Defender el derecho al honor en la era de la digitalización

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, con el que pretende sustituir a la ley vigente de 1982. Se trata de una medida orientada a adaptar la tutela civil de estos derechos fundamentales a un entorno de mayor digitalización, en el que las redes sociales y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial juegan un papel crucial.

Nuevas formas de intromisión ilegítima en la era digital

Una de las principales novedades es la actualización de las conductas que constituyen vulneración del honor, la intimidad o la imagen, incorporando expresamente supuestos propios del entorno digital. Por primera vez, se considerará intromisión ilegítima el uso no autorizado de la imagen o la voz de una persona creadas o manipuladas con inteligencia artificial (deepfakes), con fines publicitarios o comerciales, lo que ya no nos permitirá volver a ver a algunos de nuestros personajes histórico en anuncios publicitarios. Asimismo, se aclara que la difusión voluntaria de la propia imagen en una red social no legitima su reutilización posterior en otros contextos o plataformas sin consentimiento expreso.

El texto refuerza también la protección frente a la difusión no consentida de contenidos íntimos, configurando como vulneración del derecho a la intimidad la divulgación de imágenes de carácter privado o sexual sin autorización.

Es importante destacar que, en el caso de personajes públicos, el uso de técnicas de inteligencia artificial sobre su imagen podrá ampararse en la libertad creativa o satírica cuando se realice en un contexto artístico, humorístico o de ficción y se informe claramente del uso de dicha tecnología.

Protección reforzada para menores, personas con discapacidad y víctimas

La protección de colectivos especialmente vulnerables ocupa un lugar destacado en este Anteproyecto. Se eleva a 16 años la edad mínima para prestar consentimiento válido para el uso de la propia imagen, sin perjuicio de que dicho consentimiento resulte ineficaz cuando la utilización sea contraria a la dignidad, el honor o los intereses del menor, incluso aunque haya sido autorizado por sus representantes legales. Asimismo, se establece la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal en los procesos civiles por intromisiones ilegítimas cuando el perjudicado sea menor de edad, reforzando el control del interés superior del menor.

El texto introduce también una protección específica para las víctimas de delitos, al considerar intromisión ilegítima la difusión de los hechos delictivos por parte del autor cuando genere un daño adicional a la víctima, incluso en ausencia de beneficio económico. Esta previsión resulta especialmente relevante en formatos de amplia difusión, como los true crime, cuando su explotación implique una revictimización o una lesión añadida del derecho al honor de la víctima o de su entorno.

Además, se amplía la legitimación para la defensa del honor, la intimidad y la propia imagen de las personas fallecidas, incluyendo a la pareja de hecho o a quienes mantuvieran una relación afectiva análoga. Se reconoce también la posibilidad de prohibir por disposición testamentaria el uso póstumo de la imagen o la voz con fines comerciales.

Indemnización del daño moral y criterios de cuantificación

Otro aspecto novedoso es la regulación, por primera vez, de la indemnización del daño moral derivado de las intromisiones ilegítimas en el honor, la intimidad y la propia imagen. El texto establece la vulneración de derechos fundamentales, la gravedad de las expresiones utilizadas, la reincidencia o las repercusiones sociales como orientadores para su cuantificación, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y evitar respuestas meramente simbólicas.

Además, se contempla como medida complementaria de reparación la publicación de la sentencia condenatoria en el Boletín Oficial del Estado, una vez esta sea firme.

Tramitación legislativa y próximos pasos

En cuanto a su tramitación, el Anteproyecto se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública, en la que las partes interesadas pueden remitir sus aportaciones y observaciones al texto. Paralelamente, deberán recabarse informes preceptivos de distintos ministerios y de organismos independientes, entre ellos la Agencia Española de Protección de Datos o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Superadas estas fases, el Gobierno deberá impulsar su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, comenzando en el Congreso de los Diputados, donde la iniciativa requerirá de mayoría absoluta para su aprobación. Se trata de un reto mayúsculo en el contexto político actual, marcado por las tensiones con Junts y por el progresivo desgaste entre el PSOE y su principal socio de Gobierno, Sumar, lo que introduce un grado significativo de incertidumbre sobre la viabilidad del texto. En caso de superar este primer trámite, el Anteproyecto afrontaría un nuevo obstáculo en el Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular podría traducirse en enmiendas substanciales o en un veto. No obstante, una vez aprobado en la Cámara Baja, el Gobierno contaría con herramientas parlamentarias para levantar dicho veto y finalizar su tramitación legislativa.

Fernando Viñas, Account Manager del departamento de Tech & Finance de Rud Pedersen España.