El juicio contra Ybarra en el caso de los fondos de Alico comenzará el 2 de noviembre

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 2 de noviembre la fecha de inicio del primer juicio que se celebrará por el "caso BBV", el relativo a los fondos de American Life Insurance Co. (Alico), abiertos con dinero procedente de las cuentas secretas que la entidad tenía en el extranjero, para compensar los perjuicios económicos sufridos por los consejeros procedentes del BBV tras la fusión con Argentaria, informaron fuentes jurídicas.

El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicita en su escrito de acusación un total de 4 años de prisión para el ex copresidente del BBVA Emilio de Ybarra y Churruca por un delito de apropiación indebida por disponer, tanto él como otros cuatro directivos, de 19,7 millones de euros (3.278 millones de pesetas) en "consciente detrimento patrimonial de la entidad".

El fiscal también pide 3 años de cárcel para los ex consejeros Juan Urrutia Elejalde y José María Concejo Alvarez, y 2 años de cárcel para los también ex consejeros Luis Javier Bastida Ibargüen y Rodolfo Esteban Molinuevo Orúe. De la cantidad total, Ybarra se apropió de 3,05 millones de euros (508 millones de pesetas).

El tribunal, que estará presidido por el magistrado Alfonso Guevara, fijó en un principio el inicio del juicio para el pasado 4 de abril, pero la celebración de la vista oral contra las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi se alargó más de lo previsto lo que retrasó el comienzo del juicio del "caso BBV". Finalmente se ha fijado para los próximos días 2, 3, 7, 8, 10 y 11 de noviembre.

Retribuciones inferiores

El fiscal Martínez Madero se remonta, en su relato de hechos, al 19 de octubre de 1999, cuando el consejo de administración del BBV aprobó el proyecto de fusión con Argentaria. Más tarde acordó nombrar a 19 consejeros del BBV y 14 de Argentaria para formar el consejo de administración del BBVA.

La operación, que "acarreaba los correspondientes ajustes de todo tipo", implicaba que el presidente y consejeros procedentes del BBV "iban a percibir unas retribuciones sensiblemente inferiores a las que por todos los conceptos venían cobrando hasta el momento de la fusión con Argentaria, lo que generó disgusto entre los afectados y así se lo hicieron saber en su mayor parte" a Ybarra, entonces presidente del BBV.

El escrito del fiscal indica que en la comisión de retribuciones, creada para informar de los emolumentos de los consejeros, en la comisión delegada permanente y en el consejo de administración, no quedó constancia alguna de la "componenda arbitrada meses atrás por el acusado Ybarra para desviar en su favor -y en el de los consejeros a quienes contra toda norma pretendía beneficiar con su consentimiento- 19.244.187 dólares (3.278 millones de pesetas)" pertenecientes al BBVA.

De esta forma, Emilio de Ybarra, "faltando a la lealtad debida a la nueva compañía", al "resto de consejeros de Argentaria" y al copresidente Francisco González, y "en perjuicio de la entidad administrada", decidió constituir en su favor y en el de otros consejeros "sendos depósitos cuya rentabilidad fue gestionada como fondos de inversión por la firma Alico". Con esta sociedad cada uno de los consejeros procedentes del BBV firmó el correspondiente contrato de gestión de carteras de inversión, según el fiscal.

Del total del dinero desviado, Ybarra "decidió conveniente para sí hacerse con la suma de 508 millones de pesetas (3,05 millones de euros)" y estimó que la cantidad de 205 millones de pesetas (1,2 millones de euros) "sería suficiente" para el consejero Juan Urrutia, quien formaba parte de la comisión de retribuciones.

El escrito de acusación indica que Urrutia, "conocedor de la ilicitud del reintegro", aceptó "recibir y hacer también suyo dicho importe, a sabiendas del menoscabo económico que generaba al banco". "La fórmula elegida -contratación de fondos de inversión frente a la mera transferencia dineraria-, fue establecida tras consultar Ybarra con José María Concejo, secretario no consejero del consejo de administración del BBV hasta el momento de la fusión", añade.

Martínez Madero explica que en el primer trimestre de 2000, Concejo, que se embolsó a su vez 79,2 millones de pesetas (476.214 euros), recibió la indicación de Ybarra de "artícular jurídicamente" dichas compensaciones. El acusado decidió que la reunión del consejo de administración fijada para el 21 de marzo de 2000 era el momento idóneo para que Ybarra, Urrutia y él mismo autorizaran con su firma los contratos con Alico.

Fondos no contabilizados

El fiscal señala que, además de tratar de ocultar la operación a los consejeros de Argentaria, se pretendía que los departamentos de control y auditoría no detectaran estos pagos. Por ello, afirma que "a todas luces resultaba providencial que las citadas cantidades detraídas al banco pudieran serlo respecto de fondos no contabilizados", cuya existencia "era bien conocida" por Ybarra desde que se constituyeron, en 1987.

El representante del Ministerio Público se refiere así a los fondos gestionados fuera de la contabilidad del banco mediante dos estructuras: una en Liechtenstein (Amelan Foundation) y otra en Jersey (Trust 532 y Sharington Company). Ybarra se decantó por ésta última para la constitución de los productos financieros en Alico, indica el fiscal, que añade que tales fondos pertenecían "en cualquier caso" al BBVA.

Ybarra contactó con Luis Javier Bastida, ex director financiero del BBV, que estaba al corriente de estos fondos ajenos a la contabilidad del banco, y con Rodolfo Esteban Molinuevo, ya que ambos estaban autorizados a disponer de fondos en la cuenta abierta de Sharington Company Inc. en el BBVA Privanza Bank (Jersey).

Una vez firmados todos los contratos por los beneficiarios, Bastida y Molinuevo ordenaron el 27 de marzo de 2000 la transferencia de 3.278.016.325 pesetas (19,7 millones de euros), más cuatro millones de pesetas en concepto de comisiones y otros pagos, a la compañía Alico. Por ello, el fiscal afirma que Molinuevo y Bastida, a indicación de Ybarra, dispusieron materialmente de 3.282 millones de pesetas "en consciente detrimento patrimonial de la entidad".

En los últimos días de diciembre de 2000, el copresidente del BBVA Francisco González fue "casualmente informado" de la existencia de pagos indebidos a consejeros procedentes del BBV, por lo que requirió a Ybarra que se encargara del reintegro al banco de las cantidades transferidas. Concejo y Molinuevo cancelaron los fondos en Nueva York en enero de 2001, y la devolución material del dinero al banco se produjo el 9 de febrero de 2001.

Además de los 4 años de cárcel que el fiscal solicita para Ybarra, pide una multa para él de 90.000 euros; de 45.000 euros para Urrutia y Concejo, y de 24.000 euros para Bastida y Molinuevo. En el escrito solicita, además del interrogatorio de los acusados, el de 22 testigos, entre los que se encuentran el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, el presidente del BBVA, Francisco González, así como todos los consejeros a los que el juez Baltasar Garzón levantó la imputación por este caso.