Guerra entre notarios y registradores: miles de recursos por el precio de la nota simple

Más leña al fuego que hay entre los notarios y los registradores de la propiedad. Esta vez, a cuenta del coste de la emisión de una nota simple. Desde la entrada en vigor de la ley de digitalización, los registradores han pasado de cobrar 9,02 euros a 12,03 euros por una nota simple online.

En el seno de los notarios, esta es la queja que ha provocado que presenten miles de recursos contra los registradores. En concreto, según fuentes jurídicas, los notarios han interpuesto más de 3.000 recursos por el coste de la nota simple online. Los han presentado, en primera instancia, ante el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles (CORPME) y, posteriormente, ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), integrada en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. También se han presentado más de 50 recursos contencioso-administrativos ante los Tribunales Superiores de Justicia de comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Islas Canarias, Extremadura, Madrid, País Vasco y Valencia.

Los notarios están aprovechando el incremento del precio de las notas simples para atacar a los registradores, con los que tienen una guerra abierta a cuenta de la digitalización de los procesos. Los notarios argumentan que los registradores no cumplen con la Ley 11/2023, que desde el 8 de mayo de 2024 –tras un periodo de transición– obliga a informatizar los libros de los registros, tener llevanza electrónica de los libros, y tener y ejecutar firma electrónica cualificada. El Consejo General del Notariado presentó una demanda contra los registradores y contra el Ministerio de Justicia, que debe velar por el cumplimiento de la norma, que fue admitida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El cuerpo de notarios también alega que en este periodo ha aumentado el coste de las notas simples, pasando de 9,02 euros a 12,03 euros por cada documento, lo que supone un alza del 25%. No obstante, las notas simples tradicionales siguen costando 9,02 euros, mientras que un nuevo documento surgido al calor de la nueva normativa que ha enfrentado a los dos colectivos, la nota simple continuada o nota simple online, que se obtiene a través de la Sede Electrónica Registral, es la que cuesta 12,03 euros. Para los notarios, es la más usada, con lo que de facto se produce inflación para el ciudadano. Mientras que los registradores argumentan que estas nuevas notas simples dan un servicio más profundo que justifica el aumento de precio.

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La nota simple es el documento que debe solicitar cualquier ciudadano o sociedad para conocer la situación en la que se encuentra inscrito un inmueble en el Registro de la Propiedad. Por ejemplo, saber si un piso tiene cargas. Pero hay muchos más casos en los que se usan las notas simples. La Ley 1427/1989 estableció un coste en euros de 3,01, pero los registradores cobran 9,02 euros o 12,03 euros, según el tipo de nota simple.

En las resoluciones del CORPME a los recursos de los notarios, según fuentes jurídicas, se justifica el sobrecoste en el uso que el ciudadano hace de la Sede Electrónica Registral, única vía para obtener la nota simple online. “No hay subida de precio, es una nota distinta con otro precio. Es cierto que hay recursos de notarios que alegan que no están obligados a pagar, lo que se ha rechazado en varias instancias judiciales”, señalan fuentes del Colegio de Registradores.

En mayo, el Ministerio de Justicia destacó que se han llevado a cabo cerca de 20 millones de notificaciones y casi ocho millones de presentaciones de documentos a través de la sede electrónica. De fondo, continúa la guerra entre notarios y registradores. La demanda contra registradores y Justicia continúa su curso en el TSJ de Madrid, que rechazó las alegaciones de la Abogacía del Estado.

Los notarios señalan a la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez, por considerar que es la responsable directa de velar porque se cumpla la normativa que exige digitalizar los procesos. Fuentes jurídicas apuntan a que están en peligro 2,7 millones de inscripciones registrales realizadas desde el 8 de junio. Pérez Jerez, que fue fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Valladolid, depende de Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y esta, a su vez, del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, nombrado por el ministro Félix Bolaños.