El doble filo de la Segunda Oportunidad: "Hemos confundido justicia social con ausencia de control"

El juez Álvaro Lobato cree que no son pocos los jueces que opinan como él respecto a la ley de Segunda Oportunidad, pero no muchos se atreven a decirlo en voz alta. Esta normativa, aprobada en 2015, fue impulsada por el Gobierno para permitir a aquellas personas excesivamente endeudadas poder cancelar sus deudas y empezar una nueva vida libre de cargas. Sobre el papel, un objetivo loable que Lobato ve acertado para deudores de buena fe y emprendedores, pero que en la práctica, según lamenta, se ha convertido en un coladero para exonerar deudas sin control a particulares que han actuado de forma irresponsable.

Es una de las conclusiones que alcanza en su libro ‘El mito de la segunda oportunidad: la catástrofe de las buenas intenciones’, recientemente publicado por la editorial Almuzara, y en el que ofrece una propuesta de reforma para "racionalizar" la ley. Lobato es favorable a la existencia de la Segunda Oportunidad, pero cree que hay que ponerle límites e introducir nuevos mecanismos para evaluar la conducta del deudor y evitar que se beneficien aquellos que han actuado de forma temeraria.

"El mayor defecto de la Ley de Segunda Oportunidad no es jurídico, sino de incentivos", explica Lobato en conversación con El Confidencial. "La ley está diseñada como si el endeudamiento fuera siempre un accidente y no, en muchos casos, el resultado de decisiones conscientes tomadas sin asumir consecuencias. Al convertir la exoneración en un mecanismo casi automático, el sistema rompe la relación básica entre decisión y responsabilidad, y eso es letal para cualquier orden económico. Cuando el incumplimiento deja de tener coste, deja de ser excepción y se convierte en estrategia".

Los efectos de la ley, según defiende, deberían ser evaluables con datos: "Hay que saber qué funciona, qué no y a qué precio"

El juez no plantea endurecer la ley, más bien aboga por "racionalizarla". Para ello, apunta que sería deseable "introducir criterios objetivos, medibles y verificables para evaluar la conducta del deudor, reducir la discrecionalidad moral y recuperar el principio básico de que la segunda oportunidad es para quien fracasa pese a actuar prudentemente, no para quien traslada sistemáticamente el coste de sus decisiones a terceros". Los efectos de la ley, según defiende, deberían ser evaluables con datos: "Hay que saber qué funciona, qué no y a qué precio".

El magistrado añade que el marco normativo actual permite "un control razonable de la conducta del deudor, mediante la apreciación de la imprudencia o la temeridad", pero el problema, sostiene, es "el concepto extraordinariamente laxo de imprudencia que se ha ido consolidando en el ámbito de la segunda oportunidad". A modo de ejemplo de conductas temerarias, apunta a endeudarse muy por encima de la capacidad de ingresos, persistir en el consumo cuando la insolvencia es previsible o trasladar la responsabilidad de forma sistemática a terceros.

Para el juez, la ley confunde protección del deudor con impunidad económica. "Hemos confundido compasión con indulgencia y justicia social con ausencia de control. El resultado es una ley que protege mejor al deudor irresponsable que al prudente, y eso es un mensaje profundamente regresivo", advierte.

El papel de la banca

Hasta aquí, un análisis del papel de los deudores, pero al otro lado de la mesa se sitúan las entidades financieras, que son las que conceden los créditos y que también están presentes en el libro de Lobato. El magistrado sostiene que los bancos tienen el deber legal de evaluar la solvencia del prestatario antes de conceder el crédito, algo que ya hacen "bastante bien", pero eso no significa que la entidad deba ser "garante universal de la racionalidad del deudor y mucho menos en el ámbito concursal".

"La responsabilidad bancaria existe, pero no puede convertirse en el salvoconducto universal del endeudamiento imprudente, porque entonces el problema deja de ser individual y pasa a ser sistémico y eso, como muestran los datos, lo acabamos pagando todos", añade.

En cuanto a quiénes deberían poder beneficiarse de esta ley, Lobato tiene claro que habría que centrarse, principalmente, en empresarios, emprendedores y autónomos. "La segunda oportunidad, tal y como nace en el Derecho comparado y en las Directivas Europeas, está pensada fundamentalmente para el empresario o el autónomo que fracasa, no para el consumidor que se endeuda de forma estructural. Su lógica no es moral, ni asistencial, sino económica. Cuando ese mecanismo se traslada de forma masiva al ámbito del consumo privado, la lógica cambia por completo. Ya no hablamos de riesgo productivo, sino de consumo anticipado, muchas veces sin una capacidad real de reembolso y en contextos cercanos a la insolvencia", advierte el juez.

"La cuestión surge cuando la excepción se convierte en regla y la segunda oportunidad funciona como sustituto de la Política Social"

En el libro, Lobato apunta que el perfil dominante que recurre a esta ley en España es el del particular, y lamenta que la exoneración se conceda de forma "casi automática". ¿Esto significa que todos los particulares deberían quedarse fuera? El magistrado cree que no y apunta a circunstancias "excepcionales" donde sí ve adecuado la aplicación de la ley, desde una enfermedad grave o una discapacidad sobrevenida que corta la capacidad de generar ingresos. "Pero este no es el problema", insiste. "La verdadera cuestión surge cuando la excepción se convierte en regla y la segunda oportunidad pasa a funcionar como un sustituto encubierto de la Política Social".

"El Derecho concursal no está diseñado para eso y cuando se utiliza con ese fin, el coste no desaparece: se traslada al sistema financiero, encarece el crédito, restringe el acceso a la financiación y acaba afectando, paradójicamente, a los colectivos más vulnerables", concluye el juez. "Por eso defiendo que la segunda oportunidad debería reformarse. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir una buena idea en una fábrica de efectos perversos".