La Audiencia Nacional investiga a CVC y a Javier de Jaime por presunto fraude fiscal

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra CVC España y su socio director, Javier de Jaime, por presuntos delitos fiscales derivados de operaciones de compraventa de compañías, entre ellas la venta de IDC Salud (Quirón) al grupo alemán Fresenius por 5.760 millones de euros, según confirman fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial. El caso es especialmente relevante no solo por los afectados, sino porque puede poner en jaque el futuro de las inversiones de las firmas de private equity en España.

Anticorrupción ha presentado una denuncia en el tribunal -en vez de una querella- tras una investigación que ha durado algo más de dos años y que partió a su vez de cuatro denuncias presentadas por la Agencia Tributaria. Según la inspección tributaria, los importes presuntamente defraudados ascenderían a 356 millones de euros, con una deuda resultante de 370 millones.

Esas cuatro denuncias presentadas inicialmente por el fisco se articulaban sobre cuatro impuestos diferentes pero relacionados: el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) por la venta de IDC Salud a Fresenius, la declaración del IRPF de Javier de Jaime, las retenciones del IRPF de CVC España y el impuesto de sociedades de CVC España.

Cuatro denuncias de Hacienda

En primer lugar, Hacienda considera que CVC creó una estructura societaria simulada para rebajar la factura fiscal de la operación, ejecutada en 2014. IDC Salud estaba por entonces controlada por una sociedad holandesa y la operación fue declarada ante la Hacienda de Países Bajos, donde se presentó una autoliquidación por el impuesto sobre la renta de no residentes y se acogió al convenio entre España y Países Bajos para evitar la doble imposición, dado que ya había tributado en el país vecino. Las autoridades tributarias de Luxemburgo y Países Bajos ya han iniciado un procedimiento amistoso con las autoridades españolas para aclarar este aspecto.

El uso de sociedades luxemburguesas en operaciones de private equity es algo habitual en el sector. Estas sociedades actúan como vehículos tenedores de las acciones de las compañías transaccionadas y las entidades financiadoras, especialmente las internacionales, suelen exigir su constitución para usarlas como garantía y ejecutar las prendas en caso de impago dada la rapidez de la legislación de Luxemburgo en este sentido.

Esa sociedad holandesa que controlaba el grupo hospitalario colgaba a su vez de dos sociedades luxemburguesas. Al mismo tiempo, por encima de estas sociedades se situaban cinco fondos (limited partners), que son los inversores finales de la transacción, domiciliados en las Islas Caimán. El fisco considera que este esquema persigue ocultar la identidad de las personas que controlan la operación y que esos fondos deberían tributar en España.

En segundo lugar, la Agencia Tributaria ha puesto el foco en el carried interest cobrado por De Jaime. Se trata de un tipo de comisión que se abona tras una operación y se devenga cuando se supera el porcentaje de la rentabilidad de la inversión previamente pactado. Quien recibe ese carried interest es la gestora, que a su vez lo reparte entre los directivos a modo de bonus y entre sus socios como dividendos. Desde hace años, el ejecutivo ha recibido ingresos de CVC por su doble condición de socio y directivo.

Hacienda cree que De Jaime debió declarar como rendimiento del trabajo el dividendo de CVC

¿Cuál es el problema? Lo que Javier de Jaime recibió en calidad de directivo lo declaró como renta del trabajo, pero lo que recibió como dividendo por ser socio de CVC lo declaró como renta del capital. Y es ahí donde viene la discrepancia con Hacienda, que considera que también debería haber sido declarado como rendimiento del trabajo, que tiene una tributación mayor. Es decir, que las cantidades como tal están declaradas, pero ahora queda aclarar cuál es la casilla correcta.

Relacionado con este segundo procedimiento, Hacienda presentó una tercera denuncia en la que señala que CVC España tendría que haber hecho las retenciones correspondientes a esos pagos, tanto las de Javier de Jaime como las de otros directivos de la casa.

Por último, la Agencia Tributaria también apunta a un presunto delito fiscal relativo al impuesto de sociedades de CVC España, al no haber tributado una parte del carried interest -unos 8 millones- proveniente de CVC Investment que no llegó a repartirse entre los empleados y socios de la firma de private equity. Cabe recordar que el carried interest lo reparte directamente la gestora, no CVC España, de ahí que la firma entienda que no tenga que declarar una cantidad que nunca habría estado a su disposición. Respecto a esta cuarta denuncia, el servicio jurídico de la Agencia Tributaria ya ha manifestado sus dudas sobre la posibilidad de que se haya cometido defraudación tributaria.

El Confidencial se ha puesto en contacto con CVC, que ha declinado hacer comentarios sobre esta información.

El Supremo pone coto a Hacienda

La instrucción en la Audiencia Nacional también servirá para medir la incidencia que va a tener en el procedimiento penal que el Tribunal Supremo haya considerado que Hacienda vulneró el derecho de defensa de CVC al interrogar a sus empleados sin previo aviso.

En concreto, el Supremo se ha pronunciado en dos resoluciones sobre el papel de Hacienda en la inspección a CVC. En un caso, por los interrogatorios que hicieron los funcionarios de Hacienda a los empleados de la firma y, en otro, por el volcado de información de sus dispositivos móviles.

En una primera sentencia, el Supremo señala que el auto de registro y entrada sí estaba bien motivado en lo que respecta a la copia de los dispositivos, pero también concluyó que los tribunales previos que estudiaron los recursos de CVC se habían desviado de su doctrina tras “descartar la necesidad de una motivación específica respecto del acceso a repositorios telemáticos de datos o a los equipos informáticos”, por lo que estimó el recurso de la firma.

En una segunda sentencia, el Alto Tribunal confirma que el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de CVC fue vulnerado al interrogar a sus empleados, dado que no estaba previsto en el citado auto de entrada y registro. Al mismo tiempo, no considera que se haya vulnerado la inviolabilidad del domicilio, pese a que uno de los magistrados sí lo aprecia en un voto particular.

De Cristiano a Xabi Alonso

La apertura de la investigación en la Audiencia Nacional deja claro que CVC y su presidente no han aceptado ninguna conformidad con Hacienda y quieren dar la batalla en los tribunales, como fue el caso del futbolista Xabi Alonso o de la actriz Ana Duato, ambos absueltos tras ser acusados de fraude fiscal. También se anotó una importante victoria hace unos años el futbolista Gerard Piqué, que logró que el Supremo anulase una sanción millonaria en relación con su IRPF.

Otros rostros conocidos que han tenido problemas con el fisco y han preferido zanjar rápido el asunto con acuerdos con la Agencia Tributaria son Cristiano Ronaldo, Messi, Marcelo, José Mourinho o el actor Imanol Arias, entre otros ejemplos.