La Audiencia Nacional investiga a un socio de Garrigues por el caso CVC

La Audiencia Nacional ha incoado diligencias para investigar a CVC y a su socio director en España, Javier de Jaime, por presuntos delitos fiscales derivados de la compraventa de empresas en el país, entre ellas la venta de IDC Salud a Fresenius, tal y como adelantó El Confidencial el pasado jueves.

La investigación, según confirman las fuentes jurídicas consultadas, también se extiende a un socio de Garrigues, Álvaro Manteca; y el exsocio Luis Guerreiro. Garrigues fue el despacho que asesoró a CVC en la venta de IDC Salud a Fresenius. Manteca, en el momento de la transacción, era asociado. Garrigues como persona jurídica no está investigado.

“Los profesionales de Garrigues han prestado y prestan asesoramiento tributario a CVC desde el máximo respeto a la legalidad, como el despacho hace siempre con todos sus clientes. Confiamos en que esto quede acreditado durante la instrucción”, señalan fuentes del despacho a El Confidencial.

El despacho de abogados, el más grande de España, fue el asesor de CVC en el proceso de venta de IDC Salud (Quirón) a Fresenius en 2016, una transacción valorada en 5.760 millones de euros.

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El tribunal ha abierto esta investigación tras admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez tuvo su origen en cuatro denuncias de Hacienda. Según la inspección tributaria, los importes presuntamente defraudados ascenderían a 356 millones de euros, con una deuda resultante de 370 millones.

Esas cuatro denuncias presentadas inicialmente por el fisco se articulaban sobre cuatro impuestos diferentes pero relacionados: el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) por la venta de IDC Salud a Fresenius, la declaración del IRPF de Javier de Jaime, las retenciones del IRPF de CVC España y el impuesto de sociedades de CVC España. No obstante, la Fiscalía solo ha presentado denuncia por tres de ellas y ha dejado fuera la relativa al impuesto de sociedades al no apreciar delito, en línea con lo manifestado previamente por los propios servicios jurídicos de la Agencia Tributaria.

Una estructura habitual en el 'private equity'

La primera denuncia presentada por Hacienda sostiene que CVC articuló una estructura societaria simulada para rebajar la factura fiscal de la transacción. En aquel momento, IDC Salud estaba controlada por una sociedad holandesa y la operación fue declarada ante la Hacienda de Países Bajos, donde se presentó una autoliquidación por el impuesto sobre la renta de no residentes y se acogió al convenio entre España y Países Bajos para evitar la doble imposición, dado que ya había tributado en el país vecino. Las autoridades tributarias de Luxemburgo y Países Bajos ya han iniciado un procedimiento amistoso con las autoridades españolas para aclarar este aspecto.

Tal y como recuerdan varias voces del sector del capital privado, el uso de sociedades luxemburguesas en operaciones de 'private equity' es algo muy habitual. Estas sociedades actúan como vehículos tenedores de las acciones de las compañías transaccionadas y las entidades financiadoras, especialmente las internacionales, suelen exigir su constitución para usarlas como garantía y ejecutar las prendas en caso de impago, dada la rapidez de la legislación de Luxemburgo en este sentido.

Esa sociedad holandesa que controlaba el grupo hospitalario colgaba a su vez de dos sociedades luxemburguesas. Al mismo tiempo, por encima de estas sociedades se situaban cinco fondos (limited partners), que son los inversores finales de la transacción, domiciliados en las Islas Caimán. El fisco considera que este esquema persigue ocultar la identidad de las personas que controlan la operación y que esos fondos deberían tributar en España.

Las otras dos denuncias presentadas por Hacienda están centradas en el carried interest cobrado por De Jaime y en las retenciones que CVC España tendría que haber hecho de este pago, tanto las de su máximo responsable como las de otros directivos de la casa.