Rechazo masivo a los MASC: el 84% de los abogados tumba la obligatoriedad del acuerdo previo

La primera gran evaluación independiente de la Ley 1/2025 de Eficiencia Procesal deja un mensaje incontestable: la abogacía madrileña suspende sin matices la obligatoriedad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). Un 84% de los profesionales consultados por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera negativa la imposición del intento de acuerdo previo para poder litigar, y más de la mitad otorga directamente un 0 sobre 10 al funcionamiento del sistema en sus primeros meses de vida. La encuesta, realizada entre 1.164 letrados de todos los perfiles, revela además que solo uno de cada diez MASC concluye con acuerdo, una cifra que evidencia el escaso impacto real de la reforma.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, resume el sentir mayoritario con contundencia: “La abogacía madrileña no está en contra de los MASC ni de la modernización de la Justicia. Al contrario. Lo que decimos, con este estudio en la mano, es que la eficacia no se decreta por ley”

Más trámites, más retrasos, más inadmisiones

Lejos de aliviar la carga procesal, la aplicación de la ley ha generado el efecto contrario. El informe del ICAM revela que el 90% de los abogados percibe que los nuevos trámites ralentizan los procedimientos, mientras que apenas un 4,3% ha apreciado alguna mejora. La exigencia de acreditar un intento de acuerdo ha derivado en bloqueos procesales inesperados: uno de cada dos profesionales asegura haber tenido dificultades para demostrar ante el juzgado que cumplió el requisito, lo que ha desembocado en inadmisiones de demandas y demoras adicionales.

A ello se suma el nulo rendimiento práctico de la vía extrajudicial obligatoria. Con apenas un 10% de acuerdos, la fase previa se convierte en un trámite que consume tiempo y recursos, pero que no evita el pleito posterior. La abogacía madrileña, según el estudio, se apoya de forma mayoritaria en mecanismos ya consolidados como la oferta vinculante o la negociación directa, mientras que sistemas como la mediación, la conciliación o el derecho colaborativo siguen siendo testimoniales.

“Los datos nos dicen que, tal y como está configurado y aplicado, el sistema de MASC no está logrando los objetivos de eficiencia y está generando cargas adicionales para la ciudadanía y para la abogacía”, advierte Ribón, insistiendo en que la norma se ha diseñado “sin la participación adecuada de quienes tienen que aplicarlo” y que, sin esa legitimación técnica, “los proyectos bienintencionados acaban resultando estériles”.

Riesgo de convertirse en una barrera de acceso a la Justicia

El Colegio alerta de que, si no se corrigen las disfunciones de diseño y aplicación, la obligatoriedad de los MASC puede convertirse en un obstáculo de acceso a los tribunales, especialmente para los ciudadanos con menos recursos. Ribón advierte de forma literal que “la obligatoriedad de los MASC puede convertirse en un obstáculo de acceso a los tribunales, especialmente para quienes cuentan con menos medios”.

La valoración global de la ley corrobora ese pesimismo. La nota media otorgada por los abogados es de 1,6 sobre 10, con una mediana de 0, lo que supone un rechazo transversal, independiente del tamaño del despacho o de la rama de ejercicio.