La Justicia admite el recurso del Gobierno contra la Universidad del ICAM que aprobó Ayuso

La batalla entre Gobierno e ICAM a propósito de la universidad impulsada por Eugenio Ribón tiene un nuevo capítulo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Abogacía del Estado, contra la orden de la Comunidad de Madrid que autoriza la adscripción del Centro Universitario “Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)” a la Universidad Complutense de Madrid, según informan fuentes del propio Ministerio a El Confidencial.

El recurso, precisan esas mismas fuentes, fue presentado el pasado 12 de enero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM y se dirige contra el acto administrativo firmado por el consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades que dio luz verde a la adscripción.

El auto de admisión, fechado el 16 de enero, ordena activar la fase inicial del procedimiento y fija las primeras obligaciones procesales. En concreto, el tribunal acuerda “requerir a Comunidad de Madrid la remisión a esta Sección, en el plazo improrrogable de 20 días del expediente administrativo, en formato electrónico”, además de notificar la resolución a todos los interesados y emplazarles “para que puedan comparecer ante este órgano judicial en el plazo de nueve días”. Se trata de un trámite habitual, pero imprescindible para que la Sala pueda examinar la actuación administrativa impugnada y delimitar el alcance del litigio.

Consultado por este medio, fuentes del ICAM confirma que se personará como parte interesada en el procedimiento con el propósito de "defender un proyecto de carácter estrictamente académico y profesional". ICAM, que deja constancia del "respeto hacia las actuaciones de las distintas administraciones públicas", asegura que la autorización de la adscripción de la universidad que impulsa es el resultado de un "procedimiento técnico, prolongado y reglado", en el que afirman haber intervenido "múltiples órganos universitarios, administrativos y de evaluación de la calidad".

Además, aseguran que el papel del ICAM en este procedimiento se ha limitado a "impulsar y sostener" el proyecto "en los términos legalmente previstos",

Una universidad de un colegio profesional

La orden autonómica autorizó, por primera vez en España, un escenario inédito en el que un colegio profesional impulsa un centro universitario privado adscrito con capacidad para impartir títulos oficiales de grado y máster.

Esa singularidad es la que ha convertido el proyecto en un punto de fricción entre el Gobierno central, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el ICAM. El Ministerio ya había venido sosteniendo que su actuación administrativa en el procedimiento estaba condicionada por la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), que califica como “acto debido” una vez recibida la autorización autonómica. Otra cosa, diferenciaba, es la valoración jurídica de fondo sobre la legalidad de la orden de adscripción, que considera susceptible de ser contraria al marco legal y reglamentario de estos centros y que, por eso, decidió impugnar ante el TSJM.

En paralelo, el frente político se había ampliado. El PSOE de Madrid también recurrió la autorización ante el TSJM y, además, dos abogados y diputados socialistas presentaron un recurso propio en su condición de colegiados, apoyando su legitimación en un argumento directo: su interés legítimo derivaría de pertenecer al colegio profesional que promueve el centro universitario.

El ICAM, por su parte, ha defendido públicamente la legalidad del proyecto y el procedimiento seguido. Bajo la dirección de Eugenio Ribón, el Colegio ha subrayado que su iniciativa no es improvisada y la enmarca en una actividad formativa continuada desde 1986. También ha puesto el foco en un punto que se ha vuelto nuclear: la modificación de sus estatutos para habilitar expresamente la actividad docente, después de que se plantearan objeciones previas por parte de la Fundación para el Conocimiento Madri+d y de que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid fijara en mayo de 2024 un criterio jurídico que acabaría desbloqueando el proceso, al vincular la viabilidad de la titularidad colegial a esa previsión estatutaria.