El concurso de Arriaga aflora casi medio millón de euros de frentes judiciales pendientes

Arriaga Asociados, el que fuera el gran azote de la banca, también tiene sus detractores, y no precisamente bancarios. El concurso de acreedores de la firma ha aflorado la existencia de más de una treintena de procedimientos judiciales contra la firma, la gran mayoría por despidos, pero también por presunta mala praxis e incumplimientos contractuales.

En total, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial, Arriaga afronta pleitos por valor de alrededor de 455.000 euros. El más cuantioso es una demanda presentada por el centro comercial Príncipe Pío de Madrid, que le reclama 124.000 euros por un presunto incumplimiento contractual. Arriaga tenía en este centro comercial una de sus oficinas comerciales. Le siguen, por cuantía, tres procedimientos por despido que se mueven entre los 52.000 euros y los 30.000 euros.

Otros procedimientos relevantes por despidos, con reclamaciones de doble dígito, oscilan entre los 13.000 euros y los 21.000 euros. Los pleitos pendientes están repartidos entre los juzgados de Madrid, Sevilla, Tarragona, Málaga, San Sebastián, Oviedo, Zaragoza, Murcia, Cartagena, Alicante y Puente Genil.

¿Por qué quebró la firma?

El administrador concursal de la firma, RSM, presentó hace unas semanas su informe en el que desgrana los motivos de la quiebra de la compañía, que fue por motivos tanto externos como internos.

Como ya adelantó El Confidencial, RSM considera que el mercado de la litigación por abusos de la banca ha cambiado mucho en los últimos años. El comportamiento de las entidades se ha ajustado y los tribunales, poco a poco, han ido aclarando cuándo procede reclamar a la banca y cuándo no, lo que ha contribuido a una caída notable de este tipo de litigios.

Todo ello pilló a Arriaga con una estructura muy pesada y repartida por todo el territorio nacional, con un total de 33 oficinas en 21 provincias. El cierre de varias de las oficinas y un ERE de más de un centenar de profesionales no fueron suficientes para mantener a flote la firma. A esto se suma la ralentización de los procedimientos judiciales y la retención de fondos que hacen las autoridades judiciales.

La guinda la pone la financiación de 40 millones que suscribió con Pemberton en 2018 y cuyos vencimientos no ha podido atender, lo que le ha llevado a deber al fondo británico unos 35 millones de euros. Actualmente, ambas partes negocian un acuerdo extrajudicial para mantener viva la compañía.