¿Por qué preocupan las aguas subterráneas a la comunidad científica?

Proteger los acuíferos es primordial para mantener la vida en la tierra. Puede sonar exagerado, pero representan el 99% del agua líquida potable del planeta. El agua subterránea es la que usamos para beber, ducharnos y hacer vida normal en ciudades y pueblos. Además, está protegida por la ONU desde 2010 como derecho humano y, por lo tanto, es deber de cada estado proporcionarla a sus ciudadanos.

También es la opción B para los ríos, la naturaleza y la agricultura cuando hay sequía. Si no hay agua en la superficie, tiramos de la que hay debajo. Mantenerlos con buena calidad, libres de sustancias contaminantes, y llenos es obligatorio para todo los estados pertenecientes a la ONU. Esto quiere decir, priorizar estas reservas para su consumo humano, pues dedicar esta agua a otras actividades productivas sería considerado una violación de los derechos humanos.

Los acuíferos subterráneos son, por tanto, las reservas de aguas de calidad más fiables de las que disponemos para garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Desde 2020, España acumula sanciones y multas de la Unión Europea (UE) por infracción de calidad a estas aguas. “Estamos en el punto de mira europeo porque el 44% del agua subterránea está en mal estado y corre un alto riesgo de incumplir los objetivos ambientales fijados en la Directiva Marco del Agua para 2027.” Hablamos con Irene Barrós, ambientóloga de la empresa de consultoría medioambiental Soluciones Ambientales Granada S.L., una Spin-Off de la Universidad de Granada.

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Carlos Rocha. Sevilla

Cabe destacar que el problema con los acuíferos en España tiene múltiples causas. En primer lugar, la contaminación química por sustancias derivadas de pesticidas, macrogranjas y residuos industriales supera el 60%, según datos de Greenpeace. La directiva de la UE, conocida como la Ley del Agua Potable, es la que establece la cantidad de cada sustancia contaminante que tiene que haber en los acuíferos para mantener una calidad óptima.

Otro de los riesgos es el estado cuantitativo de estas masas de agua y, en este caso, carece de regulación europea. “Encontramos que el 27% están en mal estado por la extracción del agua a mayor velocidad de la que se regenera”. Esto es debido a la sobreexplotación de riego, la extracción ilegal y no cuantificada a través de pozos y, en las zonas de costa, por la incursión de agua de mar.

El caso del sur de España

Nos centramos en el sur de la península, donde la sobreexplotación de la agricultura de regadío y la sequía ha ‘obligado’ a los agricultores a extraer el agua del subsuelo para mantener los niveles de producción. Este recurso está destinado a la regulación del agua de los ríos, de la naturaleza salvaje y del consumo humano en los centros urbanos.

Los derechos de extracción para regadío triplican la capacidad de regeneración del agua subterránea por el ciclo natural

A diferencia del norte de España y de la Unión Europea, la contaminación de las aguas no es el problema en esta región, sino su desaparición.

Uno de los ejemplos más devastadores es el del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Un humedal de Ciudad Real prácticamente seco debido a los pozos ilegales que vaciaron su respectivo acuífero. Fue declarado ya como sobreexplotado en 1987 de forma provisional y después de forma definitiva en 1994.

Los derechos de extracción para regadío triplican en algunos casos la capacidad de regeneración del agua subterránea por el ciclo natural. Ni siquiera la declaración de sobreexplotación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que obligó a limitar el agua extraída, logró detener la desaparición de este refugio natural. El riego mediante pozos ilegales y la falta de caudalímetros impiden un verdadero control efectivo sobre estas situaciones.

Los vecinos de este pueblo decidieron ir un paso más allá y en 2023 llevaron sus quejas hasta la Comisión Europea

El acuífero de Baza, en Granada, va por el mismo camino. Los vecinos de este pueblo decidieron ir un paso más allá y en 2023 llevaron sus quejas hasta la Comisión Europea. Les pidieron que intervinieran para evitar que los acuíferos de la región se sigan sobreexplotando. Pero no ha habido respuesta.

Si nos movemos a la costa andaluza, nos encontramos con la marea blanca de invernaderos que se ve desde el espacio. “En Granada, por ejemplo, encontramos multitud de cultivos tropicales”, nos explica Barrós. “Las altas temperaturas y la falta de lluvias hacen que estos cultivos recojan una alta cantidad de agua del subsuelo. Lo que puede dejar sin reservas de agua para los pueblos en periodos de sequía”.

El uso del agua de los acuíferos para regadío no es el problema, si no se contamina ni se abusa de ella por encima de su capacidad de recuperación natural. Según los datos reflejados por Greenpeace, la teledetección de las masas del Guadalquivir ha demostrado que se consumía más del 80% del agua anual disponible. “Lo más destacable son las sobreexplotaciones de riego y los pozos ilegales que han proliferado en las últimas décadas. La expansión del olivar en la cuenca del Guadalquivir, es algo que hemos visto en otras zonas de España, con otros cultivos, como en la cuenca del Ebro o en el Guadiana”.

Intentos de reconciliación con los agricultores

La Ley del Agua Potable protege los acuíferos frente a la contaminación química procedente de distintas actividades de producción. Sobre esto, El Tribunal de Justicia de la UE ya ha dictado sentencia contra España por la falta de vigilancia y control de los acuíferos. Este país siempre ha priorizado el uso de fertilizantes y la proliferación de la ganadería, en vez de reservar el agua subterránea para el consumo humano.

Se calcula que, por lo menos, el 22% de las masas no están siendo controladas regularmente

Como ya hemos dicho antes, el control del nivel del agua no está protegido por la legislación internacional, sino que se deja a manos de cada comunidad autónoma. Sin embargo, el caso del Parque Natural de Doñana y distintas quejas ciudadanas, como la de Baza, ha hecho que la UE se fije aún más en España y en la protección que hace de su diverso patrimonio natural.

“Aunque la legislación está cada vez más especializada y es más estricta con el tema, se calcula que, por lo menos, el 22% de las masas no están siendo controladas regularmente”, advierte Irene Barrós. “La vigilancia que debe hacerse desde las instituciones regionales necesita de recursos tecnológicos y humanos especializados de los que no siempre dispone. Al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Como abundan los pozos ilegales, los acuíferos se secan y afecta tanto al consumo humano como al agrícola”.

La mala situación de los acuíferos españoles, hace imposible que cumpla con los tiempos establecidos por la UE para 2027

La mala situación de los acuíferos españoles, hace imposible que cumpla con los tiempos establecidos por la UE para 2027. Las distintas Confederaciones (sobre todo la del Ebro, que acoge prórrogas para 23 masas) se escudan en que “no es posible una recuperación más rápida del acuífero sin afectar significativamente a los usuarios (del sector agrario y ganadero de la zona)”.