Empresas y ecologistas coinciden: hay que fiscalizar las promesas verdes

Organizaciones empresariales y ecologistas coinciden en que hay que fiscalizar las promesas verdes para evitar brindis al sol y que se agrave la crisis climática, pero mientras unos piden flexibilidad a la hora de fijar estándares otros reclaman normas estrictas, obligatorias y basadas en criterios científicos.

Dado que las emisiones no dejan de crecer, pese a que cada vez hay más promesas de reducirlas o compensarlas por parte de empresas, ciudades o regiones, la ONU ha creado un grupo de expertos que fijará criterios para verificarlas, entre los que se encuentra Helena Viñes, consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo, según la propia ONU, impedir el conocido como "greenwashing" o "lavado de cara verde". "No se trata de fiscalizar ni regular los compromisos de las empresas, sino de racionalizar las aportaciones del sector privado al proceso de consecución de los objetivos del Acuerdo de París", han dicho desde la CEOE.

"Los criterios deberían ser los más estrictos posibles y estar basados en la ciencia y no en cuestiones políticas"

La aportación del sector privado es imprescindible para lograr que las temperaturas no suban y cada país y muchas empresas han puesto sobre la mesa su contribución al Acuerdo de París. "Ahora hay que casar esas aportaciones para poder determinar el escenario global y el progreso hacia el cumplimiento de objetivos", según la misma fuente, que ha señalado que actualmente la acción climática privada supera a la de los gobiernos y hace falta un sistema que aumente la transparencia y la comparabilidad.

Para el portavoz de Greenpeace, Miguel Soto, el control no debe limitarse solo a las emisiones, pues se está haciendo un "uso y abuso" de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y si ahora las promesas no son comprobables ni comparables es porque no están estandarizadas y cada uno mide a su manera.

Esto no solo incrementa el riesgo de "greenwashing", sino que también impide distinguir a los que realmente están haciendo un esfuerzo, ha advertido. "Se acabó la voluntariedad, tenemos que caminar hacia marcos normativos de obligado cumplimiento que eviten la violación de derechos humanos o la afección de empresas al medio ambiente y que sean extraterritoriales para que las compañías globales rindan cuentas por todo lo que hacen y no puedan hacer trampas", según Soto. De nada sirve, por ejemplo, que un banco plante árboles en España y que, en paralelo, financie actividades responsables de la deforestación del Amazonas, ha añadido.

Para verificar que se cumplen los objetivos marcados por la ONU, los controles deben tener una base científica y ser diseñados por "gente independiente de los grandes lobbies de la industria". "Los criterios deberían ser los más estrictos posibles y estar basados en la ciencia y no en cuestiones políticas. Las herramientas de fiscalización también son importantes porque estamos comprobando que confiar en la mesura de las propias compañías e instituciones no está funcionando", han señalado desde Ecologistas en Acción. Entre esas herramientas estarían los observatorios de la publicidad o auditorías ambientales obligatorias.

Las empresas y organismos públicos se adhieren a compromisos, en muchos casos vacíos de contenido, que no suponen transformaciones significativas de su "modus operandi", por eso es necesaria una regulación estricta, según la organización ecologista, que defiende que la vigilancia dependa del Estado o de entidades independientes.

Mecanismos de control

El secretario general del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), Juan Carlos Villanueva, ha explicado que ya existen "mecanismos de control", pero que éstos no son suficientes porque parten de instituciones privadas cuando deberían partir de organismos públicos y oficiales. "Se están haciendo muchos anuncios y compromisos que pueden ser simples brindis al sol. Es necesario fiscalizar, no hay duda, lo que plantea dudas es cómo y quién debe hacerlo. En algunos casos tendrán que ser los bancos centrales, en otros los organismos supervisores sectoriales y en otros el propio mercado", ha señalado.

En su opinión, son necesarios desarrollos de carácter gubernamental o público que delimiten qué actividades pueden ser consideraras como "verdes" (como la taxonomía de la UE) y que permitan vigilar el cumplimiento de las promesas. La fiscalización debe ser gradual y tener en cuenta que muchos de los compromisos no se están pudiendo cumplir por falta de tecnología, según Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética, organización para el impulso a la sostenibilidad que agrupa a más de 200 empresas.

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"La transición a cero emisiones netas es, probablemente, el mayor reto económico, industrial y tecnológico de la historia. La mayor parte de las tecnologías están en una fase experimental o ni siquiera han sido inventadas", según Silos, que ha reconocido que eso se presta a incurrir en "greenwashing", pues comprometerse ahora y posponer los resultados en el futuro cuesta "relativamente poco".

También se corre el peligro de adoptar una postura regulatoria "puritana" que desincentivaría el "compromiso honesto de un buen número de compañías que quieren realizar esa transición", ha añadido. La incertidumbre regulatoria, la falta de incentivos estables o las dudas sobre qué tecnologías serán viables pueden "paralizar la agenda corporativa", una situación que se verá agravada si se suma el riesgo de ser fiscalizados por no llegar a los objetivos propuestos. Por ello, todo criterio debería ser progresivo y revisado en función del grado de avance de la tecnología, ha defendido.