Los notarios cargan contra la reforma que relega la escritura pública en las sociedades

El notariado y varios académicos del ámbito mercantil y civil han cargado este viernes contra uno de los pilares del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública como es la reforma del régimen de transmisión de participaciones en las sociedades limitadas. La crítica es compartida y apunta en una misma dirección: más burocracia, mayores costes y un deterioro de la seguridad jurídica sin una mejora clara en la lucha contra la corrupción.

El debate se ha producido en el marco de la jornada ‘La sociedad de responsabilidad limitada ante un peculiar intento de reforma’, organizada por el Consejo General del Notariado y la Fundación Notariado, donde se ha analizado el alcance de un cambio que, de aprobarse, alteraría de forma sustancial el modelo vigente.

Actualmente, la transmisión de participaciones sociales se articula sobre la escritura pública como instrumento clave de control. El anteproyecto propone sustituir este esquema por un sistema en el que la inscripción en el Registro Mercantil de un documento privado de compraventa tenga efectos constitutivos. Esto implica, según los expertos reunidos, eliminar el control de legalidad previo y debilitar mecanismos esenciales de prevención frente a delitos como el blanqueo de capitales o el fraude fiscal.

Durante la inauguración, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, situó el foco en la eficacia real de la reforma. “Debemos preguntarnos si es el camino correcto, si las medidas son eficaces y si estamos comprometiendo el dinamismo y la seguridad de nuestros mercados”, señaló. Y fue más allá al cuestionar el diagnóstico del anteproyecto. “Se pretende acabar con la opacidad, con base en el documento privado. El corrupto seguirá utilizando el documento privado que guardará en un cajón a la espera de su inscripción en el registro cuando considere”.

En el plano técnico, una de las principales objeciones gira en torno a la desaparición del control notarial en el momento de la transmisión. El notario y decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Enrique Mayorga, defendió su papel como garante del sistema: “Garantiza la legalidad del negocio jurídico, identifica fehacientemente a los intervinientes, y comprueba su capacidad, legitimación y adecuación a la normativa vigente y a los estatutos sociales”.

La preocupación no es solo institucional, sino también de mercado. Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil, advirtió de que el nuevo modelo podría abrir la puerta a circuitos paralelos de transmisión. “Podría generar un ‘mercado B’ de participaciones, un tráfico descontrolado. En el Registro, si entra basura, no puede salir más que basura”, resumió.

En la misma línea, el catedrático de Derecho Mercantil Andrés Recalde alertó de problemas estructurales en el diseño del sistema: “En ningún país se contempla la convivencia de dos registros: el de socios y el Registro Mercantil”.

Más allá del debate jurídico, el impacto económico también centró buena parte de las intervenciones. José Miguel Embid, catedrático de Derecho Mercantil, advirtió de que el “reglamentismo extremo” que introduce el anteproyecto “complicará la vida a las sociedades limitadas, con incremento de costes, trámites, etc.”.

Las críticas se endurecieron en el plano técnico. Antonio Roncero, también catedrático de Derecho Mercantil, señaló que el texto “adolece de una alarmante falta de rigor técnico, incoherencias y repeticiones hasta la saciedad”. Mientras, el notario Ubaldo Nieto puso el acento en la diferencia entre documento público y privado: “El documento público tiene eficacia frente a terceros porque hay una verificación previa de identidad, capacidad, legitimación y del consentimiento, que no puede garantizarse en un documento privado”.

El argumento de la transparencia, uno de los ejes del anteproyecto, también fue cuestionado. Ignacio Paz-Ares, notario, planteó el dilema de fondo. “La cuestión es si para ganar transparencia conviene sustituir un sistema de control directo por uno de control en remoto”. A su juicio, la propuesta “da una respuesta desproporcionada que aumenta costes, dilata efectos, y reduce el control en el momento que se produce la transacción”.

Desde el ámbito de la prevención del blanqueo, Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Notariado, defendió el modelo actual. “Gracias al Índice Único Informatizado podemos seguir el tracto sucesivo de todas y cada una de las participaciones, y saber quién es su propietario, por lo que con el sistema actual la opacidad no existe. Entonces, ¿por qué cambiarlo?”, cuestionó.

El cierre de la jornada dejó una conclusión compartida entre los participantes: el anteproyecto introduce más problemas de los que resuelve. “Si hay una conclusión de esta jornada es que este proyecto de ley no sirve, no dice la verdad, arroja problemas sobre los operadores jurídicos y puede convertir la SRL en un galimatías insuperable”, resumió Embid.

La presidenta del Notariado, en la clausura, insistió en el carácter técnico del debate, pero dejó también un mensaje implícito al legislador: la reforma, tal y como está planteada, evidencia “la debilidad técnico-jurídica del anteproyecto”, en parte, según apuntó, por haberse prescindido de la intervención de la Comisión General de Codificación en un cambio de este alcance.