El Supremo revisa la condena a Stampa por el caso del Sultán de Joló

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el árbitro Gonzalo Stampa tras ser condenado por desobediencia a seis meses de prisión y un año de inhabilitación por el caso del Sultán de Joló, según confirman fuentes jurídicas a El Confidencial. Se trata de la primera vez en España que un árbitro es condenado en la vía penal y la decisión que tome el Supremo ha generado una gran expectación en la comunidad jurídica en general y en la arbitral en particular. La deliberación se ha señalado para el 30 de septiembre.

El arbitraje de los herederos del Sultán de Joló contra Malasia condena al país a indemnizar con 13.315 millones de euros a los demandantes por la explotación de unos terrenos, inicialmente ricos en madera, perlas y otros recursos naturales, que con el tiempo se descubrió que tenían petróleo y gas, todo ello con base en un acuerdo comercial de 1878. Stampa fue el árbitro único que dictó el laudo final. Los herederos trajeron el procedimiento a España tras apuntar que la zona estaba sujeta a soberanía española en aquel tiempo, algo que Malasia niega, así como la legalidad entera del arbitraje.

El procedimiento penal contra Stampa, resumido, deriva de su nombramiento como árbitro del caso por sorteo por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para arbitrar el caso de los herederos del Sultán de Joló contra Malasia. Posteriormente ese nombramiento fue anulado por la misma sala, pero Stampa siguió adelante con el arbitraje tras considerar que su nombramiento había sido correcto. Stampa fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 6 meses de prisión y 1 año de inhabilitación por un delito de desobediencia.

En su recurso, Stampa defiende la mínima intervención judicial de los tribunales en el procedimiento arbitral y la necesidad de articular cualquier discusión sobre su nombramiento (y anulación) con base en la Ley de Arbitraje y la Convención de Nueva York. Además, cuestiona el papel del letrado de la administración de justicia (LAJ) del tribunal, que considera que se excedió en sus funciones tras comunicarle que su nombramiento había quedado sin efecto.