Las 62.000 familias que lo apostaron todo a la solar y el Gobierno traicionó

Noviembre de 2008. En España gobierna Jose Luis Rodríguez Zapatero. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio es Miguel Sebastián. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es una entidad perteneciente al Ministerio que depende directamente de la Secretaría de Estado de Energía. Su principal objetivo es "contribuir a la consecución de los objetivos de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono". Todas las iniciativas que promueve llevan el aval del Estado.

En aquel otoño la Unión Europea, que acaba de fijar el objetivo de reducir las emisiones de carbono un 20% para 2020, presiona al gobierno de España para que agilice la transición energética y cumpla con lo que ordenan las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al fomento de las fuentes renovables. España acata la órden y aprueba el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, sobre la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.

Para alcanzar los compromisos con la UE el IDAE lanza una campaña con la que anima a los ciudadanos a invertir en instalaciones fotovoltaicas. El lema de dicha campaña no puede ser más sugerente: ‘El sol puede ser suyo’. Además del alto rendimiento asegurado, “de hasta el 15%” según el propio organismo oficial, también se apela a la colaboración ciudadana en la lucha contra el cambio climático: “Solarízate”, dice la propaganda del IDAE, “al realizar esta inversión estás contribuyendo al desarrollo sostenible de tu comunidad, pues cada kilovatio generado con energía solar fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente un kilogramo de CO2”.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Cuidado, no vayamos a convertir el campo en un polígono de renovables

Jose Luis Gallego

Todo era perfecto: la "rentabilidad razonable" prometida por el gobierno, la garantía oficial certificada por el BOE, y el hecho de estar llevando a cabo una inversión ética por cuanto atendía una alarma creciente en la sociedad. Muchos vieron la oportunidad de retener a sus hijos en el pueblo cambiando de negocio. Otros creyeron ver en aquella inversión una garantía para su jubilación. Las familias acudieron al banco y los préstamos, de hasta el 80% de la inversión, fluyeron en toda España. Resultado: en tan solo cuatro años se incorporaron al mercado eléctrico 62.000 nuevos microoperadores fotovoltaicos, en su gran mayoría pequeños inversores del mundo rural.

Pero las cosas empezaron a torcerse cuando el Gobierno, acuciado por las grandes eléctricas que vieron peligrar su monopolio, procedió a revisar la rentabilidad de los proyectos fotovoltaicos y decidió reducir las primas a la mitad de lo prometido en el BOE. Aludiendo al creciente déficit de tarifa el gobierno cambió las reglas del juego a mitad de partida. Una crisis que, con la llegada del PP al Gobierno y el famoso ‘hachazo a las renovables’ del ministro José Manuel Soria, adquirió tintes de tragedia. En 2013 se produjo un aumento de los recortes con carácter retroactivo y los pequeños inversores fotovoltaicos se sintieron estafados por el Estado.

Crónica de una traición

Todo lo que el Gobierno de España les había prometido mediante Real Decreto pasó a ser papel mojado. Las instalaciones fotovoltaicas dejaron de ser rentables. El retorno de la inversión se esfumó de la noche a la mañana y las 62.000 familias a las que el Estado les había prometido el sol acabaron en realidad abrasadas por las deudas. Y, mientras tanto, los grandes inversores y las grandes compañías eléctricas se dispusieron a entrar en el negocio como elefante en cacharrería: con grandes megaproyectos de gran impacto ambiental, sin promover una transición energética justa ni generar ningún tipo de retorno social. De hecho, buena parte de las familias afectadas acabaron entregando las instalaciones a los fondos buitre a cambio de la deuda.

Miguel Ángel Martínez-Aroca es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ANPIER, que agrupa a buena parte de los afectados. La pasada semana, al inaugurar la asamblea anual de la organización, no dudó en denunciar que “la transición ecológica no está siendo ni social ni justa”, ya que “a las 62.000 familias fotovoltaicas que impulsaron dicha transición, lejos de reconocerles su trascendental labor, han sufrido recortes abusivos, con carácter retroactivo y mediante un estrafalario sistema retributivo cuyas deficiencias no se subsanan”.

En conversación con Planeta A deja claro que los pioneros fotovoltaicos no son unos especuladores que decidieron llevar a cabo una inversión de alto riesgo y les salió mal, sino todo lo contrario. "Al pequeño inversor que decidió apostar por la solar se les prometió un negocio rentable basado en el desarrollo de las energías límpias, con un retorno social y medioambiental aplaudido por el propio gobierno, y en un entorno de seguridad jurídica que acabó por animar a muchas familias humildes”.

“Estamos hablando de jubilados que destinaron sus ahorros a la inversión propuesta por el IDAE poniendo su casa como garantía. O de agricultores con pensiones muy ajustadas que, llevados por la cultura cooperativa que existe en los entornos rurales, decidieron organizarse colectivamente, sumar ilusiones y secundar juntos la propuesta que les hacía el Estado”. Sin embargo, muchos de ellos acabarían perdiendo sus granjas y sus tierras sin que el gobierno diera respuesta a sus peticiones de justicia. Pero eso no es todo.

Lluvia de laudos

Tal y como informábamos recientemente en El Confidencial, mientras los pequeños inversores de ANPIER siguen sin ver atendidas sus demandas de alcanzar un acuerdo compensatorio, un ajuste perfectamente asumible por el Gobierno, el Reino de España acaba de realizar el primer pago por los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables: un total de 32 millones de euros que han ido a parar al fondo Blasket Renewable Investments, uno de los más de medio centenar de demandantes extranjeros que aguardan turno de cobro.

Una situación que, según el presidente de la entidad española, era de esperar, pues “este fondo, como el resto de los que decidieron invertir en nuestro país, un país desarrollado y del primer mundo dotado de un marco legal que garantizaba una incuestionable seguridad jurídica. Lo que jamás se pudieron imaginar es que dicho marco sería alterado de manera drástica y retroactiva”.

Efectivamente, al ser país firmante del Tratado de la Energía, algo que España decidió hacer para garantizarse las inversiones en países de dudosa seguridad jurídica, el laudo reconoce el atropello sufrido y obliga a España a compensar al inversor por el engaño sufrido. Y esto es solo el inicio de la cascada de pagos a fondos extranjeros que se avecina: las reclamaciones podrían superar los 10.000 millones de euros.

En su opinión, lo más triste es que, mientras el arbitraje internacional va a ir obligando al gobierno español a indemnizar uno tras otro a los inversores extranjeros que sufrieron el mismo recorte, “las familias españolas no pueden beneficiarse de la misma justicia, puesto que su recorrido legal se agota en el Tribunal Supremo, que en su momento desestimó nuestra reclamación avalando los cambios retroactivos soportados por las familias”.

TE PUEDE INTERESAR

Iberdrola se hace con el mayor proyecto fotovoltaico de Europa en Extremadura

Juan Cruz Peña

“Si alguna de las 62.000 familias fotovoltaicas hubiera atisbado el más mínimo riesgo para sus ahorros, evidentemente jamás hubiera invertido en renovables. El Estado estableció un marco inversor seguro para madurar la tecnología fotovoltaica que no dejaba entrever ninguna posible variación”. Para la organización, en la campaña que lanzó el Ministerio todo estaba claro y detallado y no dejaba rastro alguno de publicidad engañosa. “De haber existido algún tipo de letra pequeña, informando de eventuales riesgos, otro hubiera sido el devenir de los acontecimientos, pues no habría entrado ninguna familia”.

Ante los últimos acontecimientos, desde ANPIER solo aspiran a recibir el mismo trato que los inversores extranjeros a los que se les está indemnizando. “Lo que pedimos es algo muy sencillo: equidad, que una familia española que atendió a lo que le propuso el Estado no tenga peor trato que un fondo de inversión extranjero por parte de ese mismo Estado”. Por lo que transmiten a este diario en ello están y en ello van a seguir, sea quien sea el inquilino de la Moncloa.