Intensifican la vigilancia por la muerte de aves en peligro de extinción

El Principado y la Delegación del Gobierno han intensificado el dispositivo de vigilancia puesto en marcha por la muerte de varios ejemplares de aves en peligro de extinción, después de que en la última semana se hayan localizado los restos de tres quebrantahuesos y dos buitres en la zona suroriental de la comunidad.

Para coordinar actuaciones, hoy se ha celebrado una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno entre los distintos agentes implicados, con el fin de abordar esta problemática de manera conjunta.La comisión técnica ha realizado un seguimiento de la estrategia nacional contra el uso ilegal de cebos envenados en el medio natural.

La muerte de especies catalogadas en peligro de extinción es un delito grave, con multas que llegan a los 200.000 euros y penas de prisión

En la última semana, efectivos de la Guardería del Medio Natural, del Seprona y de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos han localizado muertos varios ejemplares de aves en peligro de extinción, a los que se les están realizando las preceptivas necropsias y análisis para dilucidar las causas de la mortalidad.
Por ahora, en dos de los quebrantahuesos hallados se han detectado sustancias tóxicas. Ante esta situación, se han reforzado los dispositivos de vigilancia en zonas concretas, donde también se han realizado batidas con perros especializados en la detección de veneno.

Además, se ha activado la Red Centinela de Venenos del Principado, en la que también participa personal del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La red se encarga de monitorizar la actividad de ejemplares de aves rapaces y necrófagas, a través de dispositivos GPS, lo que permite analizar su comportamiento y localización con gran precisión.

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Las autoridades recuerdan que la muerte de especies catalogadas en peligro de extinción está tipificada en la legislación como delito grave, con multas que van de los 3.001 a los 200.000 euros, y conlleva penas de prisión.

En la reunión celebrada esta mañana han participado, además de representantes de las dos administraciones implicadas, responsables de la Guardería del Medio Natural, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), del CSIC-Universidad de Oviedo, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, de SEO/Birdlife y de Grefa.