Los abogados de empresa alertan de un 'boom' de litigios por la presión geopolítica

La presión geopolítica a nivel mundial pasa factura a las asesorías jurídicas de las grandes compañías. Así lo confirma la última edición del Global Disputes Forecast, un estudio anual elaborado por Baker McKenzie que toma la temperatura a los equipos in house en materia de litigación. Aunque la ciberseguridad repite un año más como el mayor dolor de cabeza para los encuestados, los abogados también alertan de los riesgos que conlleva la actual situación geopolítica a nivel mundial, con Europa como una de las regiones donde más inquietud hay.

En concreto, el 79% de los encuestados identifica los aranceles, las sanciones y los controles de exportación como factores externos clave que incrementan la exposición de sus empresas a posibles litigios. Además, el 82% admite estar preocupado por sufrir investigaciones transfronterizas y coordinadas entre distintas administraciones públicas. La geopolítica es, por detrás de la ciberseguridad y la fiscalidad, una de las mayores preocupaciones para los abogados corporativos.

Preguntados por el máximo riesgo que afrontan sus compañías, los encuestados repiten la ciberseguridad como el mayor riesgo, con un 18%; seguido de la fiscalidad, que registra un 12%; y las sanciones, que va justo después con un 11% de las respuestas.

De forma paralela, el informe también indaga sobre el top 3 de riesgos para las organizaciones. Es decir, qué tres riesgos son los más relevantes para los encuestados, que podían dar una respuesta múltiple. Aquí los datos revelan cómo la preocupación por las sanciones ha crecido en un año desde el 21% hasta el 32%. La ciberseguridad se mantiene al frente de la tabla con un 43% y fiscalidad también se anota una subida desde el 25% hasta el 30%.

Por geografías, Alemania y Reino Unido son dos de los países que más preocupación manifiestan en términos de riesgos geopolíticos y comerciales.

"Estas tendencias tienen una traslación directa al mercado español, especialmente en sectores expuestos al comercio internacional y a cadenas de suministro complejas. Asimismo, marcos regulatorios europeos como NIS2, el Reglamento de IA o la aplicación del Pilar Dos están elevando la carga de cumplimiento y aumentando la probabilidad de litigios en España, situando a las organizaciones ante un escenario de mayor escrutinio y posibles disputas tanto en el ámbito tecnológico como fiscal", detalla el informe.

María Masó, socia del área de Procesal Penal, Compliance e Investigaciones de Baker McKenzie, explica que "la fragmentación regulatoria y el endurecimiento de las sanciones internacionales están obligando a las empresas a replantear sus estrategias de cumplimiento. La anticipación y la integración del cumplimiento en su estrategia internacional son claves para mitigar riesgos en un entorno donde la cooperación entre autoridades se intensifica".

Por su parte, Marc Prat, socio del departamento de Derecho Procesal de Baker McKenzie, añade que "estamos viendo cómo las disputas se vuelven más complejas y con un mayor impacto económico, muchas veces difícil de prever, especialmente en materia fiscal y tecnológica. La preparación para litigios internacionales exige recursos y planificación, pero muchas organizaciones reconocen que sus presupuestos actuales son insuficientes para afrontar el nivel de riesgo previsto. Es por ello que resulta esencial que los despachos de abogados ofrezcan a sus clientes mecanismos de prevención y cuenten con estructuras capaces de asumir pleitos complejos transfronterizos de forma eficiente".

Falta de presupuesto

Apenas el 40% de los profesionales encuestados revela que su presupuesto para litigios en 2026 es suficiente para afrontar posibles litigios, mientras que un 38%, cuatro de cada diez encuestados, admite que no cuenta con recursos suficientes para afrontar posibles litigios y actuar de forma preventiva. Solo un 7% asegura contar con un presupuesto holgado.

"Las organizaciones con recursos limitados tienen dificultades para estudiar los asuntos en profundidad, contratar a asesores especializados o gestionar varios casos a la vez. Estas limitaciones reducen la flexibilidad y aumentan el riesgo de retrasar la toma de decisiones o bien pueden llevar a tomarlas de forma reactiva cuando los litigios escalan", advierte el informe.