La inclusión social es la mejor opción para eludir las moratorias de renovables

Estamos viviendo un fenómeno atípico que ha hecho saltar las alarmas en todos los sectores de la sostenibilidad. Incluso con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluida en el ordenamiento jurídico español, hay diversos movimientos y estrategias políticas de oposición a las energías renovables. Era casi inimaginable que, en un momento de emergencia climática, se lancen tales propuestas políticas, pues es de sobra conocido que, si queremos mover el planeta sin gas, petróleo o carbón, las renovables son la única opción.

En mayo, un preacuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya, entre Junts y Esquerra Republicana, puso en jaque a las renovables, siendo una comunidad autónoma que ha perdido prácticamente una década respecto a las demás, a pesar de haber reactivado la implantación de renovables con el Decreto Ley 16/2019. El punto de controversia era que “la ponencia de energías renovables no dará viabilidad a ningún proyecto de alto impacto territorial”, pero no se define el alto impacto. Y no es la única comunidad autónoma o provincia que está actuando así.

Se hace necesario que los territorios participen en la tramitación de las iniciativas y evitar así el rechazo social

A inicios de junio, en la provincia de Burgos, la Secretaría General del PSOE mostró su preocupación por la falta de planificación rigurosa y vinculante para la implantación de 24 nuevos parques eólicos. Por esta razón, presentaron una proposición no de ley en las Cortes para solicitar una moratoria de tres meses para la tramitación de todos los proyectos de energías renovables que estén en marcha.

Opinión

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Son varios los ejemplos, por no mencionar alguno más, que tienen una derivada clara y común: la ausencia de aceptación social y de una ordenación de las instalaciones de renovables.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), trazado por la vicepresidenta Teresa Ribera y su Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico y aprobado por la Comisión Europea, es claro en los objetivos que alcanzar para 2030. Debemos tener instalados para entonces en nuestro territorio 50.333 MW de eólica, 39.181 MW de solar fotovoltaica, 14.609 de hidráulica y 7.303 MW de solar termoeléctrica.

A finales de 2020, le unieron, de forma paralela, una herramienta de zonificación ambiental para energías renovables que sugiere los emplazamientos óptimos, pero la rentabilidad y el beneficio económico prevalecen sobre las recomendaciones sin carácter vinculante.

Lejos de los objetivos

A día de hoy, los datos de Red Eléctrica son bien diferentes. El sistema eléctrico español dispone de 27.574 MW de eólica, 11.736 MW de solar fotovoltaica, 17.093 MW de hidráulica y 2.304 MW de solar termoeléctrica. Por tanto, la eólica debe incrementarse en un 83%, la fotovoltaica, que se lleva la palma, un 234%, la hidráulica necesita disminuir un 15% y la termoeléctrica crecer un 217%. Un esfuerzo que requiere de políticas certeras que generen estabilidad y seguridad para atraer la inversión económica necesaria.

Estamos hablando, por dar un ejemplo, de que el mayor parque fotovoltaico de España que se encuentra en servicio desde 2020 es el de la Mula, en Murcia, con una potencia de 500 MW. Ocupa una extensión de 1.000 hectáreas, lo que le hace ser, además, la mayor de toda Europa. Todo un récord, pero la ocupación de estas grandes extensiones de terreno no suele ser bien recibida en los municipios y localidades cercanas.

Todos los expertos están de acuerdo en que solo con autoconsumo o comunidades energéticas es imposible cubrir la demanda energética futura. Las grandes plantas fotovoltaicas y los parques eólicos son necesarios, pero hay que evaluarlos, ordenarlos y planificarlos bien. Eso es lo que proponen y reclaman la mayoría de los grupos ecologistas en España, unido a la inclusión y participación social.

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Así lo propone Greenpeace, apelando a la responsabilidad de gobiernos, promotores y ciudadanía para generar un impacto positivo en el territorio y con la mayor participación de la sociedad. Entre los numerosos criterios que fijan para el despliegue de las renovables, apelan a crear espacios de diálogo y participación entre los implicados, junto con planificaciones energéticas autonómicas o locales coordinadas con el PNIEC, priorizando emplazamientos en suelos degradados y la creación de evaluaciones ambientales sinérgicas y no individuales.

Una propuesta coincidente en muchos puntos con la de la Fundación Renovables, contenidos en su informe 'Territorio y renovables. El desarrollo de las grandes plantas bajo criterios de inclusión social', sobre todo respecto a la repercusión social del cambio de modelo energético. El 'think tank' energético insta, entre otras medidas, a la creación de una zonificación socioeconómica vinculante, objetivos sectorizados de autoconsumo y comunidades energéticas (unido a su priorización en el acceso a los nudos de las redes de transporte y distribución de electricidad) y a beneficiar al mayor número de propietarios de terrenos posible, estableciendo una metodología de concentraciones parcelarias.

Ecologistas en Acción también señaló el riesgo de este rechazo social por la desgobernanza en la planificación territorial, elaborando un manifiesto en el que profundizaba la necesidad de que la zonificación ambiental, aun existiendo deficiencias en el mapeo del MITECO, sea vinculante. Además de potenciar las actividades comunitarias de generación de energía de pequeño y mediano tamaño, urgían con acabar con el fraccionamiento de proyectos de grandes plantas (menores a los 50 MW) para evitar la tramitación nacional y la evaluación de impactos sinérgicos.

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SEO BirdLife también ha dado la señal de alarma con el decálogo 'Renovables responsables', en el que reclaman la necesaria transparencia de cara a la sociedad, de manera que conozcan y participen en la tramitación de las iniciativas y evitar el rechazo social.

Asimismo, indican la necesidad de avanzar hacia una ruralidad resiliente, haciendo que la transición energética modifique los paisajes económicos e industriales, gracias a la gestión de espacios diversos y descentralizados que permita frenar el éxodo rural. Con base en las propuestas, la mejor manera de afrontar el problema es vincular las energías renovables a las personas.