El juez avala la venta de Terratest (Nazca) a la constructora Casais

Terratest tiene nuevo dueño. La constructora especializada en túneles, cuyas grúas están presentes en la actualidad en los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro, pasa a manos de la portuguesa Casais.

El Juzgado de lo Mercantil número 19 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores de la compañía participada por Nazca, ha dado luz verde a la oferta de compra que realizó la constructora portuguesa por 13,5 millones de euros. Según un auto fechado el 3 de diciembre al que ha tenido acceso El Confidencial, el grupo, que supera los 1.000 millones de facturación, se compromete además a mantener los casi 300 puestos de trabajo de la plantilla de Terratest. La operación se articula a través de la sociedad Titan Advance, que actúa "en nombre del Grupo Casais", según la resolución judicial, y que ha sido creada para esta operación.

La constructora acudió a los juzgados el pasado 16 de septiembre para solicitar el concurso voluntario de acreedores con una propuesta cerrada: vender la unidad productiva a Casais. En realidad, el movimiento arrancó semanas antes. El 23 de julio de 2025, las sociedades GTCEISU Construcción, Terratest Group, Terratest Cimentaciones y Terratest, S.A.U. (todas integrantes de Terratest) registraron una solicitud de concurso conjunto con apertura de la fase de liquidación y la enajenación de una unidad productiva a favor de la mejor oferta obtenida en un proceso de ‘pre-pack’, que fue la de Titan Advance.

Esta fórmula, más habitual en Barcelona que en Madrid, permite tramitar a la vez el concurso y la venta a un comprador ya identificado, con el objetivo de acelerar el procedimiento y preservar la actividad.

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En ese contexto, el juzgado nombró como administrador concursal a Summa Iuris Concursal y, mediante un auto de 24 de septiembre de 2025, designó a PKF-Attest como auxiliar delegado para analizar la propuesta de Casais, representada en este proceso por la ‘boutique’ especializada en concursal RSGM. En su informe, la administración concursal avaló la operación y la consideró favorable para la masa activa, respaldo que el juez cita de forma expresa en la resolución al aprobar la transmisión de la unidad productiva.

La batalla por el precio fue uno de los motivos que llevaron a la banca a presentar alegaciones oponiéndose a la oferta presentada por Casais. Entre los acreedores que cuestionaron la operación figuran el fondo público Fonrec (de Cofides) —a través de la Abogacía del Estado— y la banca financiera del grupo: BBVA, CaixaBank, BFF y Santander. En la documentación consultada, el juez señala que el valor que resulta de la documentación obrante en autos difiere del valor real de la compañía, que estas entidades estimaban en torno a 320 millones, según los libros del concurso. El juez pidió tiempo para examinar la oferta y, también, dar posibilidad a que hubiera otras pujas, pero no ha sido así.

Finalmente, ha decidido aprobar la oferta de Grupo Casais para la compra de la unidad productiva del grupo. Casais es un grupo constructor portugués que cuenta con más de 5.700 trabajadores y está presente en España y en otros 16 países de Europa, África, América y Asia. En 2024 obtuvo un volumen de negocio de 830 millones, con un 40% de esta cuantía en mercados exteriores.

Un proceso largo

Terratest decidió presentar concurso de acreedores algo más de un año después de que ese mismo juzgado mercantil homologara el plan de reestructuración presentado por la compañía. El plan contó con el apoyo de Tikehau Capital y Cofides, dos de sus principales acreedores, y con la banca en contra, que impugnó la reestructuración. El proceso sigue pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid.

El proceso de reestructuración de Terratest ha sido uno de los más seguidos por el mercado jurídico y financiero debido al choque entre Cofides y la banca. El fondo Fonrec de la sociedad público-privada (el Estado controla el 53% de Cofides) canalizó financiación durante el covid a través de préstamos participativos. Son inyecciones de capital efectuadas en forma de deuda que deben considerarse crédito ordinario en rango concursal, según Cofides, mientras que los bancos defienden que tienen carácter subordinado. La diferencia es clave, porque determina la protección del crédito en un plan de reestructuración o la posición de cobro en un eventual concurso.

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En este caso, la constructora participada por Nazca —que la adquirió en 2018 por 200 millones— acordó un plan con el fondo francés Tikehau y con Cofides que reducía la deuda de 145 millones a 39 millones. La banca asumía una quita del 30%, mientras que Tikehau cancelaba 118 millones —más de dos tercios del pasivo— a cambio de quedarse con la filial estadounidense. Aberdeen, Racer y Oquendo pasaban a entrar en el capital, donde Nazca conservaba un 51%. En paralelo, Cofides, que había financiado a la compañía con 30 millones en 2022, convertía su préstamo en participativo con una quita equivalente a la de la banca.

Los bancos impugnaron el plan y la Audiencia Provincial de Madrid debe aún pronunciarse. Aunque la sentencia ya no tendrá impacto financiero directo tras la entrada en concurso y la venta de la unidad productiva, las entidades quieren obtener un criterio judicial sobre el rango concursal de los préstamos de Cofides, ante la expectativa de que se repitan procesos similares. También critican que Nazca mantuviera el control societario sin asumir un deterioro mayor, mientras que los acreedores soportaban quitas relevantes.

Tras la reestructuración y la venta de la filial estadounidense —uno de los motores del grupo— el deterioro del balance continuó y Terratest acabó solicitando el concurso. Hay malestar en los bancos porque consideran que el plan dinamitó la viabilidad de Terratest al desgajar el negocio estadounidense. Por otro lado, desde el punto de vista jurídico ha sido un varapalo en su pugna con Cofides. Por ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado que el crédito de Cofides es subordinado, ante la reestructuración de García Faura, mientras que en Madrid hay un pronunciamiento contrario en la reestructuración de Asistencias Carter, ante su disputa con Catalana Occidente, pero en el que se examinan préstamos participativos con carácter genérico, no el caso concreto de Cofides. En Terratest, la Audiencia Provincial de Madrid sí debe estudiar y pronunciarse sobre los préstamos participativos de Cofides.

En el proceso de reestructuración, Terratest contó con Baker McKenzie como asesor legal y FTI como asesor financiero, mientras que Nazca estuvo asesorada por Uría Menéndez. Ambos despachos han continuado implicados en la fase concursal. Por su parte, Tikehau estuvo representada por Gómez-Acebo & Pombo. Los bancos, tanto en la negociación del plan como en su impugnación posterior, trabajaron con Dentons y Ontier, mientras que Cofides estuvo asesorada por Andersen.