Cruce de cartas entre Hacienda y el bufete de 'Spanish pickpockets': "Ataque frontal a la institución"

El peculiar anuncio que el pasado diciembre el bufete Amsterdam & Partners publicó en el diario Financial Times bajo el título “WARNING, Spanish pickpockets operating in this area" escoció en el seno de Hacienda. Así lo atestigua la carta que Soledad Fernández Doctor, directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), remitió el pasado 20 de diciembre al bufete que calificó de carteristas a los inspectores del fisco español.

En la misiva, a la que ha tenido acceso El Confidencial, Fernández señala que tanto algunas afirmaciones que se vertieron en el FT en relación con la aplicación de la Ley Beckham, como la web que el despacho creó a raíz de la publicidad —con un coste estimado de 180.000 euros—, suponen “un ataque frontal contra la institución”.

Hay que recordar que Amsterdam & Partners ha iniciado una campaña contra Hacienda en varios medios de comunicación globales, entre los que se encuentra también The Wall Street Journal, además del FT, en las que acusaba directamente a Hacienda de actuar "de una manera inconsistente contra las leyes fundamentales europeas y los derechos humanos".

Estas afirmaciones, junto a las realizadas sobre las bonificaciones que obtienen los inspectores del fisco español, alertaron a la Oficina Financiera de la Embajada de España en el Reino Unido, que fue quien dio la voz de alarma a la AEAT. “Los inspectores fiscales en España reciben una parte de las sumas recuperadas, incluso cuando se llegan a acuerdos [con el contribuyente]”, dispara el bufete.

En el mismo documento, Hacienda rebate algunas de las acusaciones más graves que Amsterdam & Partners lanzó en su campaña internacional. Recuerda que la conocida como “Ley Beckham”, revisada en 2023, permite a ciertos trabajadores desplazados a España tributar solo por sus rentas de fuente española, salvo las del trabajo, que tributan íntegramente en España. El tipo impositivo es fijo: 24 % hasta 600.000 euros y 47 % a partir de esa cantidad, recuerda en la carta la AEAT.

“La Agencia Estatal de Administración Tributaria aplica la normativa en los términos aprobados”, subraya la carta, y lleva a cabo “las labores de verificación necesarias” para comprobar que los beneficiarios cumplen los requisitos.

Sobre la retribución de los inspectores, Hacienda desmiente que reciban comisiones por las cantidades regularizadas. “Los inspectores no reciben comisiones ni un porcentaje sobre las regularizaciones propuestas”, aclara la carta. El llamado “coeficiente de efectividad compuesto” apenas impacta un 1,4 % en su salario anual y no está ligado a expedientes concretos.

También niegan opacidad. “No es posible afirmar que la Agencia Tributaria oculte la forma de remuneración de sus inspectores”, añade el escrito, que remite a la web oficial donde se publica esta información, “en su compromiso con la transparencia”. La carta concluye con una petición clara a Amsterdam & Partners: “Confiamos en que su entidad procederá con la rectificación correspondiente”.

La exministra y exvicepresidenta Nadia Calviño apostó por revisar y mejorar el régimen fiscal para impatriados, lo que ha atraído a más profesionales. Tanto directivos como emprendedores que, si han estado al menos los últimos cinco años fuera de España, pueden acogerse a esta ventaja. Despachos consultados coinciden en que han aumentado las inspecciones y comprobaciones en torno a la Ley Beckham, pero no observan la agresividad o la posible mala praxis que critica Amsterdam & Partners.

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Hay que tener en cuenta que Hacienda emite el certificado cuando se cumplen los requisitos, pero después tiene hasta cuatro años para cada ejercicio fiscal, antes de que prescriba, para comprobarlos. En muchos casos, hay ciertos grises que son los que provocan litigiosidad. En especial, Hacienda cuestiona posibles simulaciones de contratos de trabajo para justificar el desplazamiento y la ventaja fiscal. Fuentes de la Agencia Tributaria señalan que en la última década se han acogido a la Ley Beckham 37.000 contribuyentes, y que solo el 0,5 % ha sido objeto de inspecciones por posible incumplimiento.

Entre los ejemplos de problemáticas detectadas por Hacienda están supuestos en los que el contribuyente crea una sociedad sin medios que le contrata para trabajar y luego presta servicios a la empresa extranjera para la que se realiza la actividad. Es decir, se crea artificialmente un contrato de trabajo en España. También hay casos en los que se crean sociedades ficticias justo al recibir una plusvalía importante, o sociedades interpuestas sin actividad o medios personales y materiales.

Respuestas del despacho

Lejos de retractarse, el despacho anglosajón respondió con dureza a la carta de Hacienda. En su primera misiva, enviada el pasado 5 de febrero, el fundador de la firma, Robert Amsterdam, recordaba a la AEAT que "las expresiones críticas respecto a las actuaciones de organismos públicos, incluidas las autoridades fiscales, forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión".

En el mismo documento, que casi coincidió con otro anuncio en el medio estadounidense The Wall Street Journal. Esta vez, con el título: "El tiempo no será lo único que desperdicies al mudarte a España", acusaban a la AEAT de mantener “vaguedad y falta de objetividad” en la fórmula de cálculo de las bonificaciones por productividad y pedían datos precisos de los últimos cinco años. “Resulta llamativo que la equidad no figure como un principio explícito en el Código de Ética de la AEAT”, subrayaban, tras cuestionar que los contribuyentes deban pagar la totalidad de una liquidación para poder apelar.

La tensión creció en la segunda carta, fechada el 21 de marzo, donde el bufete advertía a la AEAT de que sus procedimientos tributarios “persiguen un propósito punitivo y coercitivo” y constituyen “un uso abusivo del poder público”. Acusaban a la Agencia de violar principios esenciales como “la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la proporcionalidad”, y la instaban a cesar “de inmediato estas prácticas coercitivas”.

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Además, advertían que, de continuar esta situación, emprenderán acciones legales “no solo contra la Agencia como institución, sino también contra los funcionarios responsables de implementar medidas que violen los derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional”.

Apelando a Pedro Sánchez

La tercera y, por el momento, última carta que ha sido enviada el 4 de junio, un mes después de que los abogados visitaran España por primera vez, elevando aún más el tono, después de que Hacienda no respondiera al denominado 'Libro Blanco' que el bufete publicó bajo el título Hacienda contra el Pueblo. “Usted debe asumir responsabilidad personal por los múltiples fallos de la organización que dirige”, escribe Amsterdam, quien afirma tener “pruebas de que Hacienda ha mentido a los propios contribuyentes y a autoridades fiscales extranjeras”.

También denuncia el uso de “información incompleta y engañosa” por parte del fisco para ocultar “la magnitud de los incentivos, pagados con el dinero de los contribuyentes, que incentivan a los inspectores de Hacienda a perseguir a los residentes fiscales en España”.

El despacho sostiene que ha detectado “la escala sistemática e industrial de las irregularidades dentro” de la Agencia Tributaria y concluye que no se trata de “transgresiones individuales”, sino de “fallos institucionales” derivados de “fallos en su liderazgo”. Por ello, instan directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abrir “una investigación pública exhaustiva” sobre la AEAT y piden que Soledad Fernández “se retire y permita que la investigación independiente siga su curso”, para que los contribuyentes y empleados puedan declarar “sin temor a represalias”.

A la espera de esa hipotética comisión independiente, Amsterdam & Partners anuncia que continuará con su campaña pública y judicial en “tribunales españoles y europeos”. Próximamente, harán público el denominado Memorándum de Madrid, una agenda de reformas tributarias en doce puntos.