Solo 3 de las Comunidades Autónomas tienen una Ley de Cambio Climático propia

A escasos días de la celebración de la Cumbre del Clima COP26, la radiografía climática de las autonomías arroja resultados dispares: aunque todas mejoran en estrategia y adaptación ambiental, solo tres -Andalucía, Cataluña y Baleares- cuentan con una ley propia de cambio climático.

Para afrontar este reto alineando las políticas autonómicas de cambio climático con las europeas (Pacto verde Europeo) y estatales, comunidades, como por ejemplo el País Vasco, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, La Rioja y las Islas Canarias, están tramitando o a punto de iniciar la ley climática con el firme interés de aprobarla a la mayor brevedad.

"En el País Vasco persiguen que la industria consuma materias recicladas para reducir los vertederos y fomentar la reutilización"

En el camino hacia una España más verde, la hoja de ruta climática de las 17 autonomías pondera las ambiciosas estrategias de acción, adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como los planes de economía circular con el objetivo de aplicar las 5R: Reducir el consumo, Reutilizar, Reparar, Recuperar y Reciclar.

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Por ejemplo, Andalucía está ya en trámites de una ley de Economía Circular y en el País Vasco persiguen que la industria consuma materias primas recicladas para reducir al mínimo vertederos y fomentar la reutilización; por su parte, Cantabria contempla la actualización de la Estrategia de Acción y la elaboración de la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía.

En Navarra se ha apostado por un proyecto de electricidad sostenible solar, en La Rioja se trabaja ya con planes de economía circular a punto de iniciar la participación pública, y en Castilla y León, buscan la cultura de residuo 0. En Castilla-La Mancha ya se ha promovido la Ley de Economía Circular y la Ley de Impacto Ambiental, además de su compromiso por una recuperación económica sostenible.

Como parte del avance de las comunidades para combatir el cambio climático, cabe resaltar la inclusión del término "emergencia climática" en la norma autonómica, y en este sentido, una gran mayoría de ellas -Andalucía, Región de Murcia, Cantabria, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, entre otras,- ya lo han adaptado. Otro aspecto a destacar son las amenazas climáticas que sobrevuelan todas las comunidades y en las que prácticamente coinciden, como son la subida del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, sequías, incremento olas de calor y frío, DANAS, desertización, grandes incendios forestales o disminución de nieve.

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De entre las numerosas premisas ambientales que prevén abordar la próxima década, la reducción de emisiones de gases contaminantes es prioridad en los planes de todas, aunque ninguna deja atrás otras propuestas de gran calado ambiental como el uso del coche eléctrico, despliegue de las renovables, sostenibilidad urbana, transporte público, justicia climática, eficiencia energética etc.

Reducción de emisiones contaminantes

La Región de Murcia pretende reducir las emisiones de los sectores difusos en un 26% en 2030 con respecto a 2005, mientras que en la Comunidad Valenciana las expectativas están enfocadas a la futura aprobación de la ley climática para reducir un 40 % el consumo de fósiles en 2030 y lograr así la neutralidad climática en 2050. En el País Vasco, el objetivo a corto plazo es reducir en un 30 % la emisión de gases contaminantes; en Asturias se ha creado el registro de huella de carbono para la reducción, absorción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero del Principado.

Por su parte, Galicia ha impulsado el Pacto de las Alcaldías por el Clima, un marco de gobernanza con las administraciones locales en cambio climático para reducir un 40,3% sus emisiones de aquí a 2030, así como para disminuir en un 17,5% el consumo de energía. Andalucía ha aprobado el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), donde destaca la reducción de emisiones del 41% en 2030 a nivel general, lo que supone elevar las previsiones marcadas por la ley andaluza (18 %) y por el Plan Nacional de Energía y Clima (39%).

Extremadura tiene su propio Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030, entre cuyos objetivos figura la reducción de un 10 % de los gases contaminantes y de un aumento de un 9,8% de la capacidad de absorción de emisiones de GEI de los sumideros. La Comunidad de Madrid ha diseñado su hoja de ruta hacia una región neutra en carbono dentro del Plan para la Descarbonización y cuidado del Medio Ambiente e incidirá en dos sectores claves -el transporte y residencial- que concentran el 77% del consumo energético y el 84 % de las emisiones de gases.

En las Islas Baleares, que cuentan con una ley climática y otra de residuos, se fijó la prohibición de circular nuevos vehículos diésel desde 2025 y de gasolina en 2035, medidas, que hasta el momento se mantienen; en Cataluña la Generalitat está limitando los combustibles fósiles con impuestos de emisiones de CO₂ a turismos y motocicletas.

Despliegue de las energías renovables

Las renovables juegan a día de hoy un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático y más aún de cara al futuro, motivo por el cual las autonomías fomentan su implantación, como es el caso de Extremadura, que genera el 24 % de toda la energía fotovoltaica en el país, algo más de 3.200 MegaVatios y que se prevé incrementar para 2030.

Desde el Gobierno Vasco se impulsarán todas las modalidades de energía renovables, la electrificación del transporte y la creación del Corredor Vasco del Hidrógeno; Cataluña ultima un decreto para regular el sector.

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La Rioja tramitará próximamente la Agencia Riojana de Transición Energética y en la Comunidad Valenciana se ha apostado por el desarrollo de una red de autoconsumo colectivo municipal; Aragón ha hecho una fuerte apuesta por las renovables donde la solar y la eólica constituyeron en 2020 el 35,2 % de toda la energía consumida. Andalucía gestiona en la actualidad más de 1.000 proyectos de energías renovables, principalmente fotovoltaica.

Baleares construye una planta de hidrógeno verde en la isla de Mallorca, en Galicia se dan ayudas a las renovables y en las Canarias se promueve un modelo sostenible basado en la eficiencia y las renovables, para descarbonizar la economía en 2040.