Los bufetes activan la batalla por las indemnizaciones millonarias del cártel del salmón

Los grandes despachos españoles han empezado a mover ficha ante una batalla legal que puede convertirse en uno de los grandes pleitos de competencia de los próximos años. El detonante es la investigación abierta por la Comisión Europea contra seis gigantes noruegos del sector —Mowi, Lerøy, SalMar, Grieg Seafood, Cermaq y Bremnes— por intercambiar información sensible sobre precios de comercialización, volúmenes disponibles, capacidades de cría y otros factores que influyen en el mercado entre 2011 y 2019.

La acusación por infringir las normas de competencia que hace Bruselas solo atañe al producto que se vende según los precios del mercado y deja al margen los contratos a largo plazo. Tampoco afecta a los salmones que llegaban congelados o procesados, fuese en filetes, lomos o ahumados, sino que se dirige al pescado entero y eviscerado, que supone el 80% de todas las exportaciones de salmón de piscifactoría de Noruega.

España no es ajena a esta investigación. Según datos del Norwegian Seafood Council, empresa pública vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Pesca en Noruega, en 2023 nuestro país se situó entre los cinco principales mercados para el salmón atlántico. Solo en 2019 —último año en el que supuestamente se habría producido el pacto de precios— las importaciones alcanzaron en torno a 230 millones de euros, según el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA).

El sobreprecio pagado por el cártel, según fuentes del sector, podría rondar los 100 millones de euros en España entre las diferentes cadenas afectadas. Esto ha provocado que las grandes distribuidoras analicen si pleitear, mientras los departamentos de competencia de los principales bufetes se preparan para liderar la ofensiva judicial.

El sobreprecio pagado por el cártel, según fuentes del sector, podría rondar los 100 M en España entre las diferentes cadenas afectadas

“Estamos en una fase preliminar del caso y esperamos a ver cómo evoluciona. Hay muchos despachos que están ofreciendo sus servicios y su asesoramiento. Tendrán que ser las propias cadenas quienes decidan si pleitean”, explican a El Confidencial fuentes del sector de la distribución.

España entra en juego

El impacto económico no es comparable al del cártel de camiones, como algunos de los expertos califican este proceso, pero las cifras bastan para despertar el interés de los bufetes de élite. Según fuentes del mercado, algunas cadenas de distribución ya habrían conformado su equipo legal para estudiar el caso. También lo hacen empresas salmoneras que, a priori, serán las demandadas.

La diferencia es que, mientras los principales demandantes podrán apoyarse en sus asesores legales de confianza en nuestro mercado, las compañías noruegas probablemente lancen un pitch para adjudicar el mandato, por el que competirán algunos de los bufetes de referencia en España. Fue lo que hizo, por ejemplo, Booking cuando contrató a Clifford Chance para su defensa frente a la CNMC por abuso de posición de dominio.

La vía más probable será la de las acciones follow-on, es decir, aquellas que se presentan tras la resolución sancionadora de la Comisión Europea, lo que simplifica la carga probatoria. No es obligatorio esperar, pero hacerlo refuerza la posición del demandante. “Si la infracción queda acreditada por Bruselas, reduces el esfuerzo probatorio y la estrategia es más sólida”, explican fuentes jurídicas.

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Por el momento, habrá que ver si las compañías afectadas —que mantuvieron audiencias a puerta cerrada en Bruselas en septiembre de 2024 y negaron las acusaciones, según medios internacionales— optan por un acuerdo con la Comisión y aceptan una sanción reducida o si escalan el conflicto y, tras la resolución, recurren ante los tribunales comunitarios.

¿Y los consumidores? Una batalla cuesta arriba

Más allá de las cadenas, surge la pregunta: ¿pueden reclamar los consumidores españoles lo que pagaron de más? La respuesta es compleja. “Desde el punto de vista financiero, el caso tendría sentido si se agrupan varios afectados en una sola acción, porque las cantidades individuales son reducidas”, señala un experto en acciones colectivas. “El problema es que el mercado está muy concentrado y los grandes despachos se centrarán en las cadenas, no en los hogares”.

El concepto clave para armar esta demanda sería el modelo pass-on: las cadenas trasladaron el sobreprecio al consumidor final, lo que abriría la puerta a una acción colectiva. Sin embargo, España sigue a la cola en este terreno, con la ley de acciones colectivas encallada en el Congreso.

Otros de los principales afectados que podrían estudiar una demanda son grupos de grandes consumidores afectados. Se trata, por ejemplo, de grandes cadenas hoteleras, hospitales o grandes grupos de ocio que sirvan salmón, como los cruceros.

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Origen del caso en Bruselas

El caso se remonta a febrero de 2019, cuando la Comisión Europea realizó una redada sorpresa en varias sedes del sector tras denuncias de intermediarios. Cinco años después, el 25 de enero de 2024, envió el pliego de cargos que encendió la mecha de las reclamaciones.

Según el expediente, los seis productores noruegos coordinaban intercambios de información sobre precios, volúmenes disponibles, producción y capacidad para reducir la incertidumbre en las ventas al contado de salmón fresco entero y eviscerado, que representan el 80% de las exportaciones noruegas a la UE.

“Si la Comisión confirma su visión preliminar, estas prácticas infringirían el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE”, señala el comunicado oficial. Las compañías se exponen a sanciones de hasta el 10% de su facturación global, aunque no hay plazo legal para la decisión final.

Reino Unido, EEUU y las pistas del futuro

Mientras Europa espera el fallo de Bruselas, otros países ya han avanzado en el frente judicial. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia cerró en enero de 2023 su investigación penal por falta de pruebas, pero en paralelo prosperó una demanda civil que derivó en un acuerdo extrajudicial histórico.

Los productores implicados —Mowi, Lerøy, SalMar, Grieg y Cermaq— aceptaron pagar 85 millones de dólares en 2022 para poner fin a una reclamación colectiva presentada por mayoristas como Euclid Fish Company y Euro USA. El pacto, cerrado tras tres años de litigio y mediación obligatoria, se alcanzó sin admisión de responsabilidad, pero evitó un juicio largo y costoso.

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En Reino Unido, la ofensiva legal es todavía más ambiciosa y puede convertirse en la referencia para Europa continental. Siete grandes cadenas de supermercados —entre ellas Asda, Marks & Spencer y Morrisons— han presentado una demanda por 675 millones de libras para recuperar el supuesto sobreprecio entre 2011 y 2019.

A este frente se suma una segunda iniciativa a través de una acción colectiva en representación de consumidores británicos, impulsada por el despacho Waterside Class Limited. Esta reclamación busca 382 millones de libras para indemnizar a 44 millones de ciudadanos que, según los demandantes, pagaron de más por uno de los alimentos más populares del país.

El caso también ha abierto un debate sobre jurisdicción. Las compañías noruegas intentaron trasladar el pleito a su país de origen, alegando que la colusión se produjo allí. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Competencia británico rechazó la pretensión, recordando que el impacto en el mercado británico justifica mantener la competencia en Reino Unido.