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España debe atender la urgente necesidad de abandonar las zonas inundables
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España debe atender la urgente necesidad de abandonar las zonas inundables

Las infraestructuras, equipamientos y viviendas que se ubican en las llanuras aluviales o incluso en el propio cauce de ríos y barrancos constituyen una amenaza más que un obstáculo

Foto: Aspecto del cauce encajonado del barranco del Poyo a su paso por Chiva, en Valencia (EFE/J.M. Vidal)
Aspecto del cauce encajonado del barranco del Poyo a su paso por Chiva, en Valencia (EFE/J.M. Vidal)

El pasado mes de junio el Consejo de la UE aprobaba la Ley de Restauración de la naturaleza y el reglamento que la acompaña. Un reglamento jurídicamente vinculante para todos los Estados miembro por el que se establecen los objetivos y las obligaciones para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE de aquí a 2030 y todos aquellos que necesiten restauración antes de 2050.

La normativa presta especial atención a la necesidad de restaurar los ecosistemas de agua dulce “por su destacado papel para mitigar los daños causados por el cambio climático y los efectos de las catástrofes naturales”. Su artículo nueve lleva por título “Restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales” y en él se señala que los Estados miembros garantizarán que se mantengan dichas funciones mediante las actuaciones correctoras que sean necesarias. Unas intervenciones que en todo caso deberán estar basadas en el “conocimiento científico acumulado” y en las "soluciones de la naturaleza". Buena parte de estas intervenciones están contempladas en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030. Otra cosa es que se hayan ejecutado.

Uno de los ámbitos geográficos a los que se presta mayor atención es el de las cuencas de los ríos mediterráneos, “tanto a los cauces de caudal permanente, como a los de caudal intermitente”, aludiendo a las rieras, ramblas y barrancos que forman el entramado capilar de dichas cuencas. Unos cauces y unas llanuras aluviales que han sido okupadas por infraestructuras, equipamientos y viviendas a lo largo de las últimas décadas hasta restarles esas funciones naturales.

Foto: Caravanas bajo el agua en un 'camping' holandés. (EFE)

Los ecosistemas fluviales característicos de los ríos mediterráneos, salpicados de “cortinas vegetales ribereñas de fresnos, sauces, álamos o chopos” y de “praderas inundables pobladas de plantas herbáceas” se han visto reducidos a la mínima expresión. Los de cauce intermitente “con abundante vegetación de comunidades del Paspalo-Agrostion”, que pueden inundarse, o incluso quedar sumergidos durante semanas reteniendo y absorbiendo las aguas, han desparecido casi por completo.

Allí donde había bosques autóctonos de ribera, que además de fijar el terreno y actuar como amortiguadores de riadas atesoraban una rica biodiversidad, ahora hay aparcamientos; donde se extendían las praderas de inundación ahora se ubican grandes centros comerciales, recintos feriales, aparcamientos o polígonos industriales, cuando no hospitales o escuelas. Unas ubicaciones inadecuadas que impiden la esponjosidad natural del terreno y acelerando la escorrentía de las aguas, que van ganando velocidad en su descenso e incrementando la capacidad destructiva de las riadas.

Repensar antes de restaurar

Por eso resulta tan urgente emprender una gran campaña de restauración hidrológico-forestal de cuencas, planificada bajo criterio científico y dirigida entre otros por hidrólogos, geógrafos e ingenieros de montes, pues solo así contribuirá a prevenir riesgos mediante soluciones basadas en la naturaleza y la adecuada planificación del territorio. Una planificación que debería atender a lo que determinan tanto la Ley del Suelo como la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que definen las zonas que deben permanecer asociadas al cauce de los ríos y determinan las limitaciones a los usos del suelo en dichas zonas.

Cuando se produjo el episodio de la Dana de la Vega Baja en septiembre del año 2019, el profesor Jorge Olcina, catedrático de geografía de la Universidad de Alicante y director del laboratorio de climatología de esta institución académica, fue nombrado por la Generalitat Valenciana comisionado del Plan Vega Renhace, que fue un plan que por entonces lo llamaban de reconstrucción y que ahora diríamos de adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático.

placeholder Vista aérea del parque inundable de La Marjal de Alicante (Ayto. Alicante)
Vista aérea del parque inundable de La Marjal de Alicante (Ayto. Alicante)

Entre otras medidas se contempló la creación de espacios naturales inundables en las llanuras aluviales que, como sabemos, en muchos casos están ocupadas urbanísticamente pero también por campos de cultivo. En el caso de las áreas urbanas se pueden crear parques inundables, como el de La Marjal de Alicante, mientras que en las parcelas agrícolas que están en zona inundable se proponían espacios de anegamiento que pudieran absorber y fijar buena parte de las aguas torrenciales.

En conversación con El Confidencial el profesor Olcina, señala que desde comienzo de los dos mil “las áreas de inundación natural son una herramienta básica en la prevención de desastres y una corriente en Europa que se vió impulsada por el programa Room for the River (espacio para el río)”. Un programa de gestión creado y desarrollado por el gobierno de los países bajos tras las graves inundaciones de 1993 y 1995 en aquel país y que ha sido aceptado como modelo mundial en materia de gestión del agua y protección contra el aumento de los riesgos de inundaciones relacionados con el cambio climático.

placeholder Márgenes del barranco del Poyo, en Chiva, tras la recrecida por la DANA (EFE/J.M.Vidal)
Márgenes del barranco del Poyo, en Chiva, tras la recrecida por la DANA (EFE/J.M.Vidal)

Está basado en un concepto básico: el de que la naturaleza y el agua van de la mano y lo mejor que podemos hacer para evitar los conflictos es propiciar su diálogo. En palabras del profesor Olcina “que el territorio fluvial que pertenece al agua debe quedar libre, aunque se puede aprovechar como áreas de inundación natural”.

De lo que se trata en opinión de este experto es de “crear espacios de inundación natural en esas llanuras ocupadas por la agricultura de manera que durante unos días o semanas puedan quedar anegadas, indemnizando a los agricultores por los daños” pero evitando pérdidas mucho más graves, tanto en daños materiales como, lo que es aún mucho más grave, en vidas humanas.

Sin embargo “aunque hay corrientes de investigación muy importantes en Europa que defienden este plan -se lamenta Olcina- en nuestro país se ha visto rechazado por los agricultores y por muchos políticos que lo que quieren es promover la obra civil incluso en dichas zonas para poder inaugurarla”. De ese modo estamos renunciando a “una salvaguarda, un seguro de vida frente a unas inundaciones que en el contexto del cambio climático superan todos los registros anteriores porque se superan lluvias, se superan caudales instantáneos, se rebasan diques generados en los cauces y el problema que se crea es mucho mayor”.

Foto: Daños por las inundaciones de 2021 en Alemania (EFE/S.Hoppe)

Respecto a los fondos necesarios para ejecutar el plan Room for the River hay que tener en cuenta que, ante los graves acontecimientos causados por lo que desde Bruselas se conoce ya como 'La DANA de Valencia' la UE ha aprobado una medida de urgencia que permite a los países afectados por catástrofes naturales desviar parte de las inversiones contempladas por el fondo de cohesión económica a sufragar los daños y poner en marcha las medidas necesarias para prevenirlos. Contamos con los fondos, con la experiencia y el conocimiento adecuados. Solo resta la voluntad política: acaso el mayor obstáculo.

El pasado mes de junio el Consejo de la UE aprobaba la Ley de Restauración de la naturaleza y el reglamento que la acompaña. Un reglamento jurídicamente vinculante para todos los Estados miembro por el que se establecen los objetivos y las obligaciones para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE de aquí a 2030 y todos aquellos que necesiten restauración antes de 2050.

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