'Ranking' EC Jurídico | Los bufetes que más facturan a la Administración Pública

La contratación legal y fiscal por parte del sector público se ha convertido en una vía generosa de ingresos para las grandes firmas de servicios profesionales. En apenas 17 meses, de enero de 2024 a mayo de 2025, las distintas administraciones adjudicaron 172 contratos a despachos por un volumen que supera los 60 millones de euros, según los datos recopilados por El Confidencial.

En esta fotografía que muestra el vínculo que los despachos tienen con la Administración hay un patrón claro: los departamentos legales y fiscales de las Big Four se llevan la palma. Entre todas ellas —EY, PwC, Deloitte y KPMG— suman 91 contratos públicos por un valor conjunto superior a los 32,3 millones de euros, lo que supone más de la mitad del total adjudicado entre los 15 despachos más relevantes del periodo que va durante todo el año 2024 y hasta mayo de 2025.

EY Abogados, con 18 contratos y una facturación pública que supera los 11 millones, encabeza la clasificación por volumen económico. Le sigue PwC Tax & Legal, que ha firmado 34 contratos por valor de 10,7 millones, y Deloitte Legal, con 21 adjudicaciones que suman 7,4 millones de euros. KPMG Abogados, más selectiva en sus participaciones, cierra el bloque con 18 contratos por más de 3 millones.

Frente a este dominio de los grandes grupos de servicios profesionales, destaca el papel de Andersen, que se sitúa como la firma más prolífica en número de contratos. El despacho dirigido por José Vicente Morote ha cerrado 44 adjudicaciones, por un volumen total de 10 millones de euros, lo que le sitúa a la altura de las grandes por ingresos y por capilaridad en la contratación pública. Su presencia constante en licitaciones de toda índole, desde asesoría jurídica a acompañamiento fiscal, lo convierte en uno de los socios recurrentes del Estado.

Si se toma como referencia la facturación total de la firma en 2024 —65,8 millones de euros, según el ranking de El Confidencial—, los ingresos públicos representan aproximadamente un 15,28% de su negocio. Una proporción que evidencia la importancia estratégica que la licitación pública tiene ya para algunas firmas en expansión, especialmente aquellas con fuerte implantación territorial como es Andersen.

TE PUEDE INTERESAR

¿Quién audita a los bufetes 'top'? Los grandes tiran de auditoras medianas y poco de 'big four'

Alejandro Galisteo Alejandro Mata

En el bloque de los independientes también sobresale Clifford Chance, con solo tres adjudicaciones, pero de gran volumen: 6,29 millones de euros, todas ellas concentradas en contratos de Aena, con un rol destacado en la macrolicitación de agosto, donde lidera bancario.

Los grandes despachos, no tanto para la Administración

En cuanto a los despachos españoles, acostumbrados a liderar su rol en los ránkings de facturación del sector privado, el papel en la contratación pública es muy diferente. Garrigues, el mayor despacho nacional por ingresos, suma 14 contratos por un total de 4 millones de euros en el periodo analizado. Su presencia es puntual y concentrada en organismos estratégicos como ADIF, Generalitat Valenciana o la Diputación de Pontevedra.

Cuatrecasas, otro de los gigantes del sector legal en España, se queda en 7 adjudicaciones por 394.800 euros, lo que indica una estrategia más selectiva o una menor exposición a este mercado. Más marginal aún es el papel de Uría Menéndez, que registra un único contrato por 293.306 euros, y de Pérez-Llorca, que solo aparece con una adjudicación por 55.000 euros. Gómez-Acebo & Pombo, por su parte, participa de forma en adjudicaciones conjuntas, como el macrocontrato de 5,5 millones de euros adjudicado por Aena en agosto de 2024, junto a otras once firmas.

Los grandes licitadores

Entre los grandes licitadores destaca especialmente Aena, que no solo lidera el número de adjudicaciones sino también el volumen total de gasto. Si se elimina la duplicación derivada del macrocontrato de 5,5 millones de euros adjudicado de forma conjunta a cinco firmas de esta muestra, once en total, la compañía pública de aeropuertos ha repartido en este periodo un total de 6,64 millones de euros a través de 21 contratos distintos. Su posición como mayor cliente jurídico del sector público es incuestionable.

Otra entidad clave en la contratación de asesoramiento legal es Ineco, la ingeniería pública dependiente del Ministerio de Transportes. En el último año y medio meses ha cerrado 6 adjudicaciones por un total de 4,94 millones de euros, lo que la convierte en uno de los organismos de mayor peso presupuestario en este mercado, incluso por encima de muchas consejerías autonómicas.

Otro de los grandes actores en la contratación pública de servicios legales ha sido Barcelona de Serveis Municipals (BSM), la sociedad pública que agrupa servicios estratégicos del Ayuntamiento de Barcelona. Durante el último año y medio ha adjudicado 5 contratos a despachos por un valor total de 2,79 millones de euros, consolidándose como uno de los entes municipales con mayor inversión jurídica, incluso por encima de algunas administraciones autonómicas.

En este sentido, se observa un patrón común en distintos municipios que contratan asesoramiento externo para sus departamentos jurídicos. Entre los más activos destacan el Servei Jurídic de l’Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Rubí o el Ajuntament de Terrassa, todos ellos con adjudicaciones frecuentes, aunque de menor importe.

TE PUEDE INTERESAR

La SEPI encarga a Baker McKenzie el frente estadounidense de su entrada en Telefónica

Alejandro Galisteo

También destaca la actividad de COFIDES, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, dependiente del Ministerio de Economía. Aunque sus adjudicaciones son de menor importe unitario, en conjunto ha firmado 15 contratos por un total de 905.834 euros, la mayoría vinculados a asesoramiento jurídico recurrente, auditoría legal y apoyo en operaciones de inversión en el exterior o fondos de desarrollo.

En el caso de Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, se contabilizan 16 adjudicaciones durante el periodo analizado, con un presupuesto conjunto de 199.340 euros. El importe medio de estas contrataciones es notablemente inferior al de otras entidades públicas, lo que sugiere encargos específicos de asesoría puntual o gestión documental en procesos de liquidación y recuperación de activos.

Más allá de los grandes adjudicadores habituales, el mapa de la contratación pública legal incluye también entidades de gran relevancia institucional. Organismos como ICEX, Agencia EFE, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o Fundación Pública Andaluza para la Integración Social figuran entre los adjudicatarios, así como múltiples entes municipales y empresas públicas territoriales.

*Metodología del análisis. Para elaborar este análisis se han analizado las adjudicaciones de los 15 primeros despachos incluidos en la última edición del ranking de facturación de El Confidencial. Los datos han sido obtenidos a través del Portal de Contratación del Sector Público, introduciendo el nombre de cada despacho de abogados en el buscador de adjudicatarios. Para cada contrato se ha considerado el importe de adjudicación como referencia principal, y en los casos en que este no estaba disponible, se ha utilizado el valor estimado del contrato. En el caso de las firmas integradas en las Big Four —EY, PwC, Deloitte y KPMG— se han excluido expresamente los contratos clasificados como servicios de consultoría o auditoría, con el objetivo de aislar únicamente aquellos que responden a prestaciones de carácter jurídico o fiscal.