Esta ha sido la factura medioambiental (en vidas) de la era Trump

Para algunos, la reciente elección de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos es un regreso a la 'normalidad', una bocanada de aire fresco después de cuatro años insoportables. Para otros, también es un regreso, pero al 'establishment' y a las políticas que ni sirven ni cambian nada. De muy diferentes formas se ha descrito la Administración de Donald Trump, algunas más amables que otras, sin lugar a duda. Lo que sí está claro es que, al margen de los sentimientos y sensaciones que el expresidente haya dejado a su paso, sí ha implementado nuevas políticas medioambientales y estas, como es lógico, han tenido repercusiones.

La revista científica 'The Lancet', una de las más reputadas del mundo, acaba de publicar un estudio que realiza desde el año 2017 y que está firmado por 33 representantes científicos de las principales universidades de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, sobre las consecuencias de las políticas de Trump en la salud de los estadounidenses. Muchas de ellas son una valoración de las consecuencias de la gestión de la epidemia del covid-19, pero también hacen mención a las políticas medioambientales del presidente y sus consecuencias: "Murieron, debido a causas medioambientales y ocupacionales, 22.000 estadounidenses más en 2019 que en 2016", justo antes del primer año de la presidencia del magnate.

Los cambios medioambientales de Trump

En 2017, cuando Donald Trump alcanzó la presidencia de Estados Unidos, prometió revocar gran parte de las políticas que se habían aprobado durante el liderazgo de Barack Obama, muchas de las cuales eran medioambientales. Entre el inicio de su andadura presidencial y 2020, logró revocar 64 medidas medioambientales. Esto, unido a una promesa energética englobada en el llamado America First Energy Plan, que permitía la apertura de dos nuevos oleoductos y la flexibilización de la creación de plataformas petrolíferas en las costas del país norteamericano, en especial en el golfo de México, así como la flexibilización del 'fracking', ha convertido estos cuatro años en unos de los más destructivos para el medioambiente norteamericano. No solo eso, en 2019, la Administración finiquitó sus planes de permitir el perforado y extracción de petróleo en toda la costa del Arctic National Wildlife Refuge, en las costas de Alaska, lo que supone un ataque directo a una de las últimas reservas 'vírgenes' de la naturaleza en Estados Unidos.

Tampoco ayudó, en ningún caso, la propuesta de la Administración Trump de reducir en un 31% la asignación presupuestaria de la EPA (la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense), lo que significó un aumento de la incapacidad de la institución para desarrollar su cometido, dejando ese trabajo a los propios estados.

Como explican en un estudio de 2018 los investigadores de la Universidad de Harvard David Cutler y Francesca Dominici, "los costes de la agenda medioambiental de la Administración Trump podrían alcanzar las 80.000 muertes por década". Teniendo en cuenta el estudio publicado por 'The Lancet', se quedaron más que cortos.

Parte de la culpa de esta enorme pérdida de vidas se debe a que, de entre los muchos cambios (a peor) de las regulaciones medioambientales, la protección de la calidad del aire y del agua no estaba entre sus prioridades. En febrero de 2017, tan solo 30 días después de su entrada en vigor, la Administración Trump revocó (con el objetivo de ayudar a la industria minera) la nueva Clean Water Rule, destinada a cuidar la calidad de las aguas de los pequeños cauces del país. Las razones que dio el presidente fueron que la nueva regulación debería "tener como prioridad el desarrollo económico y evitar, a toda costa, las medidas basadas en la incertidumbre".

Donde dije digo, digo Diego

Pero la 'medida' medioambiental de Donald Trump que dio la vuelta al mundo ocurrió el 1 de junio de 2017. Ese día, marcó la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París (que tiene como objetivo limitar el calentamiento global a los 2 °C y que implica una enorme reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial, el CO₂). En ese momento, esta retirada convirtió a Estados Unidos en el tercer país del mundo (entre 197) que no firmó el Acuerdo de París. Lo que es peor: en 2018, el país norteamericano se convirtió en el único país de la tierra sin ratificar este acuerdo.

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Ahora, con la nueva Administración de Joe Biden, cuya campaña tenía un gran componente medioambiental (el nombramiento de John Kerry, exsecretario de Estado con Obama, como enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, es un claro ejemplo) ha empezado anunciando la vuelta al Acuerdo de París, así como otras medidas medioambientales, entre las que se incluyen la recuperación de lo que Trump 'revirtió' los últimos cuatro años. Lo que está claro es que al nuevo presidente de Estados Unidos le queda mucho trabajo por delante.