La carta del bufete de 'Spanish pickpockets' que denuncia a España ante la OCDE: "Vulnera la cooperación fiscal"

El despacho que calificó a los inspectores de Hacienda como "carteristas" en el Financial Times, Amsterdam & Partners, da un paso más en su estrategia contra las prácticas que denuncia tanto por parte de la Agencia Tributaria como de los propios inspectores del fisco.

En su ofensiva por el tratamiento a los impatriados acogidos a la conocida como Ley Beckham, el bufete liderado por Robert Amsterdam ha enviado una carta dirigida al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, con copia a la directora del Centro de Política y Administración Tributaria, Manal Corwin, solicitando una "queja formal", "solicitud de actuación" y la apertura de una investigación sobre España por "infracciones sistemáticas y en aumento de las normas de la OCDE".

La misiva, a la que ha tenido acceso El Confidencial, advierte de que la conducta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) "corre el riesgo de socavar la legitimidad y sostenibilidad del propio sistema fiscal internacional que la OCDE ha construido".

En el núcleo de la denuncia se sitúa el uso presuntamente abusivo de los datos del CRS (Common Reporting Standard), el sistema multilateral de intercambio automático de información financiera promovido por la propia OCDE, contra personas que habían obtenido certificados oficiales bajo el Régimen Fiscal de Impatriados.

Según el despacho, que la pasada semana sumó un capítulo más en su batalla contra la AEAT, tras enviar su directora, Soledad Fernández, una carta a toda la plantilla en la que muestra su apoyo a los trabajadores ante lo que denuncia como un "ataque frontal" contra la institución por parte de un despacho extranjero para mermar la lucha contra el fraude, ha utilizado el CRS "no para abordar casos concretos de incumplimiento, sino para reabrir asuntos cerrados, ignorar determinaciones legales previas y construir obligaciones retroactivas contra contribuyentes que actuaron de buena fe bajo el marco jurídico vigente en su momento".

En el núcleo de la denuncia se sitúa el presunto uso abusivo de datos del CRS, el sistema de información financiera promovido por la OCDE

De hecho, en el ámbito de Hacienda y desde los inspectores consideran que el despacho está difamando para preparar el terreno de cara a las reclamaciones de sus clientes, cuyos nombres no ha desvelado. Ni siquiera ante la Agencia Tributaria, ante la que no ha iniciado ninguna reclamación en los tribunales económico administrativos.

"No permanecemos ajenos a los problemas que, en ocasiones, pueden producirse en la aplicación del sistema tributario. No somos infalibles, como todas las profesiones, privadas y públicas, pero hemos elegido este trabajo porque el servicio a nuestro país está por encima de todo. Sabiendo que nuestra labor hay que ejercerla cada día mejor, no admitimos ni toleramos el insulto, el desprecio y, sobre todo, el descrédito que estamos viviendo en estos tiempos, a través de manifestaciones que faltan gravemente a la verdad", señaló recientemente un comunicado de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE).

"No permanecemos ajenos a los problemas que, en ocasiones, pueden producirse en la aplicación del sistema tributario"

En la misma línea, insiste en que "es intolerable que unos pocos, por el hecho de querer obtener una fama y una publicidad que de otra forma nunca lograrían, se dirijan a esta institución, que pertenece a todos los españoles, para insultarla. La AEAT, con su margen de mejora, es la institución mejor valorada por todos los españoles y en la que confían para poder cumplir con el sistema tributario; goza de un prestigio y una imagen que es objeto de reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras".

Los inspectores de Hacienda han hecho suya la crítica de una inspectora, Genma Martín Meléndez, en el blog No solo Impuestos, en el que califica la campaña que está llevando a cabo Amsterdam & Partners como "esperpéntica y ridícula". "No sé de dónde habrá salido esta gente, pero, cuando leo los documentos que han presentado y las declaraciones que hacen, me da la impresión de que poco o nada conocen del derecho administrativo y tributario español. Incluso, he llegado a pensar que esos informes y esas declaraciones han sido elaboradas por un programa de Inteligencia Artificial, de esos que se equivocan continuamente y se inventan las cosas", critica Martín Meléndez.

Una herramienta de inteligencia

En cualquier caso, Amsterdam & Partners asegura ante la OCDE que desde Hacienda hay una estrategia para convertir un mecanismo de cooperación internacional en "una herramienta de inteligencia" y en una "exploración abusiva (fishing expedition)" contraria a los principios de "relevancia previsible" y confidencialidad del MAC (Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal).

El despacho califica la situación como un "sistema que sencillamente no cumple con su propósito", en el que “un grupo de inspectores mal remunerados logran un salario digno mediante la depredación de sus conciudadanos”, lo que genera "incentivos a la mala fe y a la corrupción [que] impregnan todo el sistema".

El despacho señala que “un grupo de inspectores mal remunerados logran un salario digno mediante la depredación de sus conciudadanos”

La carta sostiene que España infringe no solo su legislación interna, sino también el CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos), el derecho de la UE y "los principales instrumentos jurídicos de la OCDE". Entre ellos, menciona de forma explícita, además del MAC y el CRS, el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio (MTC) y "las mejores prácticas de la OCDE en cooperación administrativa y confidencialidad".

Cinco peticiones formales a la OCDE

Amsterdam & Partners LLP plantea cinco solicitudes a esta entidad. En primer lugar, una "revisión formal por parte del Comité de Asuntos Fiscales (CFA)" de la OCDE. En segundo lugar, el "inicio de una investigación formal sobre el uso de datos intercambiados por parte de España", que incluya las prácticas del CRS y el cumplimiento del estándar de "relevancia previsible".

También pide que España sea "remitida al Foro Global para evaluar su cumplimiento de los estándares de confidencialidad, proporcionalidad y debido proceso". La cuarta petición es que la OCDE emita una "Guía Interpretativa sobre las Limitaciones del CRS y del MAC", que impida expresamente el uso retroactivo de datos contra impatriados legalmente exentos.

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El punto más singular llega al final y se trata de una recomendación de "suspensión inmediata de la aplicación retroactiva" de estos datos y una advertencia dirigida a otros países. "La OCDE debe emitir una advertencia a los países que comparten información fiscal con España, conforme a las obligaciones de los tratados y frente al abuso sistémico continuo relacionado con la confidencialidad de la información".

Revocaciones retroactivas y amenazas penales

La carta denuncia una larga lista de prácticas presuntamente irregulares. Entre ellas, que la AEAT ha revocado de forma retroactiva certificados oficiales del régimen Beckham, lo que vulneraría, según los firmantes, el principio de confianza legítima. También alertan de "inspecciones fiscales varios años después de que los contribuyentes afectados […] presentaran sus declaraciones en plena conformidad con la Ley Beckham […] y obtuvieran certificados de elegibilidad emitidos formalmente".

Otra de las acusaciones más graves que se hacen es el uso de la información financiera como mecanismo de presión. En palabras literales de la carta, "numerosos contribuyentes acogidos al régimen de impatriados han informado que los inspectores de la AEAT les dijeron: 'Si no acepta llegar a un acuerdo, remitiremos este asunto a la Fiscalía'". A juicio de los abogados, estas amenazas se formulan "sin pruebas de fraude" y sin haber solicitado la "autorización previa" de las jurisdicciones que suministraron los datos bajo el CRS, lo que contravendría el artículo 22 del MAC.

Los letrados también denuncian un patrón de discriminación sistemática hacia no nacionales. "La AEAT ha llevado a cabo auditorías discriminatorias dirigidas contra ciudadanos extranjeros, principalmente nacionales de la UE, EEUU y Reino Unido", afirma el texto. Esa diferencia de trato vulneraría, según exponen, el artículo 21(2)(f) del MAC y el artículo 24 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, que prohíbe una imposición "distinta o más gravosa" para los nacionales de otros Estados contratantes "que se encuentren en las mismas circunstancias".