Denuncian a la Junta de Castilla y León por irregularidades en las centrales de carbón

Las viejas centrales térmicas de carbón de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla, todas en Castilla y León y actualmente en fase de desmantelamiento, no presentaron en 2014 los obligatorios informes de impacto ambiental, ni la Junta de Castilla y León se lo exigió para actualizarles los permisos de actividad. Así lo denuncia el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDDMA), recordando que la Directiva Europea sobre Emisiones Industriales obliga a los titulares de instalaciones que trabajan con sustancias peligrosas a elaborar dicho documento. Sin él no es posible evaluar ahora los daños ambientales causados por ellas.

Sin dichos informes es muy difícil calcular el impacto ambiental causado por las centrales durante su período de vida útil

Anllares (Páramo del Sil), de Naturgy, cerró en 2018 y las otras tres (Endesa, Naturgy e Iberdrola, respectivamente) en 2020, pero los abogados ambientales del IDDMA sostienen que ninguna de las cuatro aportó dicho informe en 2014 y que en consecuencia es imposible calcular el grado de afectación ambiental provocado en el entorno desde entonces.

Los letrados denunciaron en 2020 la situación ante la Comisión Europea (CE), acusando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León de actualizar sus permisos de explotación sin exigir los informes obligatorios. Como consecuencia, ahora que la actividad de las centrales de carbón ha terminado, no se ha podido determinar si ha habido riesgo para la salud humana o para el medio ambiente, por lo que tampoco ha sido posible exigir a los operadores medidas reparadoras.

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Además, el IDDMA se queja de que casi dos años después (1 año y 11 meses para ser exactos) la CE no haya contestado a su requerimiento, ni haya abierto un procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulnerar la legislación europea sobre medio ambiente y cambio climático.

Debido a ello la semana pasada presentaron recurso ante el Defensor del Pueblo Europeo, al considerar que la CE ha vulnerado los principios de buena administración que reconoce la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y que figuran en el Código Europeo de la Buena Conducta Administrativa. Por su parte la administración comunitaria no se ha pronunciado al respecto en el plazo límite de un año: ni para investigar la denuncia ni para contestar al denunciante.

Para la directora del IDDMA, Ana Barreira, la eliminación del carbón no puede trasladar el problema a otro sector del medio ambiente. “Es esencial que no se produzcan impactos ambientales adversos en el proceso de descarbonización. Por eso es fundamental garantizar que el cierre y el desmantelamiento de las centrales de carbón en Europa no impliquen la contaminación del suelo ni de las aguas subterráneas donde han operado durante décadas”, valora.

Pese a todo, hay que calcular los daños

En su opinión, aunque las cuatro centrales están en fase de desmantelamiento, deben llevarse a cabo las investigaciones necesarias para que, incluso faltando estos informes, se puedan valorar los daños causados en el entorno para exigir su restauración. “La Comisión Europea no debería esperar más para tomar medidas contra Castilla y León”, añade Alba Iranzo, abogada ambiental del IIDMA, que explica a Planeta A que durante los últimos años ha reclamado información a las distintas Consejerías de las comunidades autónomas con centrales de carbón, para saber así si habían cumplido o no con esta obligación legal. Y las únicas que no han cumplido con su deber de informar sobre los daños potenciales por las “sustancias peligrosas relevantes” que empleaban, son las de Castilla y León.

Iranzo expone que esos informes, que debían haber estado listos como tarde en enero de 2014, eran necesarios no solo para obtener la evaluación ambiental pertinente sino para evaluar el estado ambiental tras el cese definitivo de las centrales y determinar si hubo un incremento significativo de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

Con su ausencia, es más difícil obligar a los titulares –Iberdrola, Endesa y Naturgy en este caso—a tomar las medidas para restaurar los terrenos, tal y como exige la Directiva Europea de Emisiones Industriales. “En todo caso, la Administración de Castilla y León debe asegurarse de que estas medidas se adopten”, precisa la abogada..

Consultados por Planeta A, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León nos indican que estas cuatro centrales sí hicieron sus estudios pertinentes en 2014 y que los actualizaron al iniciar la fase de desmantelamiento. Además, afirman que dichos informes se habrían tenido en cuenta en el procedimiento de cierre y niegan que la administración autonómica otorgue licencias ambientales sin los preceptivos informes. De este modo, atribuyen la denuncia del IIDMA bien a una falta de información, o bien a una mala interpretación de ésta por parte de los abogados.

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Incumplir con estas obligaciones en el cierre de las instalaciones industriales puede conllevar multas de 20.000 a 200.000 euros, según la normativa de prevención y control integrados de la contaminación. A ello se sumaría las potenciales sanciones que, llegado el caso –de abrirse un procedimiento y prosperar—podría imponer el Tribunal de Justicia de la UE al Reino de España.

Ahora el Defensor del Pueblo tendrá que evaluar si la Comisión Europea ha cometido alguna negligencia al no haber adoptado una decisión casi dos años después o al no haber informado al IDDMA durante todo este tiempo sobre el estado de tramitación de su queja. Si así lo determina, el Defensor puede iniciar una investigación por su parte y exigir que la CE solucione la cuestión.