La revuelta de los futbolistas: el caso Diarra abre un frente multimillonario a la FIFA

Lassana Diarra colgó las botas para anudarse la corbata. En la frase que dejó en su presentación como jugador del Real Madrid, el 22 de diciembre de 2008, asomaba ya un espíritu que ha marcado su trayectoria dentro y fuera del césped. “Soy un luchador”, declaró entonces el mediocentro francés, que portó el dorsal 10 mientras robaba balones como ancla del equipo blanco con el que ganó una Liga.

Ese carácter bregador acabó trasladándose a los tribunales. La FIFA multó a Diarra con 10,5 millones de euros y suspendió su licencia como futbolista durante 15 meses por incumplimiento de contrato con el Lokomotiv de Moscú, en 2014, en un contexto de conflicto contractual tras impagos del club ruso. Cuando el jugador trató de fichar por el club belga Sporting Charleroi, la maquinaria regulatoria del fútbol se convirtió en un muro.

La FIFA no garantizó que el nuevo club quedara libre de responsabilidad solidaria por la indemnización y la federación belga se negó a expedir el certificado de transferencia internacional (ITC), bloqueando de facto su movilidad laboral. La decisión, tomada por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, estaba compuesta por cinco árbitros, dos de los cuales eran representantes de los futbolistas.

Diarra contraatacó. En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que varios elementos clave del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores vulneraban el Derecho de la Unión. En particular, el TJUE puso el foco en dos engranajes del sistema. Por un lado, la responsabilidad solidaria del club de destino por la indemnización debida al club anterior en caso de ruptura contractual sin “causa justa”.

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Por otro, la posibilidad de retener el ITC cuando existe una disputa contractual. Ambas reglas, concluyó el Tribunal, restringen la libre circulación de trabajadores y pueden eliminar la competencia entre clubes al hacer “jurídica y financieramente arriesgado” fichar a determinados jugadores.

La sentencia fue más allá del plano teórico. El TJUE subrayó que estas normas trasladaban a los clubes riesgos de “incertidumbre jurídica”, “riesgos financieros importantes e imprevisibles” y “desventajas deportivas”, como retrasos en la incorporación de futbolistas. Y remachó una idea clave para el litigio posterior: no era necesario probar un daño efectivo, bastaba el alto potencial restrictivo de las reglas para declarar su ilegalidad.

Sentencia histórica; demanda para cambiar el sistema

Ese fallo, calificado como histórico en el ámbito del derecho deportivo, llevó entonces a la FIFA a iniciar un proceso de revisión del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, que sigue en marcha, y a introducir un reglamento temporal en la materia que suaviza parcialmente sus normas de traspasos en diciembre de 2024. Ahora, la senetncia es la base jurídica sobre la que se ha construido ahora una demanda colectiva de gran escala que se interpondrá contra el máximo organismo del fútbol mundial y cinco federaciones nacionales: Países Bajos, Bélgica, Francia, Dinamarca y Alemania.

La ‘class action’ está liderada por Justice for Players, una fundación neerlandesa creada ad hoc para canalizar la reclamación. “Las federaciones elegidas mantienen una relación estrecha con la FIFA, están bien organizadas y son influyentes dentro del sistema futbolístico, lo que les permite representar adecuadamente al conjunto de asociaciones nacionales”, explica su presidenta, Lucia Melcherts. La fundación evita concretar cifras, pero admite que la reclamación apunta a una compensación de “varios miles de millones de euros”.

Las reglas de traspasos declaradas ilegales redujeron hicieron ganar a los futbolistas, de media, un 8% menos a lo largo de sus carreras

El objetivo económico no es retórico. Un informe pericial elaborado por Compass Lexecom, citado en la documentación del caso, sostiene que las reglas de traspasos declaradas ilegales redujeron la capacidad de negociación de los futbolistas y les hicieron ganar, de media, alrededor de un 8% menos a lo largo de sus carreras desde 2002. Es ese cálculo agregado el que sitúa el impacto potencial del litigio en el terreno de los miles de millones.

El epicentro: Países Bajos

La arquitectura legal de la ofensiva se apoya en una elección procesal precisa: Países Bajos. La demanda se articula bajo la ley neerlandesa de acciones colectivas (WAMCA), que permite a una fundación representar ante los tribunales a un colectivo amplio de perjudicados, incluidos futbolistas que hayan trabajado en clubes de la Unión Europea o del Reino Unido desde 2002. El procedimiento se dirige al tribunal de distrito de Midden-Nederland, en Utrecht.

Justice for Players se ha estructurado como un vehículo con tres patas: legitimación, litigación y financiación. La fundación está presidida por Melcherts, asesora y coordinadora en el Ministerio de Justicia y Seguridad neerlandés; junto a ella figura Dolf Segaar, abogado especializado en gobernanza y litigios deportivos, exsocio director de CMS en Países Bajos; y Franco Baldini, exsubdirector técnico de la selección inglesa y perfil con amplia red de contactos en la industria del fútbol.

La representación procesal recae en el despacho Finch Dispute Resolution, especializado en acciones colectivas, mientras que el asesoramiento jurídico incluye a Jean-Louis Dupont, el abogado belga que ganó el caso Bosman y que también representó a Diarra. La financiación del litigio corre a cargo del fondo Deminor.

Según explican desde Deminor, la demanda se concibe como una reclamación de seguimiento (‘follow-on’). “El TJUE declaró de forma inequívoca que las normas eran ilegales y que perjudicaron a todos los jugadores sujetos a ellas durante años”. En la misma línea, desde el fondo subrayan que “la responsabilidad es solidaria”, lo que implica que tanto la FIFA como las federaciones nacionales podrían responder económicamente.

Ese planteamiento deja la puerta abierta a una ampliación del perímetro. Justice for Players no descarta incorporar nuevas federaciones. “Se están realizando análisis adicionales y podrían incorporarse otras, aunque por el momento no podemos facilitar más detalles”, señalan. España está en ese radar.

Justice for Players no descarta incorporar nuevas federaciones. "Se están realizando análisis adicionales y podrían incorporarse otras"

Tanto la propia Melcherts como Deminor advierten de que “las 28 federaciones nacionales europeas y las cuatro federaciones del Reino Unido, junto con la FIFA, son solidariamente responsables de cualquier compensación que pueda concederse finalmente a los jugadores”, un aviso especialmente sensible en países con ligas de salarios elevados.

Además, fuentes legales señalan que ya hay varios despachos españoles manteniendo reuniones con futbolistas y clubes para estudiar adherirse a la demanda. Este medio se ha puesto en contacto con FIFA, que remite al proceso de revisión del reglamento de traspasos que está en marcha. También con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que trasladan que es "un tema que les preocupa".

De hecho, la propia AFE organizó "una jornada para abordar sobre este tema en noviembre de 2024" en referencia a la sentencia del TJUE del caso Diarra. "En esa jornada dejamos claro que en España este tema está regulado en el artículo 16 del RD 1006/85 pero no obstante aportaremos nuestra experiencia y conocimientos en el diálogo abierto con FIFA".

El artículo de la norma a la que hace referencia la patronal del fútbol regula la extinción del contrato por voluntad del deportista profesional y deja claro que, si el jugador rompe el vínculo sin causa imputable al club, debe abonar una indemnización —en ocasiones fijada mediante cláusula de rescisión—, mientras que si lo hace por un incumplimiento grave del club, como el impago de salarios, la resolución tiene los efectos de “un despido improcedente”, con derecho a indemnización para el futbolista y “sin sanción alguna”.

Dónde se puede demandar

“Las demandas se pueden plantear tanto en Holanda como en Suiza, así como en España, si fuera el caso, en el domicilio de los perjudicados, jugadores y clubes”, señala Julia Suderow, socia fundadora de Suderow Fernández. La letrada, experta en competencia, aclara que aunque las normas de la FIFA incluyan arbitraje obligatorio en Suiza, “esta sumisión no resultaría de aplicación al presente caso ya que las reclamaciones se basan en la conducta abusiva de la FIFA canalizada y reforzada a través de la sumisión al arbitraje ante el TAS con sede en Lausana (Suiza)”.

Un amplio frente sindical

En paralelo, el frente sindical ha ido ganando peso. En octubre de 2025, la Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), el sindicato francés de futbolistas profesionales, se sumó como codemandante. Su presidente, David Terrier, es también presidente de FIFPRO Europa. Después se incorporaron la Vereniging van Contractspelers (VVCS) de Países Bajos, United Athletes de Bélgica y VdF – Die Spielervereinigung de Austria. A comienzos de diciembre se añadieron los sindicatos de futbolistas de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Serbia, y poco después el sindicato checo anunció su adhesión. En total, diez organizaciones europeas integradas en FIFPRO Europa.

FIFPRO, que no acudió a la última reunión sobre el proceso de revisión del reglamento de traspasos de la FIFA, ha respaldado la base del litigio y lo ha vinculado a una reforma más amplia de la gobernanza del fútbol. En ese contexto, Glenn Micallef, comisario europeo de Cultura, Juventud y Deporte de la Comisión Europea, ha reclamado públicamente a través de un mensaje en X que los representantes legítimos de los jugadores participen en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus derechos laborales, un mensaje alineado con la tesis central de la demanda colectiva.

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Aunque no hay todavía una cifra pública de jugadores formalmente adheridos —Justice for Players sostiene que ese dato se mantendrá confidencial en esta fase—, las organizaciones sindicales implicadas calculan que informarán de la acción a entre 25.000 y 35.000 futbolistas y exfutbolistas dentro de un colectivo potencial de hasta 100.000 afectados.

El calendario procesal ya está en marcha. La FIFA y las federaciones demandadas disponían hasta principios de septiembre del pasado año para responder formalmente a la acción. Si no se alcanza un acuerdo extrajudicial, este año la fundación presentará la demanda formal ante el tribunal. En 2027 se espera una resolución sobre la admisibilidad de la acción. Un año más tarde, en 2028, según las previsiones realizadas por Deminor se espera la posible primera sentencia sobre las cuestiones jurídicas de fondo. Mientras tanto, la demanda avanza como un desafío estructural al modelo de traspasos y al equilibrio de poder entre clubes, federaciones y jugadores en el fútbol europeo.