España gana un arbitraje de más de 100 millones a un banco alemán por el recorte a las renovables

España suma una nueva victoria en los arbitrajes por los recortes a las primas de las renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial, ha desestimado la reclamación de 122 millones presentada por el banco alemán Portigon contra España por los daños que le habría causado el recorte a las primas.

El laudo, dictado el pasado 9 de junio, reconoce que España no cumplió con sus obligaciones de mantener un marco regulatorio estable para este tipo de inversiones, pero al mismo tiempo considera que Portigon no tiene derecho a ser indemnizado por ello. La entidad había concedido financiación para alrededor de 30 proyectos renovables y defendía que el recorte de las primas reducía los flujos de caja y ponía en peligro el reembolso.

El laudo de Portigon se enmarca dentro de la oleada de arbitrajes de inversores extranjeros contra España por el recorte a las primas de las energías renovables acordado por el Gobierno en 2013. El caso de Portigon es especialmente relevante porque no se trata de un inversor como tal, sino de un financiador, y el laudo le ha reconocido protección al amparo del Tratado de la Carta de Energía (TCE), del que España ha solicitado salir hace meses, en línea con otros países europeos.

Con esta resolución, la Abogacía del Estado suma una victoria más que se suma a los laudos obtenidos en los casos EBL, ESF, Sapec, Abengoa, Freif, Green Power, Charanne, Isolux, CSP Equity y Stadtwerke. Mientras que en algunos de ellos la desestimación ha sido total, en otros se ha logrado reducir la cuantía reclamada más de un 80%. Al mismo tiempo, el Estado suma condenas que superan los 1.000 millones de euros. El total de reclamaciones supera actualmente los 10.000 millones.

Decisión clave de la Comisión Europea

El laudo de Portigon llega apenas unas semanas después de que la Comisión Europea ordenase a España no abonar a Antin, otro inversor, una indemnización de 101 millones reconocida en otro laudo, dado que se considera una ayuda de estado ilegal y, por tanto, vulneraría la normativa comunitaria.

La decisión del Ejecutivo comunitario supone un fuerte respaldo a la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado, que hasta la fecha se ha negado a abonar ninguna indemnización precisamente por defender que los arbitrajes intra-UE, es decir, entre un Estado miembro y un inversor comunitario, son ilegales.