Armonizar la mediación para una justicia más eficiente

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha introducido un cambio de paradigma en nuestro sistema de justicia: antes de acudir a los tribunales, las partes deben intentar una solución negociada -mediación u otra vía prevista en la propia ley- como requisito de procedibilidad. Este primer paso solo funcionará si el sistema ofrece reglas claras, previsibles y homogéneas para acreditar el intento de mediación, determinar sus efectos sobre plazos y acciones, y garantizar estándares de calidad. La reforma ha abierto la puerta a un modelo más ágil, colaborativo y eficiente, pero ahora corresponde desplegarlo plenamente y establecer criterios comunes.

En este contexto, la reciente aprobación en el Pleno del Congreso de la Proposición no de Ley (PNL) relativa a la modificación urgente de la regulación de los medios alternativos de resolución de conflictos (MASC) y al establecimiento de criterios unificados para todos los órganos judiciales es una buena noticia para nuestro sistema de justicia. No solo por su amplio respaldo, sino porque consagra una idea poderosa: cuando hay consenso sobre cómo resolver mejor los desacuerdos, se fortalece la cultura del diálogo, la confianza y la seguridad jurídica.

Esta PNL pretende proporcionar vías operativas para que el requisito no se convierta en mero trámite, sino en una oportunidad real de acuerdo. Además, fija un rumbo claro: homogeneizar su aplicación mediante reformas normativas y reglamentarias; aprobar cuanto antes el estatuto de la tercera persona neutral; elaborar protocolos comunes de actuación para todos los órganos judiciales que definan con claridad, exigencia, acreditación y efectos del intento de mediación; formar a todos los operadores jurídicos; informar a la ciudadanía de sus ventajas, y medir el impacto real de esta herramienta en la reducción de la litigiosidad y en la mejora de la eficiencia del sistema judicial.

El estatuto del tercero neutral es una de las piezas clave de la propuesta. La ley lo concibe como un facilitador independiente que ayuda a las partes a comprender intereses, explorar opciones y construir soluciones. Dotarlo de un marco profesional claro, con participación del CGPJ, abogacía, procuradores, jueces y letrados, reforzará su legitimidad y elevará los estándares de calidad de los procesos.

La unificación de protocolos es, quizá, la medida con mayor retorno inmediato. Si todos sabemos cómo se acredita un intento de mediación y qué efectos tiene sobre plazos y acciones, reducimos la incertidumbre, acotamos la litigiosidad y ganamos tiempo útil para que el acuerdo prospere y se consiga una gestión eficaz del conflicto.

Ahora bien, esta arquitectura normativa y procedimental no es suficiente sin una cultura del diálogo. Vivimos en una sociedad hiperjudicializada, más proclive al pleito que al acuerdo, pero la experiencia empresarial demuestra que acordar a tiempo preserva valor. La mediación ofrece tiempos más cortos, costes contenidos y, sobre todo, soluciones ajustadas a los intereses reales de las partes, con mayor cumplimiento voluntario y protección de las relaciones. Permite, en definitiva, una mejora de la competitividad empresarial.

Para consolidar ese cambio cultural, la PNL acierta al reclamar formación específica para jueces, letrados, fiscales, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos. La mediación no sustituye a la jurisdicción: la complementa y la descongestiona. Pero para que esa complementariedad funcione, necesitamos competencias técnicas (negociación, escucha, diálogo) y criterios de calidad en la administración de los procedimientos.

También es pertinente la llamada a campañas de información. El principal obstáculo no es la resistencia, sino el desconocimiento. Explicar bien cómo funciona la mediación, qué se acredita, quién interviene, qué garantías existen y qué ocurre después del acuerdo es esencial para que ciudadanos y empresas se sientan seguros al optar por esta vía.

La complejidad está en transformar la cultura de la sociedad en torno a la mediación. Si somos capaces de crear ese concepto social del valor de la negociación, estaremos haciendo una magnífica contribución a la consolidación de nuestro Estado democrático.

Por último, medir. La PNL propone mecanismos de seguimiento y evaluación. Solo así sabremos cuánto se reduce la litigiosidad, cuántos asuntos se resuelven por acuerdo y qué tiempos y qué costes se evitan. Esta evidencia permitirá afinar protocolos y, en definitiva, mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Desde el Centro Español de Mediación (CEM) compartimos plenamente este enfoque. Nuestra misión es promover la cultura del acuerdo en todo el tejido empresarial ofreciendo a los operadores económicos un servicio de mediación excelente.

Con reformas normativas, protocolos comunes, un estatuto sólido del tercero neutral y un impulso real a la formación, divulgación y evaluación, daremos un salto cualitativo para alcanzar una mayor seguridad jurídica y conseguir una adecuada implementación de la mediación en el tráfico jurídico-económico y en la sociedad en general.

* Rafael Catalá, presidente del Centro Español de Mediación