El ICAM marca el paso en la era de la IA: una guía para que los abogados no pierdan el control del Derecho

La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana para la abogacía. Está en los despachos, en las búsquedas de jurisprudencia, en la redacción de escritos y en la revisión de contratos. Su capacidad para procesar información a gran escala y anticipar patrones legales ha empezado a redefinir el trabajo jurídico. Pero también ha abierto una grieta en la esencia misma del oficio: la del juicio humano frente a la automatización.

Consciente del impacto que esta tecnología tendrá sobre la profesión, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha publicado la Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía, el primer documento de referencia en España que busca fijar criterios éticos, técnicos y jurídicos para el uso de estas herramientas. La iniciativa llega justo cuando el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) comienza a desplegar sus primeras obligaciones, y sitúa al ICAM en la vanguardia de la transformación digital del sector legal.

“La abogacía no debe limitarse a adaptarse al cambio: debe liderarlo”, sostiene el decano del ICAM, Eugenio Ribón. El texto, coordinado por la diputada Mabel Klimt y elaborado con la participación de un nutrido grupo de especialistas en derecho digital, no se limita a compilar advertencias: ofrece un marco práctico para integrar la IA en la práctica jurídica sin comprometer los principios esenciales de la profesión. “Usar la IA sin miedo, pero con criterio”, resume Klimt. “Queremos que cada abogado, independientemente del tamaño de su despacho o de su nivel técnico, cuente con pautas claras para tomar decisiones informadas y responsables”.

Adaptado a la norma europea

El documento aterriza en un momento de efervescencia regulatoria. La Unión Europea ha fijado con el AI Act un sistema de obligaciones graduadas en función del riesgo que cada herramienta suponga para los derechos fundamentales, la transparencia o la seguridad. Y aunque su aplicación plena se extenderá hasta 2026, la abogacía empieza ya a sentir la presión de adaptarse. La guía del ICAM anticipa ese marco y lo traduce a la operativa diaria de un despacho: desde cómo auditar los algoritmos hasta cómo justificar ante un cliente —o ante un tribunal— el uso de una herramienta automatizada.

El texto advierte que la tecnología debe ser “una herramienta de apoyo, pero no un sustituto del abogado ni de su criterio profesional”. La supervisión humana, el juicio crítico y la diligencia reforzada son condiciones innegociables. En esa línea, la guía exige que el uso de la IA sea siempre “proporcional y justificado”, que solo se aplique cuando aporte un valor real al cliente y que esté documentado con trazabilidad suficiente. Cada decisión asistida por un sistema automatizado debe poder ser explicada y defendida con la misma solidez que si la hubiera tomado un profesional de carne y hueso.

Uno de los capítulos centrales aborda el cumplimiento normativo como piedra angular de esta transición. Recomienda que los despachos adopten protocolos internos de control, definan qué soluciones pueden emplearse y con qué objetivos, designen responsables de supervisión y establezcan auditorías periódicas. El mensaje es claro: la confianza tecnológica no exime de responsabilidad jurídica. En paralelo, el texto subraya la necesidad de proteger los derechos fundamentales y evitar sesgos o discriminaciones algorítmicas mediante revisiones periódicas y equipos diversos.

Formación del abogado

La publicación va más allá del plano técnico. Insiste en que la formación se ha convertido en una exigencia ineludible del ejercicio profesional. La comprensión de cómo funcionan los sistemas de IA, su fiabilidad y sus límites, será —advierte— un elemento central de la diligencia debida. Por ello, el ICAM anima a los despachos a invertir en capacitación, realizar pruebas de funcionamiento y promover comunidades de aprendizaje entre juristas, tecnólogos y expertos en protección de datos. Solo desde esa colaboración interdisciplinar podrá garantizarse una integración segura y coherente con los valores del Derecho.

También hay espacio para una advertencia sobre la dependencia tecnológica. Ante la proliferación de plataformas y servicios en la nube, la guía recuerda que delegar una función técnica no equivale a delegar la responsabilidad. Los proveedores externos deben someterse a los mismos estándares de confidencialidad, transparencia y cumplimiento normativo que los aplicados internamente. “La delegación tecnológica no puede implicar la delegación de responsabilidad”, subraya el texto.

La publicación incluye un glosario con los principales conceptos vinculados a la inteligencia artificial y un calendario con los plazos de aplicación del AI Act. Y no se queda ahí: el ICAM trabaja ya en una segunda guía, centrada en los principios deontológicos para el uso de la IA, que profundizará en el terreno ético y la responsabilidad profesional.

Ambas iniciativas forman parte del programa estratégico ICAM Avanza: hacia la abogacía del futuro, con el que el Colegio madrileño busca anticiparse a las transformaciones que marcarán el oficio jurídico en los próximos años. Bajo ese paraguas, el ICAM impulsa formación especializada, participa en el desarrollo normativo europeo y promueve estándares éticos propios. Su objetivo, en palabras de Ribón, es que la digitalización “no debilite el Derecho, sino que lo refuerce”.