El ecocidio podría acelerar el fin de la época de los combustibles fósiles

En la actualidad nuestra sociedad global se rige por la existencia y el reconocimiento de cuatro crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, tortura y crímenes contra la humanidad. Todos han sido ratificados, aprobados e incorporados al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). En la emergencia climática actual, con el verano más caluroso de la historia en diversas partes del mundo y las evidencias estremecedoras del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), faltaría incorporar, por su vital relevancia, uno más: el ecocidio. Un auténtico delito contra la humanidad y el futuro de las próximas generaciones.

Eso es lo que pretende la plataforma Stop Ecocidio. Compuesta por un excelso panel internacional de 12 reconocidos juristas, impulsada por un movimiento asociado de la sociedad civil, han acuñado y definido este nuevo término cómo “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”. Esta es parte de la definición aprobada por consenso el pasado junio.

“Se entenderá por ‘grave’ el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del medioambiente"

El objetivo de esta nueva definición jurídica es claro y conciso: generar una entidad jurídica propia e incorporarla tanto al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) como a los marcos jurídicos nacionales. El objetivo es preciso: que los causantes de destrucción ecológica rindan cuentas en los tribunales y, por lo tanto, puedan ser demandados, convocados y judicializados. Los Estados votarán su aprobación e incorporación en la próxima reunión.

Pasividad histórica ante los ecocidios

Y es que los precedentes históricos, muchos de ellos impunes o con daños sufragados por las arcas públicas, son muy numerosos. Por desgracia, la reciente polémica sobre la muerte antropogénica del Mar Menor en Murcia, por sobre eutrofización de fertilizantes agrícolas, es el último de una larga lista de ecocidios, mientras se juega al ping-pong con las responsabilidades, las acusaciones, las competencias y las soluciones.

Lo peor es que existe un inabarcable número de atrocidades medioambientales que podrían ser consideradas como ecocidio y el mundo parece impasible ante ellas. Entre estos casos, estarían amparados en el concepto antes mencionado: la expansión incontrolada del aceite de palma y la deforestación de los bosques tropicales, el movimiento de tierras de minería a cielo abierto, la proliferación de transgénicos en la agricultura y la ganadería, el ataque a la soberanía alimentaria o todos los acontecimientos de fuga de hidrocarburos e, incluso, el 'fracking'.

Opinión

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El propósito es universalizar una legislación que ampare la protección al medio ambiente, ya que, actualmente, existe una disparidad en los códigos penales de cada país, porque unos tienen una regulación medio ambiental estricta, otros más laxa y en algunos ni existe. Un ejemplo histórico sucedió en mayo cuando la Justicia de Países Bajos sentenció como culpable, por primera vez en la historia, a una compañía energética e histórica petrolera como Shell de ser responsable del cambio climático. La sentencia obligó a Shell a reducir sus emisiones de CO₂ en un 45% neto para finales de 2030.

¿Qué supondría para los combustibles fósiles?

Sin embargo, pese a la ya iniciada transición hacia las energías verdes, el petróleo supuso en 2020 el 31,2% del mix de energía primaria consumida, seguido del carbón, con un 27,2%, y del gas natural con el 24,7%. Siguen siendo el auténtico centro de bombeo energético del sistema económico a la espera de que la electricidad 100% renovable se extienda por los diferentes países.

Pues bien, de reconocerse el ecocidio, muchas de las metodologías extractivas y de los vertidos de hidrocarburos podrían judicializarse, procesarse y llegar a sentenciar a las petroleras en grandes litigios internacionales que les generarían pérdidas millonarias si no migran su negocio hacia la sostenibilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los daños causados por empresas multinacionales en ecosistemas transfronterizos son complejos de determinar y de fijar ante que marco jurídico deben responder.

Y es que los métodos de extracción terrestres o marinos son altamente agresivos con el medio, además de contar con las fugas que se pueden producir en el transporte con grandes buques o en los oleo/gaseoductos (desde mareas negras hasta los “invisibles” escapes de metano). La última evidencia de esta peligrosidad fue en julio de este año cuando una fuga de gas submarina en la plataforma petrolera y marina de PEMEX (Petróleos Mexicanos), literalmente, provocó que el mar ardiera en llamas.

Prohibido en numerosos países por su elevado impacto ambiental el fracking sería el gran perjudicado. Y es que su metodología de funcionamiento permite acceder a los yacimientos fracturando las rocas del subsuelo. Perforando con maquinaria pesada la corteza terrestre a una profundidad que puede superar los 3.000 metros, se inyecta agua a presión que está mezclada con material apuntalante y productos químicos como ácidos y desinfectantes.

Las multinacionales ante los tribunales

El texto de la definición también incluye que “se entenderá por ‘grave’ el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del medio ambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o los recursos naturales, culturales o económicos”.

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No es solo su acción directa sobre el territorio, sino también su contribución global al aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son las causantes del aumento de la incidencia de los fenómenos meteorológicos extremos del cambio climático.

El caso de Shell se podría replicar en numerosos países si se reconociese el ecocidio como el quinto crimen internacional. Los gigantes energéticos, desde las compañías propiedad de los inversores, como Chevron, Exxon, BP y Shell, hasta empresas estatales como Saudi Aramco y Gazprom, tendrían que enfrentarse a un enemigo que permitiría acelerar la descarbonización de la economía y proteger, ahora sí, el medio ambiente.