Ayuso arma su caso para reclamar daños millonarios en el cártel de pañales

La Comunidad de Madrid da los primeros pasos para interponer una demanda contra las empresas que, entre 2001 y 2023, inflaron artificialmente los precios de los pañales para adultos suministrados al sistema sanitario público.

El Gobierno de la región ha elegido a la consultora NERA Economic Consulting para que analice en profundidad la documentación aportada por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y estime el sobreprecio pagado a más de una decena de empresas con las que suscribió contratos por un valor superior a 600 millones de euros durante más de dos décadas.

Los peritos elegidos por el equipo de Isabel Díaz Ayuso no son precisamente novatos en la cuantificación de daños económicos. Se trata de la consultora de cabecera de Iberdrola. NERA —acrónimo de National Economic Research Associates— ha trabajado con la multinacional energética que preside Ignacio Sánchez Galán en informes vinculados al acceso a redes y al sector nuclear. También se alineó con la eléctrica en el litigio por 'greenwashing' contra Repsol, una demanda que finalmente los tribunales desestimaron en favor de la petrolera.

En el proceso de licitación, adelantado por El País, NERA se enfrentó a otros consultores como Auren, LBL Partners y la tasadora andaluza Conesteu. La propuesta de NERA, la más económica de las presentadas, convenció a la mesa de contratación tras comprometer un equipo de cinco especialistas, contar con un experto con más de diez años de experiencia y acreditar participación en al menos cinco casos similares. Con ello logró la máxima valoración técnica y económica del procedimiento.

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Para el Ejecutivo autonómico, los peritos de NERA trabajarán durante tres meses por un contrato cercano a 110.000 euros, bajo las directrices de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. El informe pericial será el punto de partida para cuantificar los daños y preparar la demanda judicial con la que Madrid pretende reclamar el sobrecoste soportado por el sistema sanitario regional que, según señalan fuentes cercanas al proceso, será inferior a los cien millones de euros.

La iniciativa sitúa a la Comunidad de Madrid en la senda de otras administraciones autonómicas que ya han decidido acudir a los tribunales tras la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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El organismo regulador multó en 2016 con 128,8 millones de euros a varios fabricantes de pañales para adultos por constituir un cártel que operó durante casi dos décadas. Según la resolución, las compañías pactaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de estos productos, comercializados principalmente a través de farmacias, y llegaron a controlar alrededor del 95% del mercado.

Entre las empresas sancionadas se encontraban Arbora & Ausonia (posteriormente integrada en Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products —hoy Essity—, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, además de la patronal del sector, Fenin.

Las sanciones fueron posteriormente confirmadas por los tribunales. La Audiencia Nacional avaló la existencia del cártel en 2022 y el Tribunal Supremo terminó confirmando las resoluciones sancionadoras en 2023, cerrando definitivamente el capítulo administrativo del caso y abriendo la puerta a reclamaciones por daños.

Cataluña, pionera

El primer paso lo dio Cataluña. El Servicio Catalán de Salud (CatSalut) presentó en 2022 una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona en la que reclama 526 millones de euros a varios de los fabricantes implicados por el sobreprecio pagado durante años.

La iniciativa marcó un punto de inflexión y abrió la puerta a una oleada de reclamaciones en toda España. Varias comunidades autónomas comenzaron entonces a estudiar acciones judiciales para recuperar el dinero que consideran pagado de más por un producto sanitario básico para el sistema público.

Entre ellas se encuentra Euskadi, cuyo Gobierno anunció en marzo de 2025 que reclamaría 202 millones de euros a empresas como Essity, Hartmann o Laboratorios Indas por los daños derivados del pacto de precios.

Las estimaciones apuntan a que las demandas conjuntas de las CCAA podrían alcanzar hasta 1.750 millones de euros

En paralelo, otras autonomías como Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares o Asturias también han valorado acudir a los tribunales, mientras que Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Navarra han confirmado que analizan posibles reclamaciones. En total, al menos catorce comunidades autónomas han estudiado o iniciado acciones para exigir compensaciones a los fabricantes implicados.

Las estimaciones apuntan a demandas conjuntas que podrían alcanzar hasta 1.750 millones de euros, según distintas previsiones elaboradas por organizaciones de consumidores y fuentes del sector.

Las reclamaciones se apoyan en la resolución de Competencia, que concluyó que el cártel operó entre 1996 y 2014 mediante una doble estrategia. Por un lado, los fabricantes obstaculizaban licitaciones públicas convocadas por las autoridades sanitarias mediante recursos administrativos y judiciales. Por otro, coordinaban el precio de venta de laboratorio, el que pagan los distribuidores mayoristas, con el objetivo de mantener márgenes elevados en el canal farmacia.