Los despachos anticipan un año de litigios con la Justicia al borde del colapso

Un año con más pleitos, algo más grandes y con un creciente protagonismo de los fondos de financiación de litigios. Ese podría ser, a grandes rasgos, el resumen de las previsiones que hacen los equipos de Procesal de algunos de los principales despachos de abogados. Las disputas en torno al sector energético se alzan como las grandes protagonistas del año y la mayoría de firmas consultadas por El Confidencial prevé aumentar la facturación en el actual ejercicio. Lo que no ha cambiado, ni parece que vaya a hacerlo a corto plazo, es la opinión sobre el uso y utilidad de los MASC: más del 70% de bufetes consultados hace una valoración negativa. El Confidencial publica la segunda entrega de su especial anual de previsiones de las principales áreas de negocio de los despachos de abogados tras la primera entrega centrada en la práctica de M&A.

En primer lugar, uno de los grandes consensos entre las grandes firmas consultadas es la preocupación que genera la instauración y funcionamiento de los tribunales de instancia, que ha tensionado (todavía más) el funcionamiento del sistema. “Existe una percepción generalizada de caos organizativo y falta de personal en los juzgados, con deficiencias en la implantación de sistemas tecnológicos y procesos que generan retrasos y mayor carga administrativa para los abogados”, explica Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer y director de la práctica de Litigación y Arbitraje en España. "Nos preocupa la avalancha de cambios normativos y la constante adaptación que ello requiere, en un contexto muy particular de colapso de la justicia y proliferación de los litigios de toda índole", señalan José Antonio Rodríguez y Alberto Manzanares, socios de Procesal de Ashurst.

Para Cecilia Rosende, socia de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje de Garrigues, las últimas reformas legales en torno a la Justicia han agudizado una situación que ya era “crítica”, y advierte que “en algunas plazas se aprecian signos alarmantes como, por ejemplo, retrasos en la admisión de demandas de más de 8 meses o señalamientos a más de 2 años vista”. En la misma línea se manifiesta Antonio Carreño, socio coordinador del grupo de Litigación de Cuatrecasas, que lamenta que “los tiempos en la resolución de los procedimientos son excesivamente largos y ello penaliza la sensación que los ciudadanos y empresas tienen sobre la calidad de la justicia”.

Javier Mendieta, socio de Procesal de A&O Shearman, pone el foco en “el sustancial incremento de la litigación en masa, sobre todo en materia de reclamaciones por infracción del Derecho de defensa de la competencia, algo que "está generando tensiones en los equipos de Procesal, dada la gran dedicación que exigen y la necesidad de establecer un adecuado y fiable sistema de gestión, desde los puntos de vista sustantivo, procesal e incluso logístico”. No es el único que pone sobre la mesa la litigación masiva y la futura ley de acciones colectivas, cuya aprobación sigue sin llegar. “Esta normativa tendría un impacto significativo en la litigación de consumo, así como su posible canalización a través de operadores como los fondos de litigación o las empresas de financiación de litigios, cada vez más presentes en nuestro mercado”, añade Agustín Capilla, socio de Procesal de Uría Menéndez. Javier Izquierdo, socio responsable de Procesal de Squire Patton Boggs, también incide en que 2026 puede ser el año en el que la actividad de estos fondos se consolide en España.

Para Óscar Franco, socio responsable de Procesal en Latham & Watkins, la trasposición de esta directiva “puede acrecentar el interés por litigar, lo que exigirá a las empresas implementar salvaguardas y conocer en detalle los pormenores de la nueva regulación”.

Los MASC, casi un año después de su entrada en vigor, también siguen siendo motivo de inquietud en las firmas. “Existe una preocupación por la dispersión normativa, la multiplicidad de criterios o decisiones judiciales, muchos de ellos antagónicos, y la falta de certidumbre en cuanto a la interpretación final de las normas jurídicas, principalmente las de nueva introducción, como pueden ser las referentes a los Medios Adecuados de Resolución de Controversias (MASC)”, advierte Mendieta, de A&O Shearman. La existencia de “múltiples criterios” en la aplicación de los MASC, según apunta Franco, de Latham & Watkins, “evidencia una heterogeneidad que genera incertidumbre, y fomenta la inseguridad jurídica”.

Un año de litigios multisectoriales

Por sectores, Energía lídera como el sector que promete mayor conflictividad, pero también tienen muchas papeletas Financiero, Protección de Datos, Competencia y M&A son los que tienen más papeletas para protagonizar los litigios del año. “Esperamos un año especialmente activo en materia procesal, con un aumento de la litigiosidad en los sectores y operaciones más habituales”, explica Guillermina Ester, socia de Procesal de Pérez-Llorca. “Entre los principales ámbitos se encuentran las reclamaciones derivadas de operaciones de M&A y reestructuraciones, así como litigios relacionados con el sector de la construcción, tanto civil como pública. Asimismo, se prevé un incremento de los conflictos en materia de competencia desleal y de proyectos fotovoltaicos”.

La intensa actividad transaccional de los últimos meses, tal y como recuerda Capilla, de Uría, puede derivar en un aumento de disputas contractuales y societarias. Una tesis que comparte Carreño, de Cuatrecasas, que recuerda que “el incremento de las operaciones de M&A suele conllevar un aumento de las controversias post closing”. En materia energética, Rafael Murillo, socio de Procesal de Gómez-Acebo & Pombo, prevé un pico de litigios derivado del apagón y las dificultades de acceso a la red. "La transición energética y la volatilidad geopolítica están tensionando contratos de largo plazo y provocando disputas tanto comerciales como con Estados", añaden Rodríguez y Manzanares, de Ashurst.

Las reclamaciones por infracciones de Competencia son otro de los grandes focos de los letrados, tal y como apunta Izquierdo, de Squire, que considera que este tipo de litigios será uno de los grandes protagonistas del curso.

“La actual y creciente presión sobre el sector tecnológico, expuesto cada vez a mayor regulación que le impone restricciones y sanciones, está generado ya un incremento de la litigiosidad en dicho sector”, añade Marc Prat, socio de Procesal de Baker McKenzie.”También aquellos sectores que dependen de cadenas internacionales de suministro, como la automoción, sector farmacéutico y el retail, están ahora más expuestos a mayor litigiosidad al ser más sensibles a las tensiones geopolíticas y cambios imprevisibles en materia arancelaria y de sanciones”.

Mendieta, de A&O Shearman, y Roberto Muñoz, 'counsel' de Latham & Watkins, también señalan el sector de las infraestructuras. “Veremos controversias por razón de sobrecostes, retrasos, fuerza mayor y peticiones de reajuste de precios, particularmente en proyectos complejos y de larga duración”, anticipa el socio de A&O Shearman. Para Muñoz, “el sector de la construcción afronta un escenario de litigiosidad creciente. La combinación de una presión más elevada por promover vivienda, junto con la escasez de mano de obra, la volatilidad de los precios de determinados materiales y el encarecimiento progresivo de los costes, genera tensiones contractuales que incrementan el número y complejidad de disputas. A todo ello se añade el aumento que estamos sufriendo de eventos climáticos adversos imprevisibles, que puede provocar retrasos y sobrecostes significativos en la ejecución de los trabajos”.

Geopolítica: un riesgo real

La convulsa situación geopolítica a nivel mundial está constantemente en el radar de los despachos de abogados. Sanciones internacionales, aranceles y tensiones en la cadena de suministro son algunos de los asuntos que más preocupan a los bufetes, que admiten la incertidumbre que genera a sus clientes un escenario internacional tan cambiante.

“Las tensiones geopolíticas pueden intensificar disputas contractuales en cadenas de suministro, comercio internacional y M&A, tanto ante jurisdicción ordinaria como en arbitraje. Restricciones comerciales, sanciones, volatilidad de precios y cambios regulatorios incrementan el riesgo de incumplimientos, hardship y fuerza mayor, y fomentan la revisión de contratos de larga duración”, explican Borja Fernández de Trocóniz y Alex Ferreres, socios de Procesal y Arbitraje de Linklaters.

“Como tendencia de fondo, observamos una mayor sofisticación de las partes a la hora de gestionar el riesgo de litigiosidad: se presta más atención preventiva a la redacción contractual, a los mecanismos tempranos de resolución de conflictos y al uso estratégico, y responsable, de la financiación externa de litigios”, añaden los abogados de Linklaters.

Rosende, de Garrigues, confirma que el impacto geopolítico en la práctica de Litigación puede ser “muy grande”, si bien se puede proyectar “de muy diversas formas”. La abogada señala, a modo de ejemplo, “tensiones geopolíticas tales como la inestabilidad arancelaria, los conflictos bélicos o la volatilidad en el precio de las materias primas pueden ser desencadenante de numerosas controversias que, eventualmente, acaben en los tribunales al hacer más gravoso, dificultar o, en casos extremos, incluso impedir el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Estos riesgos se incrementan exponencialmente en el ámbito del comercio y la litigación internacional”. A esa dificultad de cumplir con los contratos también se refiere Prat, de Baker McKenzie. “La imposición de aranceles y restricciones comerciales comporta un aumento del coste operativo y de las materias primas, provocando un desequilibrio entre las obligaciones contractuales a cargo de alguna de las partes, hasta el punto de que el cumplimiento del contrato puede resultar imposible o insostenible económicamente, lo que se traduce en la necesidad de renegociar o resolver contratos”, apunta.

En todo caso, advierte Rosende, “hay que ser extremadamente cautelosos a la hora de analizar estos factores porque, en ocasiones, se pueden emplear como excusas para enmascarar incumplimientos que tienen otra causa”.

Para Mendieta, de A&O Shearman, “la aplicación de los distintos regímenes de sanciones, el establecimiento de aranceles o controles a la importación y los cambios sobrevenidos de gobiernos, así como las alteraciones de las alianzas estratégicas, pueden dar lugar a controversias contractuales por incumplimiento o por modificación de circunstancias, corte de las cadenas de suministro (con distintas disputas en sus distintos niveles), un aumento de los litigios relativos a los pactos de socios o los acuerdos de empresas en participación, así como un incremento de los arbitrajes de inversión, como consecuencia de expropiaciones o nacionalizaciones de iure o de facto, o la adopción de medidas estatales extraordinarias, particularmente en el ámbito fiscal o regulatorio, que perjudiquen al inversor o que alteren sustancial y negativamente las condiciones en que la inversión se realizó”.

Por otro lado, Murillo, de Gómez-Acebo, cree que el impacto de la geopolítica en la práctica litigadora “será menos relevante” que el impacto que resulta “de decisiones que se adoptan, al margen de conflictos geopolíticos, por los diferentes gobiernos en aplicación de sus políticas internas, tales como las decisiones del Gobierno norteamericano que impactan, por ejemplo, sobre inversiones en el sector energético, o de gobiernos europeos sobre el sector tecnológico”.