¿Por qué quebró Arriaga? Los números del despacho, al descubierto
El administrador concursal apunta a la ineficiencia estructural del sistema judicial y una reducción de las prácticas abusivas de la banca, pero también cree que Arriaga fue demasiado optimista con su situación financiera
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Veinte días antes de la pasada Navidad, Arriaga Asociados se declaró en concurso de acreedores en los juzgados mercantiles de Madrid. El gran azote de la banca cofundado por Jesús María de Arriaga arrastraba desde hacía tres años una situación complicada fruto de su elevado endeudamiento, una estructura sobredimensionada y un sistema judicial colapsado que le llevaron a buscar una solución, todavía en negociación, con su principal acreedor, el fondo británico Pemberton, al que adeuda unos 35 millones de euros. La deuda total que arrastra la empresa supera los 40 millones al cierre del pasado febrero.
Estas son algunas de las conclusiones del informe provisional elaborado por RSM, administrador concursal del bufete, al que ha tenido acceso El Confidencial. El documento, fechado el pasado 14 de abril, disecciona los motivos de la caída de la firma especializada en litigación bancaria y, aunque comparte parte del diagnóstico con sus socios fundadores, también cree que Arriaga fue demasiado optimista con su situación financiera.
Arriaga Asociados está controlado por el citado Arriaga y su mujer, Giuliana Mayuri, a través de varias sociedades. Las negociaciones con los acreedores arrancaron hace justo un año y, durante el proceso, las partes han tratado de que los juzgados homologuen sendos planes de reestructuración, uno propuesto por los socios y otro por Pemberton, pero ambos intentos han caído en saco roto. Los expertos en reestructuración también variaron: primero fue Alvarez & Marsal y después se nombró a BDO a petición de Pemberton.
Arriaga está especializada en asesoramiento litigioso en materia de gastos hipotecarios, cláusulas suelo, tarjetas 'revolving', hipotecas multidivisa, IRPH y cártel de los coches. Según se detalla en el informe, la facturación por reclamaciones de gastos hipotecarios y cláusulas suelo supuso entre el 80 y 90 % de la facturación de la compañía entre 2021 y 2024.
El sistema de facturación de Arriaga es de honorarios contingentes. Es decir, solo cobra en caso de éxito de sus clientes, y sus ingresos proceden principalmente de las costas a las que los demandados son condenados.
El problema, tal y como se explica en el informe, es que el mercado ha sufrido un cambio estructural en los últimos años. Las malas prácticas de los bancos se han ajustado y la evolución normativa y jurisprudencial ha limitado y clarificado este tipo de reclamaciones, lo que en conjunto ha derivado en una “notable” disminución de nuevos litigios que han contribuido de forma “determinante” a la insolvencia de la firma.
Ese cambio de dinámica pilló al despacho con una estructura sobredimensionada en todo el territorio nacional, con un total de 33 oficinas en 21 provincias, lo que suponía una carga financiera muy significativa en un momento de menor demanda de sus servicios. Aunque ha cerrado un elevado número de oficinas (Tarragona, Girona, Lleida, Bilbao, Alicante, A Coruña y Almería) y ha ejecutado un ERE de 158 personas, las medidas no han sido suficientes para dar la vuelta a la situación.
Los números de Arriaga acreditan el lento (pero constante) deterioro de la firma en los últimos años. En 2022, la firma alcanzó los 41,46 millones de facturación y un beneficio de 2,38 millones, su resultado más alto de los últimos años. A partir de ahí, la tendencia ha sido negativa, llegando a registrar pérdidas en 2023 que se agravaron en 2024 hasta los 2,8 millones de números rojos. Ese último año completo, la firma había reducido sus ventas hasta los 26,02 millones de euros.
A los motivos de esta caída se suma la ralentización de los procedimientos judiciales y la retención de fondos que hacen las autoridades judiciales, que también han sido mortales para la liquidez de la firma, así como la caída de las cuantías de las costas. En cifras, entre 2021 y 2023, los expedientes de costas derivados de los procedimientos judiciales gestionados por Arriaga pasaron de 20,7 millones a 15,3 millones, un 26,1 % menos. El golpe más fuerte fue en el primer trimestre de 2024, con un desplome del 91,4 % respecto al primer trimestre del ejercicio anterior, debido a la huelga de LAJs y la reforma judicial que elevó el límite para los juicios verbales de 6.000 a 15.000 euros, afectando a los asuntos de gastos hipotecarios que representaban entre el 55 y el 65% de las costas otorgadas. El número de sentencias obtenidas por la firma también ha tenido una racha negra, con un desplome del 52,8 % entre 2021 y 2023.
En términos de empleo, el bufete ha pasado de tener 452 trabajadores en 2023 a 181 trabajadores en febrero de 2025. En 2021, la plantilla superaba los 500 profesionales.
Deuda con Pemberton
Mención aparte para el crédito millonario con Pemberton, otra de las claves de la quiebra. En 2018, la firma y el fondo inglés firmaron un acuerdo de financiación que ascendía a 40 millones con unos vencimientos que Arriaga no ha podido atender -el último, el pasado mes de junio- y que le llevan a deber al fondo unos 35 millones. El fondo está asesorado en el concurso por Ashurst y Houlihan Lokey.
La administración concursal explica en el informe que el ratio de endeudamiento, que mide el grado de financiación externa de una empresa, se considera equilibrado cuando el valor queda entre 0,50 y 0,60. En el caso de Arriaga, los ratios de los últimos años han sido 0,80 (2022), 0,78 (2023), 0,83 (2024) y 0,84 (febrero 2025), lo que evidencia un apalancamiento muy elevado. Los informes de auditoría, favorables año a año, han puesto siempre el foco en este elevado endeudamiento.
En sus conclusiones, RSM considera que la contabilidad de Arriaga refleja “de manera razonablemente fiel su situación financiera”. También cree que en ejercicios anteriores se ha hecho una valoración de determinados activos “que podría calificarse de optimista”, junto con una dotación de provisiones inferior a la recomendable. Esto habría llevado a “una apreciación más favorable de la situación financiera de la entidad de la que efectivamente correspondía”.
Arriaga y su mujer han manifestado su interés en que la firma mantenga su actividad, para lo que es indispensable, tal y como recuerda RSM en su informe, alcanzar un acuerdo con Pemberton que, por ahora, no ha terminado de cerrarse.
Veinte días antes de la pasada Navidad, Arriaga Asociados se declaró en concurso de acreedores en los juzgados mercantiles de Madrid. El gran azote de la banca cofundado por Jesús María de Arriaga arrastraba desde hacía tres años una situación complicada fruto de su elevado endeudamiento, una estructura sobredimensionada y un sistema judicial colapsado que le llevaron a buscar una solución, todavía en negociación, con su principal acreedor, el fondo británico Pemberton, al que adeuda unos 35 millones de euros. La deuda total que arrastra la empresa supera los 40 millones al cierre del pasado febrero.