La bomba de las pensiones de 500 euros de los abogados: "No hace falta una ley perfecta, pero sí unos mínimos"

Miles de abogados, procuradores y otros profesionales del sector legal volvieron a salir a las calles el pasado sábado, 14 de junio, en una manifestación convocada por el Movimiento #J2 para exigir una integración "justa, universal y sin exclusiones" que les permita traspasar sus cotizaciones desde las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El problema, que se ha larvado en los últimos años, ha explotado cuando los profesionales que optaron por estas mutualidades y se acercaban a la hora de la jubilación se han dado cuenta de que sus pensiones no alcanzan ni los 500 euros en algunos casos.

La protesta tuvo lugar mientras el proyecto legislativo sigue su curso en el Congreso de los Diputados, pero los afectados dan por hecho que cualquier avance relevante no se producirá antes del parón veraniego.

"La pasarela al RETA ha llegado al Congreso, pero no en los términos que exige la justicia social", denunciaba el manifiesto del colectivo convocante. Los mutualistas critican que el texto impulsado por el PSOE deja fuera a miles de profesionales por motivos cronológicos, de cotización o de situación personal. Esta propuesta, que cuenta con el apoyo del PP, también establece la obligatoriedad de que los abogados solo puedan cotizar al RETA a partir del 2027, sin posibilidad de hacerlo en la Mutualidad salvo en casos muy concretos de pluriempleo.

En concreto, excluye a quienes ya están jubilados o perciben una pensión pública, a los que abandonaron la mutualidad antes de 2023, a quienes se incorporaron después de 2012, y a quienes han cotizado más de 15 años en el régimen público. La plataforma denuncia también que el proyecto plantea una "compra de cotizaciones" como condición de acceso al RETA, algo que consideran inaceptable. "Exigimos una pasarela basada en derechos, no en pagos. Una pasarela 1×1, para todos", proclaman. Especialmente críticos se muestran con la exclusión de los mutualistas pasivos, quienes fueron obligados durante décadas a cotizar a esquemas que ahora ofrecen pensiones inferiores a 500 euros mensuales.

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Un sistema de 1996

El origen de este conflicto se remonta a las últimas décadas, en las que muchos abogados optaron por seguir cotizando en mutualidades profesionales tras la liberalización del sistema en 1996. Durante años, estas entidades funcionaron sin exigencias de aportación mínima y sin garantías suficientes. No fue hasta 2013 cuando se introdujo un mínimo de aportación del 80% respecto a la cotización a la Seguridad Social. El sistema de la Mutualidad también ha evolucionado a lo largo de los años. Empezó como un sistema de reparto, luego pasó a un sistema de capitalización colectiva y, desde 2005, es un sistema de capitalización individual. Hoy, según la propia Mutualidad de la Abogacía, unos 15.000 profesionales recibirán pensiones por debajo de los 700 euros, y cerca de 2.000 por debajo de 500.

La arquitectura legal de la reforma parte de una premisa clara: poner fin a una anomalía en el sistema de previsión social. Tras años de presión y litigios, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que permite la integración voluntaria de mutualistas alternativos al RETA, garantizando por primera vez el acceso a una pensión pública mínima.

El texto reconoce la posibilidad de computar los años cotizados en mutualidades, con un procedimiento escalonado desde 2025, bonificaciones temporales y nuevas coberturas sociales como incapacidades, bajas y acceso al Ingreso Mínimo Vital. La norma también plantea redefinir a las mutualidades como instrumentos de previsión complementaria. Sin embargo, el proyecto socialista ha sido criticado por establecer filtros y fechas límite que, según denuncian plataformas como la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA), provocarán una desigualdad de facto.

A esta crítica se sumó la enmienda a la totalidad presentada por Vox el pasado 4 de junio y que será debatida y votada por el Pleno del Congreso el próximo jueves. La formación propone una integración voluntaria con equivalencia plena entre cotizaciones (1:1), un calendario de convergencia de cuotas y sin exclusiones cronológicas. Además, Vox rechaza que sea obligatorio para los letrados que tengan que inscribirse al RETA a partir de 2027 y defienden que los abogados puedan elegir libremente entre ambos modelos.

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El problema, que ha terminado por explotar ahora tras varios años de denuncias de los profesionales, tiene varios responsables, según admiten las diferentes fuentes del sector jurídico consultadas por El Confidencial. Esta cadena de fallos institucionales e individuales explica en parte por qué el problema ha explotado tan tarde y por qué resulta tan difícil encontrar una salida consensuada y justa.

Cuatro responsables

En primer lugar, el Estado no actuó con la diligencia debida al no advertir con claridad los riesgos del modelo mutualista, ni ofrecer a los colegiados información completa sobre las implicaciones reales de optar por estas entidades en lugar del sistema público. Esta omisión de supervisión ha contribuido a consolidar un sistema paralelo que ahora muestra sus carencias más graves, sobre todo al llegar la edad de jubilación.

En segundo lugar, muchos afectados aseguran que las propias mutualidades no alertaron a tiempo de la insuficiencia de sus prestaciones ni ofrecieron transparencia sobre las condiciones reales de cotización y jubilación con comunicaciones que podían resultar ambiguas. A ello se suma la actitud pasiva de muchos profesionales, que no se informaron con profundidad ni revisaron su plan de pensiones hasta que fue demasiado tarde.

El presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, ha defendido en los últimos meses en varias ocasiones la Mutualidad y su modelo de colaboración público-privada. El directivo sostiene que de los 60.000 mutualistas alternativos, unos 43.000 van a recibir por pensiones por encima de los 700 euros. Además, ha explicado en varias ocasiones que los mutualistas han tenido información constante sobre sus aportaciones y que si alguno va a cobrar poco, es porque ha ahorrado poco.

“En Mutualidad somos conscientes de la preocupación trasladada por parte de los mutualistas alternativos, y por ello defendemos una respuesta justa, equilibrada y basada en el consenso. Al mismo tiempo, es imprescindible que cualquier reforma en este ámbito se construya desde el respeto a la libertad de elección, la seguridad jurídica y la sostenibilidad del sistema mutualista", explican fuentes de la Mutualidad. "Si bien apoyamos la aprobación de una pasarela al RETA, reiteramos la necesidad de que esta sea ordenada y voluntaria, es decir, que permita a cada mutualista decidir en función de sus circunstancias personales y profesionales. En este contexto, consideramos esencial preservar el modelo alternativo, que no solo ha demostrado su solvencia, sino que representa una opción válida para miles de profesionales en activo"

"Al mismo tiempo, defendemos que la posible transferencia de fondos al RETA esté exenta de cargas fiscales y que se reconozca el derecho a un complemento para aquellos mutualistas que, habiendo optado por transformar su capital de jubilación en renta vitalicia, queden por debajo de la pensión mínima del régimen público. Desde un inicio nuestro objetivo ha sido contribuir a una solución que proteja los derechos de quienes quieran cambiar de sistema, sin perjudicar a quienes desean permanecer en Mutualidad. Seguiremos colaborando de forma activa con todos los agentes implicados para que el proceso legislativo avance hacia una solución constructiva que permita avanzar hacia un modelo justo, para todos", añaden las mismas fuentes.

Por último, los colegios profesionales tampoco cumplieron su función de protección de los colegiados. Su inacción durante décadas ha sido clave para que el modelo alternativo se perpetuara sin una auditoría crítica. En este contexto, algunos sí han decidido dar un paso adelante, como por ejemplo el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ha propuesto una solución jurídica liderada por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, basada en tres pilares: la creación de una pasarela legal efectiva al RETA, un tratamiento fiscal justo del traspaso de fondos, y el establecimiento de un complemento de pensión para mutualistas pasivos que garantice una renta digna a quienes ya no pueden reconducir su situación.

"No hace falta una ley perfecta, pero sí un acuerdo de mínimos que permita avanzar en algo que es ya una emergencia social"

La legislatura, debilitada y con poco margen de negociación, podría encontrar en esta reforma una oportunidad para demostrar utilidad institucional. "Es una bomba que ha estallado muy tarde", reconoce una fuente técnica vinculada a las negociaciones. "No hace falta una ley perfecta, pero sí un acuerdo de mínimos que permita avanzar en algo que es ya una emergencia social".

Desde el Ministerio de Seguridad Social, Elma Saiz ha reiterado que "habrá una solución que satisfaga al colectivo". La propia ministra ha defendido la obligatoriedad del RETA para nuevos colegiados desde 2027 y ha asegurado que se mantendrá abierta una vía de integración para quienes acrediten su condición de mutualistas alternativos. Mientras tanto, el tiempo corre y la presión crece. El movimiento está en la calle. Y el Congreso, por ahora, sigue sin ofrecer respuestas claras.

Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), su presidente, Salvador González, lanzó un mensaje urgente en una reciente entrevista con Cinco Días: “La ley de pasarela al RETA urge: hay muchos compañeros angustiados que no pueden dormir”

González destacó que la reforma debe ser rápida, eficaz y voluntaria, y que “la pasarela tiene que alcanzar a todos, no tiene mucho sentido trocear a una parte de los afectados y dejar a profesiones fuera”. Reclamó también un proceso transparente de diálogo con los grupos parlamentarios y las plataformas de mutualistas, con el fin de garantizar una solución justa y con “el derecho constitucional a una pensión digna” como meta final.