Red Eléctrica prepara un 'dream team' de abogados para el apagón tras su fiasco con Uría

Red Eléctrica de España (REE) ha decidido mover ficha en silencio, pero con determinación. Tras verse forzada a renunciar al respaldo de Uría Menéndez por la presión de Iberdrola, el operador del sistema eléctrico español ha comenzado a tejer una red alternativa de asesoramiento legal mucho más atomizada, personalista y, sobre todo, ajena a los grandes bufetes que dominan el podio del sector jurídico.

Varias fuentes del mercado confirman a El Confidencial que la compañía que preside Beatriz Corredor ha iniciado contactos para conformar un 'dream team' jurídico que no estará ligado a un único despacho, sino que se construirá a partir de encargos individuales a socios, principalmente, según señalan las mismas fuentes, de bufetes del middle market y boutiques especializadas en Litigación, Derecho Público y Regulatorio.

La clave, apuntan estas fuentes, es blindarse ante la riada de demandas civiles que previsiblemente interpondrán tanto empresas afectadas por el apagón —en especial del sector industrial— como las propias eléctricas, que han iniciado ya su particular batalla reputacional. Redeia explica a El Confidencial que "como sociedad mercantil, no traslada este tipo de decisiones a través de los medios; decisiones que toma siempre tras un proceso de reflexión y en favor del interés social".

El plan que baraja la matriz de Red Eléctrica es conformar a un equipo de abogados de altísimo nivel a los que pueda encargar casos de forma individual sin el problema de encontrarse con un conflicto comercial con el despacho, motivo, en parte, que llevó a Uría a renunciar al encargo de Beatriz Corredor por ser uno de los despachos de cabecera de la eléctrica dirigida por Ignacio Sánchez Galán.

Firma y ruptura exprés

El punto de inflexión llegó tras el colapso energético del pasado 28 de abril, el primero de carácter nacional en la historia de España. Red Eléctrica recurrió entonces a Uría Menéndez para diseñar su defensa institucional y legal. El contrato se cerró apenas 48 horas después del incidente. Sin embargo, la alianza apenas duró unos días.

La presión directa de Iberdrola provocó que Uría se desmarcara del asunto por un supuesto conflicto de interés, un conflicto que es probable que volviera a repetirse, casi como un patrón, con el resto de despachos líderes en facturación en España, al ser asesores de cabecera de varias de las grandes eléctricas y grandes compañías que, de uno u otro modo, han sido afectadas por el apagón lo que acabará, casi con total seguridad, en un pleito con Red Eléctrica.

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El movimiento no sentó bien en la cúpula de Redeia (matriz de Red Eléctrica), que se vio obligada a rediseñar sobre la marcha su estrategia jurídica. Desde entonces, el control del proceso lo ha asumido, según señalan las fuentes del mercado, la dirección de servicios jurídicos de la compañía que encabeza Mónica Moraleda Saceda, abogada del Estado de carrera.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que es ella quien está liderando la configuración de este nuevo equipo legal a medida, apoyándose en perfiles de alta especialización con una trayectoria paralela a la suya, habiendo hecho carrera en la Abogacía del Estado. La intención, explican, es articular una defensa con profundo conocimiento del sector eléctrico y experiencia acreditada en litigios complejos ante la jurisdicción contencioso-administrativa

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El apagón, que dejó sin suministro eléctrico a más de 28 millones de personas durante cerca de 15 horas, ha abierto un horizonte incierto para Red Eléctrica, que podría enfrentarse a un alud de reclamaciones millonarias y, además, a un expediente sancionador por parte de la CNMC. El precedente más reciente, el del apagón de Tenerife en 2019, se saldó con una multa de 25 millones de euros. En este caso, las estimaciones más conservadoras hablan de posibles sanciones de hasta 60 millones.

El conflicto con Uría ha dejado al descubierto una guerra más profunda que se libra entre bastidores: el acaparamiento de despachos por parte de las grandes eléctricas. "No es solo una cuestión de volumen de trabajo; es bloquear opciones al rival", apunta un socio de una firma de tamaño medio que prefiere no revelar su identidad. En este contexto, Red Eléctrica busca ahora perfiles que le ofrezcan compromiso y exclusividad, aunque no provengan de los grandes nombres del sector legal.

El objetivo no es otro que disponer de abogados con la capacidad y la cintura para afrontar pleitos de alta sensibilidad técnica y política, pero sin la presión estructural que implica contar con un gran despacho que también trabaje para sus potenciales adversarios. Algunos de los nombres que se barajan, según varias fuentes, han participado en anteriores procesos regulatorios, en arbitrajes o en litigios por daños derivados de fallos en la red.

Informes oficiales sin efecto legal directo

El Gobierno, Red Eléctrica de España (REE) y las eléctricas han presentado sus respectivos informes sobre el apagón del 28 de abril, detallando las causas técnicas del colapso eléctrico. Sin embargo, fuentes jurídicas confirman que ninguno de estos documentos tiene carácter vinculante para presentar una demanda. Aunque pueden servir como apoyo argumental, los informes no bastan por sí solos para exigir indemnizaciones.

El primer informe, del comité de crisis que lidera el Gobierno, se presentó el pasado martes y reparte culpas entre Red Eléctrica y las eléctricas. Un día después, Red Eléctrica presentó su propio informe defendiendo su actuación y acusando la indisposición de las centrales convencionales de gas o nucleares que gestionan las grandes eléctricas. Por último, Iberdrola y Endesa, a través de su patronal, han sacado este lunes el suyo, culpando de todo lo sucedido a Red Eléctrica, pero sin abordar el comportamiento de sus centrales.

La clave legal estará en las conclusiones que adopte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que podría abrir expediente sancionador si detecta infracciones. Pese a ello, los expertos aconsejan no esperar a la CNMC y conservar pruebas para iniciar la vía judicial.