España se prepara para la ofensiva legal de EEUU por vetar buques con destino a Israel

La tensión entre España y EEUU por Israel se lleva al plano jurídico. La Dirección General del Servicio Exterior, órgano directivo de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha contratado los servicios de un bufete de élite norteamericano para hacer frente a las posibles sanciones millonarias que la Agencia Marítima Federal de EEUU (FMC, por sus siglas en inglés) puede interponer a España por supuestamente bloquear la entrada en los puertos españoles de buques americanos presuntamente cargados con armas con destino a Israel.

Así consta en un documento oficial al que ha tenido acceso El Confidencial donde se reconoce la adjudicación de un contrato con el despacho estadounidense Holland & Knight cuyo objeto literal es "procedimiento ante la Federal Maritime Commission".

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Según la resolución, la Embajada de España en Washington gestionará la ejecución del contrato, que fue adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, justificando que el bufete era el único considerado técnicamente idóneo.

El documento indica que la oferta aceptada asciende a 120.000 euros y que el acuerdo quedó formalizado el 12 de junio de 2025, con un periodo de ejecución fijado entre el 15 de junio de 2025 y el 14 de diciembre de 2026.

Un bufete especializado en litigios complejos

La resolución recoge textualmente que la elección se basa en que el adjudicatario es "el único operador económico capaz de ejecutar el contrato debido a la ausencia de competencia por razones técnicas", lo que evidencia el carácter estratégico de la defensa jurídica.

Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni la Embajada de España en Washington han respondido a las preguntas de este medio sobre el alcance del contrato, el estado del procedimiento y la estrategia jurídica prevista. El expediente de la FMC, institución que tampoco ha querido valorar ante este medio la contratación de Holland & Knight, continúa en fase activa.

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Holland & Knight es uno de los grandes despachos de Washington y figura entre las mayores firmas de Estados Unidos, con más de 2.200 abogados repartidos en 35 oficinas y unos ingresos que en 2024 superaron por primera vez los 2.000 millones de dólares. Especializado en litigios complejos, derecho regulatorio y relaciones con la Administración federal, el bufete cuenta con una potente práctica de ‘public policy’ en la capital estadounidense, habituada a tratar con agencias como la FMC.

En respuesta por correo electrónico, la propia agencia remitió a este diario al documento oficial de inicio de investigación, donde advierte que "a la Comisión le preocupa que esta aparente política de denegar la entrada a ciertos buques cree condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior" y recuerda que "los recursos bajo el Capítulo 421 incluyen, pero no se limitan a, la denegación de entrada a buques de un país sancionado y multas de hasta 2.304.629 dólares por viaje".

La investigación de la FMC

La Federal Maritime Commission mantiene abierta desde finales de 2024 una investigación por la posible creación de "condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de Estados Unidos".

Este procedimiento consta en el aviso oficial de investigación publicado por la propia FMC en el Federal Register, donde se recoge que se le informó de la denegación de escala a los buques portacontenedores Maersk Denver y Maersk Seletar, procedentes de Nueva York y que tenían previsto atracar en el puerto de Algeciras el 8 y 14 del pasado mes de noviembre y a los que el Gobierno español denegó la escala al tener información de que transportaban armas con destino a Israel.

Los dos cargueros, con pabellón estadounidense pero pertenecientes a la naviera danesa Maersk, forman parte del Programa de Seguridad Marítima (MSP) gestionado por la Administración Marítima de EEUU (MARAD), que incluye una flota mercante disponible para el Departamento de Defensa en situaciones de crisis o necesidad. Tras la prohibición de atracar en puertos españoles, ambos terminaron realizando escala en el enclave marroquí de Tánger Med.

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Habían zarpado de EEUU y su destino era Omán, y no Israel, y su carga era legal, según la naviera que tiene un contrato de transporte con la Administración federal. No precisó cuál era la carga de los dos barcos. Varias asociaciones propalestinas de Europa insistieron, sin embargo, en que llevaban armas y municiones e incluso dieron algunos detalles.

También, pese a no estar incluido en ese programa, la nota alude al antecedente del Marianne Danica, un buque con registro danés que partió de Madrás (India) rumbo al puerto israelí de Haifa con 28,6 toneladas de material explosivo a bordo, según informó El País y al que el Ejecutivo español rechazó el 21 de mayo una escala en el puerto de Cartagena (Murcia).

La FMC precisa además en el documento remitido a este medio que "la situación anterior cumple con los requisitos mínimos para su consideración bajo la autoridad reglamentaria y estatutaria pertinente" y que, en esta fase, "la Comisión se centrará en proporcionar una vía para que las partes interesadas, incluido el Gobierno de España, proporcionen información, perspectivas y soluciones propuestas".

El organismo añade que "la jurisdicción de la Comisión es amplia y la agencia agradece los comentarios no solo del Gobierno de España, sino también de los intereses del transporte marítimo y cualquier otra persona con información o perspectivas relevantes".

La posición oficial de España sobre Israel en 2023

La postura sostenida por el Gobierno respecto a estas denegaciones se ha apoyado en lo que califica como decisiones soberanas y ajustadas a derecho. Según informó El País, el Gobierno de Pedro Sánchez defenderá ante la Comisión Marítima Federal de EEUU que el veto a la escala en puertos españoles de tres buques con armamento destinado a Israel es una decisión "soberana" y conforme al derecho interno, sin vulnerar la normativa marítima internacional.

En sus alegaciones —que, supuestamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores remitió antes del 26 de diciembre de 2024 a través de la Embajada en Washington— España subrayó que se trata de casos puntuales, que no reflejan una actitud hostil hacia EEUU y que responden a la política de no autorizar nuevas exportaciones de armas a la región desde el 7 de octubre de 2023, en línea con la posición del presidente Pedro Sánchez y con el mensaje del ministro José Manuel Albares de que "Oriente Próximo no necesita más armas, necesita más paz".

En paralelo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, negó en su momento que existan evidencias de escalas en la base de Rota de barcos con armamento para Israel y recalcó que "no tenemos constancia de estos tránsitos y no hemos recibido ninguna solicitud al respecto".

Según las declaraciones recogidas entonces, España sostuvo que era coherente con la negativa a conceder nuevas licencias de exportación de armamento a la región desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que el ataque de Hamás desencadenó la actual escalada bélica. Esa formulación constituye el argumento base que Exteriores ha utilizado para justificar que no se autorizaran escalas vinculadas a material militar con destino a Israel.

Hay que recordar que España aplicó un embargo de armas a Israel en septiembre de 2025, que prohíbe la venta, compra y tránsito de material de defensa y productos de doble uso. El Congreso de los Diputados aprobó el embargo en octubre de 2025, consolidando la medida que el Ejecutivo estaba aplicando de facto desde octubre de 2023. Además, el decreto prohíbe la importación de productos de asentamientos ilegales israelíes en territorios palestinos ocupados y el tránsito de combustibles con posible uso militar.