Los científicos urgen a los políticos a aprender de la dana y prepararnos para la siguiente

"Evidencias científicas sobre cambio climático y territorio en el mediterráneo ibérico. Efectos, estrategias y políticas públicas. Principales recomendaciones". Con este largo título, los profesores de la Universitat de Valencia (UV) Juan Romero, Catedrático emérito de Geografía Humana, y Ana Camarasa, Catedrática de Geografía Física, han remitido a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos un elaborado informe en el que llaman a los políticos a actuar ante los "profundos efectos del cambio climático" sobre la salud, el acceso al agua potable, la alimentación y la vida de las personas más vulnerables, así como sobre la economía, el empleo, los recursos no renovables, las ciudades, territorios y ecosistemas.

Las recomendaciones fueron analizadas y consensuadas por más de setenta expertos de las principales universidades y centros de investigación de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia y Andalucía, en la primera Conferencia sobre cambio climático y territorio en el Mediterráneo Ibérico organizada por la UV a finales de enero. En ellas se recoge la experiencia acumulada durante décadas de investigación por especialistas pertenecientes a disciplinas muy diversas, y tienen por principal fin reducir la distancia existente entre las evidencias científicas y las agendas políticas para promover una gobernanza responsable.

Unas evidencias cada vez mayores y de carácter incuestionable, como la que señala al Mediterráneo, por su condición de entorno de transición entre dominios húmedos y secos, como una de las áreas que se van a ver más afectadas por el cambio climático en todo el planeta. Según todos los informes, los procesos se intensificarán provocando impactos cada vez más graves en toda la región mediterránea: tanto en los países ribereños del sur de Europa (entre ellos España) como en los del norte de África; tanto en el sector occidental como en el oriental.

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En el caso de nuestro país, donde acabamos de vivir una de las mayores catástrofes climáticas de la historia, las proyecciones a futuro no son nada tranquilizadoras pues, lejos de señalar una amortiguación del problema, anuncian una mayor frecuencia e intensidad de los episodios atmosféricos extremos, con el consecuente incremento del factor de riesgo que ello implica para la población.

Un riesgo que los expertos no dudan en calificar de “existencial” en sentido literal del término, puesto que supone una amenaza directa a la vida y la seguridad de las personas, pues, como recoge el documento, hemos llegado a un “punto de no retorno” en el que las señales de alarma han dado paso a los hechos consumados. En este nuevo escenario se hace necesario adoptar medidas decisivas para evitar nuevos y mayores peligros: algunos de dimensión catastrófica, con costes sociales, económicos y territoriales muy elevados.

Se acabaron las dudas

“A estas alturas es más que evidente que la superación de récords de magnitud en los episodios se va a producir cada vez con mayor frecuencia”, alertan los científicos. Por eso apremian a nuestros gobernantes a acordar nuevas y urgentes estrategias de adaptación, mitigación, anticipación y regulación “hasta donde sea posible”. Es el momento, destacan los científicos, de revisar nuestra relación con la naturaleza. De abandonar inercias culturales y administrativas y de repensar políticas para anteponer el bien común. El momento de impulsar, de forma coordinada, una agenda de trabajo con medidas urgentes que el mundo académico viene reclamando desde hace años.

Esa agenda incluye la elaboración de planes de respuesta al cambio climático a escala regional, metropolitana y local con medidas de ordenación territorial, cambios en los sectores productivos, para avanzar hacia una movilidad más sostenible y para reforzar el ciclo integral del agua. Cambios en la gestión de riesgos, en la educación ciudadana o la comunicación a la población, entre otros ámbitos. Por ejemplo, respecto a la planificación del agua, el informe anota que debería abordarse en su doble consideración: como recurso y como riesgo, pues avanzamos hacia nuevos e importantes retos en ambos sentidos.

Los expertos urgen asimismo a elaborar programas de adaptación a corto y medio plazo para las actividades económicas más expuestas a los efectos del calentamiento climático, como la agricultura y el turismo. Respecto a las respuestas, piden que se lleven a cabo desde enfoques estructurales y no con medidas reparadoras, mediante una gestión responsable del territorio, especialmente en las zonas costeras, donde los efectos de los temporales van a ser cada vez más severos.

Sentido de la responsabilidad

El documento hace especial hincapié en la necesidad de anticiparse a los efectos que el cambio climático tendrá sobre la calidad de vida y la salud de las personas, en especial los grupos más vulnerables, llamando a revisar y actualizar los protocolos de gestión de las emergencias, así como la cartografía disponible, ante la posibilidad de que los fenómenos extremos se puedan dar en cualquier época del año.

También se apunta la necesidad de incorporar la educación en cambio climático y en la gestión del riesgo y de la emergencia a todos los currículos en todos los niveles de la enseñanza, así como a poner a disposición de la sociedad la mejor información disponible con la mayor premura posible.

Y por último, apelando al sentido de la responsabilidad de nuestros gobernantes, los expertos hacen un llamamiento a progresar hacia formas de gobernanza basadas en principios tan esenciales como la lealtad institucional y el sentido de Estado, única forma de acordar estrategias de colaboración, cooperación y coordinación en un Estado compuesto.

El profesor Javier Martín Vide, Catedrático emérito de Geografía Física de la Universitat de Barcelona, es uno de los principales expertos en cambio climático de nuestro país, y ha participado activamente en el estudio. En conversación con El Confidencial remarca ese llamamiento a abordar, con enfoques estructurales y no con medidas reparadoras, los daños de la dana de Valencia y lamenta que, una vez más, el criterio de los concejales de urbanismo se esté imponiendo al de hidrólogos y geógrafos.

En su opinión “reconstruir los edificios en los mismos lugares donde el agua causó estragos es un error que puede tener consecuencias trágicas. Esos espacios inundados fueron arrebatados al río hace décadas para satisfacer el ansia constructiva de algunos. Se construyó hasta en los márgenes fluviales que en el pasado habían sido anegados durante las naturales crecidas de los ríos. Se trató al territorio como un chicle, y no todos los territorios admiten cualquier uso, como la construcción de viviendas e infraestructuras en los propios lechos de inundación de los cursos fluviales”.

Nueva planificación territorial

Según este reconocido experto “lo que ocurrió el 29 de octubre es que las ramblas y los ríos volvieron a tomar lo que era suyo, recordándonos nuestros límites. Por eso, más que empezar a reconstruir hay que, ante todo, dar el apoyo necesario a las personas afectadas, y construir en espacios no expuestos, lo que obliga a una nueva y buena planificación del territorio”.

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Respecto a la probabilidad de que, ante el más que previsible aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios atmosféricos extremos, la dana del pasado octubre pueda verse incluso superada, añade que “no sería riguroso decir que las danas van a ser más frecuentes, eso dependerá de la circulación atmosférica, pero sí que podemos afirmar con un amplio margen de certeza que, con una aguas del Mediterráneo cada vez más cálidas y por tanto más evaporantes, cuando ocurran van a disponer de más ‘combustible’ por lo que pueden resultar aún más catastróficas”.

En todo caso, para el profesor Martin Vide, como para el resto de los expertos que han participado en la redacción de este documento remitido a los políticos, en la gobernanza esta la clave para afrontar con mayor acierto los retos que nos aguardan. Pero “la buena gobernanza, es decir, aquella basada en las evidencias científicas, el sentido común y el consenso entre todos los actores: políticos, científicos, técnicos y ciudadanos. Sin esa participación activa de los responsables políticos "no lograremos reorganizar el territorio de un modo más seguro y sostenible”.