La CNMC propone una simplificación normativa para impulsar la competitividad de las pymes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto el foco en uno de los déficits estructurales del tejido productivo español. En un nuevo estudio, el supervisor plantea una reforma integral de la normativa que afecta a las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de eliminar barreras, reducir cargas burocráticas y facilitar su acceso a la contratación pública. La tesis es clara: simplificar el marco regulatorio es condición necesaria para mejorar la competitividad de un segmento empresarial que sostiene buena parte de la economía.

El organismo recuerda que España cuenta con más de tres millones de pymes, que representan el 99,8 % del total de empresas, generan el 65 % del empleo y aportan el 55 % del PIB del sector privado. Sin embargo, su papel estratégico contrasta con los obstáculos que siguen condicionando su crecimiento, desde la fragmentación normativa hasta la morosidad o la complejidad administrativa.

El diagnóstico procede del Estudio sobre las barreras a la creación y al crecimiento de las pymes y a su participación en la contratación pública, en el que la CNMC identifica los principales cuellos de botella y propone soluciones para reforzar la competencia y dinamizar la actividad empresarial.

Uno de los problemas más relevantes es la escasa presencia de estas compañías en las licitaciones públicas. Las dificultades para obtener información, el diseño de los pliegos o la propia complejidad normativa reducen sus opciones como adjudicatarias y, en muchos casos, las desincentivan a participar, especialmente cuando existen requisitos “innecesarios o desproporcionados” que elevan los costes.

La CNMC advierte de que esta situación no solo perjudica a las empresas, sino también a las administraciones, que reciben menos ofertas y, por tanto, disponen de menor competencia en términos de calidad y precio al resolver sus concursos. El impacto termina trasladándose al gasto público y a los servicios que reciben los ciudadanos.

Para revertir este escenario, el supervisor propone impulsar un mercado más integrado y procompetitivo mediante la reducción de la fragmentación normativa y la promoción de herramientas de coordinación regulatoria, como las denominadas “ordenanzas tipo” municipales.

El documento también aboga por facilitar la creación de empresas extendiendo el uso de las declaraciones responsables, agilizando la tramitación de licencias y reforzando el sistema CIRCE como ventanilla única para emprendedores. A ello se suma el impulso a los bancos de pruebas regulatorios —sandboxes— como instrumentos para favorecer la innovación.

En paralelo, la CNMC plantea modular las obligaciones regulatorias para evitar el llamado “efecto escalón”, es decir, saltos bruscos en las exigencias legales en función del tamaño empresarial, y garantizar transiciones más graduales que no penalicen el crecimiento.

Otra de las prioridades pasa por reducir las cargas administrativas. El organismo recomienda asegurar el cumplimiento del principio de “solo una vez” en la aportación de documentación, diseñar ayudas accesibles y procompetitivas y aplicar un apoyo más proactivo a las pymes. También insta a combatir la morosidad valorando mecanismos como los pagos automáticos de intereses de demora y sanciones frente a impagos.

En materia de contratación pública, la propuesta es aún más ambiciosa. La CNMC apuesta por una reforma profunda del marco vigente para simplificar los procedimientos y facilitar la participación empresarial, mejorar la accesibilidad de la información sobre licitaciones y promover iniciativas de acompañamiento y formación.

El regulador sugiere además reforzar la planificación y el análisis previo de mercado, impulsar la división de los contratos en lotes para fomentar la competencia y evitar requisitos desproporcionados, así como ajustar los plazos y reducir las cargas tanto en la presentación de ofertas como en la ejecución de los contratos.

La recomendación final apunta a dotar de mayores recursos a los órganos de contratación, un elemento que la CNMC considera clave para mejorar el funcionamiento del sistema.

El informe se enmarca en las funciones de promoción de la competencia del organismo, que defiende que las pymes no solo contribuyen al crecimiento económico, sino que también impulsan la innovación y fortalecen la rivalidad en los mercados.