El Gobierno deja pasar el segundo plazo para responder a EEUU por el veto a barcos con destino Israel

La Agencia Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) sigue dando pasos en la investigación que podría acabar, incluso, con sanciones millonarias a España, mientras trata de aclarar si el Gobierno ha bloqueado la entrada en los puertos españoles de buques estadounidenses presuntamente cargados con armas con destino a Israel. Tras haber defendido formalmente su posición en una primera fase de investigación, el Ejecutivo ha decidido no presentar nuevas alegaciones.

"Parece que las leyes o reglamentos ejecutados por España están probablemente creando condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de Estados Unidos", aseguró la FMC en un comunicado emitido el pasado mes de diciembre, cuando la agencia federal mandó la investigación a una segunda fase tras concluir la primera, iniciada en 2024. La Comisión añadía a finales del pasado año que "debe examinar qué medidas correctivas podrían ser apropiadas" para ajustar las "aparentes condiciones".

En el marco de esta nueva fase, la FMC abrió un segundo aviso en el Federal Register solicitando comentarios públicos adicionales “sobre esta investigación y sobre las posibles medidas correctivas que la Comisión podría considerar, en su caso”, señalan desde la agencia federal estadounidense a El Confidencial. El regulador abría así un canal formal para recibir aportaciones sobre este caso y sobre las posibles medidas a aplicar.

EEUU aceptaba comentarios desde el día 22 de diciembre del pasado año hasta el 20 de febrero. Y España, a diferencia de la primera fase de la investigación, ha declinado hacer comentarios. “La Comisión no ha recibido ningún comentario público del Gobierno de España en relación con la solicitud más reciente, cuyo plazo concluyó el 20 de febrero de 2026”, señalan a este medio desde la FMC.

España, a diferencia de la primera fase de la investigación, ha declinado hacer comentarios

Hay que recordar que, tal y como adelantó este medio, la Dirección General del Servicio Exterior, órgano directivo de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, contrató los servicios de un bufete de élite norteamericano: Holland & Knight.

Se trata del mismo despacho que firmó las alegaciones de España en la primera fase de la investigación. Christopher R. Nolan, socio de Holland & Knight, remitió el 26 de diciembre de 2024 una carta dirigida al secretario de la Federal Maritime Commission, David Eng, en la que fijó desde el inicio la posición oficial del Gobierno.

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Una respuesta contundente

España, señalaba el escrito, presentaba comentarios “de manera voluntaria y sin perjuicio de sus derechos como Estado soberano, incluidos todos los derechos existentes conforme al derecho internacional”.

La carta, con copia a Ángeles Moreno Bau, Embajadora de España en Washington, subrayaba que la FMC “puede invitar, pero no puede exigir a España que formule comentarios”, ya que el Estado español “no está sujeto a la jurisdicción de ningún Estado extranjero ni de sus agencias”. Más aún, advertía de que cualquier intento de extender la jurisdicción de la Comisión a un Estado soberano “socavaría los principios mismos de la inmunidad soberana y del derecho internacional”, y afirmaba expresamente que la FMC “no tiene jurisdicción investigadora sobre España como consecuencia de la inmunidad soberana de España”.

El escrito añadía que su contenido había sido elaborado “en consulta con los Abogados del Estado de España en relación con las obligaciones de derecho internacional” y recordaba el principio de “igualdad soberana” recogido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Desde esa premisa, defendía que las decisiones adoptadas por el Gobierno respondían al ejercicio de sus facultades soberanas y a la aplicación de la Ley 53/2007 sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como de los compromisos europeos e internacionales asumidos por España.

La FMC “puede invitar, pero no puede exigir a España que formule comentarios”

Además, la alegación sostenía que el conflicto debía canalizarse por la vía diplomática y no administrativa. “Las cuestiones planteadas en el Aviso de Investigación serían más apropiadamente abordadas por canales diplomáticos con el Secretario de Estado y el Departamento de Estado de EEUU”. España insistía en que no estaba denegando el atraque de buques por su bandera, sino la autorización de tránsito de determinados contenedores con material de defensa o de doble uso, con independencia del pabellón.

La investigación de la FMC sigue en curso

En respuesta por correo electrónico a este medio, la propia agencia señala que la investigación sigue abierta, por lo que no pueden “facilitar un calendario” sobre los próximos pasos ni sobre la fecha en que podría cerrarse. “El personal de la Comisión continúa revisando todos los materiales relacionados con este asunto”, aclaran.

La FMC mantiene abierta desde finales de 2024 una investigación por la posible creación de "condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de Estados Unidos". Este procedimiento consta en el aviso oficial publicado en el Federal Register, donde se recoge que se le informó de la denegación de escala a los buques portacontenedores Maersk Denver y Maersk Seletar, procedentes de Nueva York y que tenían previsto atracar en el puerto de Algeciras los días 8 y 14 de noviembre de 2024, a los que el Gobierno español denegó la escala al tener información de que transportaban armas con destino a Israel.

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Los dos cargueros, con pabellón estadounidense pero pertenecientes a la naviera danesa Maersk, forman parte del Programa de Seguridad Marítima (MSP) gestionado por la Administración Marítima de EEUU (MARAD), que incluye una flota mercante disponible para el Departamento de Defensa en situaciones de crisis o necesidad. Tras la prohibición de atracar en puertos españoles, ambos terminaron realizando escala en el enclave marroquí de Tánger Med.

Habían zarpado de EEUU y su destino era Omán, y no Israel, y su carga era legal, según la naviera, que tiene un contrato de transporte con la Administración federal. No precisó cuál era la carga de los dos barcos. Varias asociaciones propalestinas de Europa insistieron, sin embargo, en que llevaban armas y municiones e incluso dieron algunos detalles.

También, pese a no estar incluido en ese programa, la nota alude al antecedente del Marianne Danica, un buque con registro danés que partió de Madrás (India) rumbo al puerto israelí de Haifa con 28,6 toneladas de material explosivo a bordo, según informó El País, y al que el Ejecutivo español rechazó el 21 de mayo una escala en el puerto de Cartagena (Murcia).

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La FMC precisa además en el documento remitido a este medio que "la situación anterior cumple con los requisitos mínimos para su consideración bajo la autoridad reglamentaria y estatutaria pertinente" y que, en esta fase, "la Comisión se centrará en proporcionar una vía para que las partes interesadas, incluido el Gobierno de España, proporcionen información, perspectivas y soluciones propuestas".

El organismo añade que "la jurisdicción de la Comisión es amplia y la agencia agradece los comentarios no solo del Gobierno de España, sino también de los intereses del transporte marítimo y cualquier otra persona con información o perspectivas relevantes".

La agencia del Gobierno americano advierte además que "a la Comisión le preocupa que esta aparente política de denegar la entrada a ciertos buques cree condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior" y recuerda que "los recursos bajo el Capítulo 421 incluyen, pero no se limitan a, la denegación de entrada a buques de un país sancionado y multas de hasta 2.304.629 dólares por viaje".