que estima más conveniente. Y punto", asegura una fuente empresarial que prefiere mantener el anonimato.

Ya en su día los cientos de millones de pesetas de entonces, convertidos después en euros, que fluyeron de las arcas del Estado para facilitar la instalación de GEP en Cartagena causaron cierto resquemor entre algunos sectores empresariales. Ahora, además, diversas fuentes empresariales y sindicales coinciden en que en la operación de venta GEP obtendrá una gran plusvalía sobre un capital de, al menos, 600 millones de euros de subvenciones a fondo perdido.

"Si en vez de tanta subvención para una sola compañía se hubiera diversificado para varias decenas, se podría haber creado un tejido industrial local y permanente", añade la fuente, aunque también se pregunta si en la época de la crisis industrial cartagenera de los ochenta existían esas pequeñas empresas en condiciones de proseguir su actividad.

Donación ‘graciosa’

En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de Murcia, entonces gobernada por el PSOE, comenzó comprando en 1990 por 1.500 millones de las antiguas pesetas una finca que luego donó graciosamente a GEP para su factoría, asunto que ocasionó un gran escándalo que terminó con una trifulca interna entre los socialistas murcianos, asunto que los llevó a la ruina electoral de 1995 de la que aún no han salido.

Desde entonces, GEP ha venido recibiendo una media de seis millones de euros anuales como ayudas de la Comunidad Autónoma. El único diputado de Izquierda Unida en el parlamento regional, Cayetano Jaime Moltó, estima que GEP ha obtenido alrededor de 50 millones de euros de subvenciones del Gobierno regional, ya en manos del PP.

Pero la parte del león en subvenciones para GEP ha provenido de la estatal Ley de Incentivos Regionales, destinadas a favorecer la creación o renovación del tejido industrial en ciudades en crisis a principios de los años 90.

Por ese conducto han llegado a GEP unos 300 millones de euros, que sumados a los 50 anteriormente citados pueden suponer alrededor del 20% de la inversión, según Jaime Moltó. A los que se añaden los 1.500 millones de pesetas de los terrenos donados para la instalación.

Ayudas y exenciones fiscales