La batalla política por el lobo desquicia a sus defensores

Gran indignación en las organizaciones ecologistas por el respaldo del Congreso a la desprotección del lobo. Tanto por las formas como por el fondo. Tras sacar adelante la iniciativa en el Senado, en un audaz ejercicio de funambulismo parlamentario el Partido Popular aprovechó este jueves la tramitación final de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en el Congreso para introducir una enmienda, ajena al espíritu de la normativa, con la que excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). De esa manea se autoriza de nuevo su caza al norte del Duero, aunque al sur sigue amparado por las leyes comunitarias. Por ahora.

El objetivo de la normativa aprobada definitivamente por las cortes es “reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el campo hasta la mesa del consumidor”. Y el argumento del PP para justificar su enmienda es que los ataques del lobo al ganado generan un enorme desperdicio de carne en el campo, por eso es necesario llevar a cabo su “extracción” (singular eufemismo), para evitar el despilfarro. Además los populares alertan que los cadáveres de sus víctimas generan un problema sanitario que contraviene las actuales normativas al respecto.

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Esta astucia parlamentaria del PP salió adelante gracias al apoyo de Vox, Junts y el PNV y la abstención de ERC, BNG y Bildu. Por cierto fuentes parlamentarias aseguran que la bronca entre PP y Vox fue monumental pues la formación de ultraderecha quería que la enmienda amparase la caza del lobo en todo el territorio nacional sin atender a ningún tipo de restricciones. Algo que podría ocurrir en cuanto la UE culmine el proceso iniciado para cambiar la catalogación de la especie.

Protestas ecologistas

Juan Carlos del Olmo es el secretario general de la organización conservacionista WWF, una de las que viene dedicando mayor atención al estudio y la protección del lobo ibérico. En conversación con El Confidencial muestra su gran preocupación “no solo por el resultado, que desprotege a una especie que según la UE se encuentra en estado de conservación desfavorable, sino por el grave precedente que supone anteponer los intereses políticos a los argumentos estrictamente científicos”.

El lobo ibérico fue incluido en el Lespre no por una decisión política, sino por criterios exclusivamente científicos, en base a los informes de los expertos que estudian a la especie y vienen observando desde hace décadas su evolución. Unos expertos independientes elegidos por las comunidades autónomas. Según sus informes, la población de lobo ibérico sigue enfrentando importantes amenazas, como la pérdida de diversidad genética. Y aunque en la última década el número de manadas ha aumentado un tres por ciento en Galicia, un ocho por ciento en Castilla y León y un trece por ciento en Asturias, a nivel general la estabilidad de la especie es tan solo aparente.

Lo sucedido esta semana en el Congreso demuestra que la exigida observancia a los datos científicos puede ser desatendida por motivos políticos según convenga. Algo que los ecologistas consideran legal, pero del todo ilegítimo. Para el máximo responsable de WWF España “al desproteger al lobo por la puerta de atrás y sin ningún tipo de respaldo científico se ha firmado un capítulo negro para la historia de la conservación de la naturaleza en España”

Desde el punto de vista de esta oenegé, la desprotección del lobo no solo no reducirá los ataques al ganado, sino que va a poner en riesgo uno de los pilares básicos de la coexistencia: la compensación por daños.

Tras el ingreso del lobo en el Lespre y la aprobación de una nueva estrategia para su conservación, los fondos destinados a esta importante partida corrían a cargo del Estado. Estamos hablando de 20 millones de euros anuales. El cómputo global de los daños por ataque de lobo en España no ha alcanzado nunca esa cifra. Todos en el campo saben que eso es así. Con ese superávit lo que se pretendía era calmar los ánimos compensando al alza y admitir, a sabiendas, otros daños como los causados por los perros asilvestrados, mucho más frecuentes.

Sin embargo, con esta medida, además de asumir la gestión de las manadas de manera directa, decidiendo donde se podrá matar lobos y cuantos, los fondos para prevención y compensación de daños previstos por el Ministerio para la Transición Ecológica también deberán ser cubiertos por las comunidades autónomas con cargo a sus presupuestos. Por eso los partidarios de la coexistencia (incluidos muchos ganaderos) consideran que quienes han apoyado esta propuesta deberán dar ahora explicaciones a los afectados.

Un mal negocio para el campo

Otra de las organizaciones sociales que se ha mostrado indignada con la jugada parlamentaria del PP es Ecologistas en Acción. A su parecer "la unión de las derechas y la extrema derecha ha permitido que esa financiación desaparezca y volvamos a la caza y a las matanzas generalizadas de lobos como única respuesta, sin criterio científico y sin que ello favorezca en nada a los ganaderos”.

Según esta ONG "cazar lobos resulta un negocio nefasto para el medio ambiente, pero también para la sociedad y la economía rural". Y es que con la actual estrategia de conservación del lobo ibérico, además de ayudar a los ganaderos a costear las medidas para prevenir los ataques, además de cubrir los daños con unas indemnizaciones justas y ágiles, se intenta favorecer la presencia de una especie que presta unos grandes servicios ecosistémicos al mundo rural. Y es que, lejos de la idea que se promueve desde la derecha en su lucha por el voto rural, el lobo no es el peor enemigo de los ganaderos.

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Muy al contrario, está demostrado que su presencia en el monte regula las poblaciones del resto de animales salvajes con las que podemos entrar en conflicto. Por ejemplo ayuda a reducir los daños a la agricultura debidos al aumento de las poblaciones de ungulados, como corzos y jabalís, y contribuye a evitar que las enfermedades contagiosas pasen de la fauna salvaje a la cabaña ganadera.

Luis Suarez, responsable de políticas de WWF, subraya que la desprotección del lobo no es la solución para los conflictos con la ganadería sino más bien lo contrario: “de ese modo el foco deja de estar en la coexistencia, es decir en las ayudas y el respaldo al ganadero, y todo se basa en el control, es decir en las matanzas, y sabemos por los estudios realizados que eso no solo no reduce los daños sino que los multiplica”. Para este experto, los mayores enemigos del ganadero son otros. Por eso "desde WWF trasladamos al Ministerio y a los gobiernos autonómicos un paquete de medidas para favorecer la ganadería extensiva, una actividad compatible con la conservación de la naturaleza y necesaria para afrontar el reto demográfico, pero no hemos recibido respuesta".

Los grupos ecologistas consideran que se esta utilizando al lobo como herramienta política. Y ponen como ejemplo el apoyo de PNV y Junts a la enmienda del PP para desprotegerlo. Algo que carece de cualquier tipo de justificación, ya que en el País Vasco la especie cuenta con dos pequeñas manadas, compartidas con comunidades vecinas, mientras que en Cataluña no hay ni un solo ejemplar de lobo ibérico (Canis lupus signatus), la especie está catalogada como 'extinta reproductira', y tan solo han aparecido en los últimos años algunos ejemplares divagantes de lobo italiano (Canis lupus italicus). Los intereses no tenían nada que ver con la conservación de la naturaleza y el apoyo a los ganaderos.