El caos de Ormuz, Defensa y el apagón marcarán un año de grandes litigios en Público

El bloqueo en el estrecho de Ormuz, además de hacerse patente en nuestro país en el incremento del precio de los combustibles, ya está sobre la mesa de los departamentos de Público de los grandes bufetes en Madrid. Unos despachos por los que a lo largo de este mes pasarán, con casi total seguridad, algunas de las reclamaciones derivadas del apagón sufrido en España hace un año.

Estas son las cuestiones más inmediatas que abordarán las firmas en Público, un departamento que también observa cómo el Gobierno articula el riego de fondos públicos en Defensa, con el culebrón Indra-Escribano-Santa Bárbara como telón de fondo. El triángulo Defensa, Energía y Contratación Pública será la gasolina de 2026 para el motor del área de Público, del que un 57% de los despachos consultados por El Confidencial considera que superará la facturación de 2025.

La práctica de Público es la séptima entrega del especial anual elaborado por este medio para analizar las previsiones de negocio y tendencias de las principales áreas de práctica de los despachos de abogados tras 'M&A', Competencia, Procesal, Inmobiliario, Laboral y Reestructuraciones.

“Las tendencias en Público están muy vinculadas con la geoeconomía estratégica. La situación del estrecho de Ormuz puede afectar de manera intensa al sector energético. No solo en lo relativo al "oil & gas". La volatilidad del precio del gas también puede influir en el sector eléctrico, ya que los ciclos combinados, que queman gas, son la principal tecnología de respaldo en España y la mayor parte de los países europeos”, señala Félix Plasencia, socio coordinador de Público en Cuatrecasas.

Por su parte, Juan Rodríguez Cárcamo, socio de Derecho Público de Pérez-Llorca, añade que “en 2026 habrá un aumento de la litigiosidad en materia regulatoria, especialmente en sectores clave como la energía, el consumo, el transporte o las infraestructuras”.

Más facturación

Estas perspectivas hacen que, además del incremento de la facturación, la actividad crezca con un consenso aún mayor entre las siete firmas consultadas. Seis de los siete despachos que han participado aseguran que será mayor este año que en el precedente. Una opinión que es todavía más contundente en el número de operaciones: el 100% de las firmas encuestadas considera que tendrán una dimensión mayor en 2026.

“El sector de la energía será uno de los focos principales: la actualización de los parámetros retributivos en renovables abrirá un nuevo ciclo regulatorio con efectos directos sobre la rentabilidad de esta tecnología, y España deberá iniciar la transposición de la Directiva (UE) 2024/1711 para revisar elementos clave del mercado eléctrico”, asegura Jabier Gómez, socio de Administrativo y Constitucional en Garrigues.

Por su parte, Alfredo Fernández Rancaño, socio responsable de Administrativo y Constitucional también de Garrigues, apunta que el sector de infraestructuras y la obra pública experimentarán un notable impulso este año, “dada la ejecución de fondos europeos destinados a la modernización de infraestructuras y la apuesta de las Administraciones por proyectos de movilidad sostenible y digitalización de servicios públicos”.

Asimismo, el socio aclara que es esperable un creciente protagonismo del sector de la defensa y la seguridad, “sobre todo en materia de contratación pública, donde se ha observado un aumento relevante en la licitación de contratos vinculados a la modernización y digitalización de sistemas, adquisición de equipamiento y refuerzo de capacidades estratégicas, en línea con los compromisos europeos y el contexto internacional actual”.

Entre los expertos consultados hay consenso en que la presión regulatoria no deja de crecer. El 43% de las firmas encuestadas asegura que será mucho mayor que el pasado año, el mismo porcentaje que considera que ‘tan solo’ será mayor la presión normativa soportada que en 2025.

“La carga regulatoria es especialmente intensa, a pesar de que el contexto político no favorece la producción normativa; asistimos a un incremento de la cantidad y de la complejidad de la regulación (un buen ejemplo es el reciente Real Decreto-ley 7/2026) que añade complejidad a las relaciones económicas y que demanda asesoramiento especializado con mucha intensidad”, asegura Carlos Melón, socio de rēgula.

El apagón entra en fase judicial

A este escenario se suma el recorrido judicial del apagón, que empieza a materializarse en los despachos. Aunque no se anticipa una avalancha inmediata, sí se prevé un goteo constante de reclamaciones en los próximos meses.

“Más que un aluvión, va a haber demandas individuales formuladas por los operadores económicos que más daño sufrieron como consecuencia del apagón”, apunta el socio de rēgula, donde no descartan tampoco la vía de la responsabilidad patrimonial frente a la Administración.

Una visión que comparten otras firmas, aunque con matices en los tiempos. “Habrá reclamaciones, aunque probablemente se plantearán de forma progresiva y no masiva”, señala el socio de Pérez-Llorca, donde advierten de la complejidad técnica de acreditar los daños y del impacto que esto tendrá en los ritmos de judicialización.

Un diagnóstico que comparten, con matices, otras firmas del mercado. Desde Ramón y Cajal, Antonio Alcolea pone el foco en una derivada menos visible pero creciente: la irrupción de los centros de datos como eje de trabajo para los equipos de Público. “Lejos de ser meras instalaciones tecnológicas, plantean desafíos complejos en materia de urbanismo, ordenación del territorio, evaluación ambiental y acceso a recursos esenciales como la energía y el agua”, explica. En su opinión, este tipo de proyectos obligará a articular equipos híbridos dentro de los despachos, donde el componente regulatorio conviva con el financiero, el inmobiliario o el corporativo.

Este fenómeno conecta con una tendencia de fondo: el desplazamiento del asesoramiento en Público hacia operaciones cada vez más intensivas en capital y sometidas a múltiples capas regulatorias. No se trata solo de interpretar normas, sino de anticipar cómo impactan en proyectos concretos con plazos, financiación y riesgos reputacionales. En este terreno, el papel del abogado se aproxima cada vez más al de un gestor integral del riesgo regulatorio.

También desde Andersen se aprecia ese ensanchamiento del perímetro del área. Arancha Bengoechea, socia y codirectora de Público y Regulatorio, sitúa entre los vectores de crecimiento la combinación de energía, defensa y ciberseguridad, pero añade un elemento diferencial: la irrupción de la inteligencia artificial en la agenda regulatoria. “El avance de la IA genera necesidad de asesoramiento tanto a los legisladores para su regulación como a los operadores para adaptarse a la misma”, señala. A ello se suma el tirón sostenido del turismo y el inmobiliario, que seguirá generando carga de trabajo en urbanismo en un país donde la presión sobre la vivienda continúa tensionando la acción administrativa.

En paralelo, algunas firmas introducen una visión más estructural del entorno regulatorio. Desde Broseta, Rosa Vidal advierte de que la elevada densidad normativa se ha convertido en un factor que condiciona directamente la competitividad económica. "La superposición de normas de distintos niveles de gobierno introduce fricciones que afectan a la agilidad de los proyectos, a la previsibilidad de las decisiones y a la capacidad de atraer inversión. En este contexto, avanzar hacia marcos regulatorios más coherentes y coordinados se convierte en una palanca clave para mejorar la productividad y facilitar la colaboración público-privada".

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"Otra tendencia clara está vinculada al auge del sector inmobiliario. La normativa administrativa y urbanística que influye en el mercado de la vivienda, desde los niveles estatal, autonómico y local, es uno de los campos en los que se está concentrando mayor actividad", explica Vidal.

Este contexto no solo incrementa la carga de trabajo, sino que está sofisticando el tipo de asuntos. Crece el denominado contencioso-administrativo estratégico, impulsado por empresas que ya no solo reaccionan ante decisiones de la Administración, sino que diseñan litigios con un objetivo claro de impacto regulatorio o económico. Una tendencia que se dejará notar especialmente en sectores como la energía, las infraestructuras o el real estate, donde cada cambio normativo puede alterar de forma sustancial la viabilidad de grandes proyectos.