Alonso (CIAM-CIAR): "Los MASC y el colapso de los tribunales van a propiciar el arbitraje"

José María Alonso cumple dos años al frente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid - Centro iberoamericano de Arbitraje (CIAM - CIAR) con los números a favor. Desde el nacimiento de la corte hace cinco años, la institución suma 55 arbitrajes -17 de ellos derivados de la inclusión de la ‘cláusula CIAM’- por un valor agregado en disputa de 275 millones de euros.

La hoja de ruta de la corte, que acaba de sellar una alianza con la CAM de Santiago de Chile, pasa por convertirse en el gran centro de arbitraje de referencia en Iberoamérica y poner una pica en los grandes arbitrajes de inversiones para competir con la corte arbitral del Banco Mundial. A nivel doméstico, Alonso ve una oportunidad para el arbitraje derivada de las lagunas de la nueva Ley de Eficiencia Procesal que obliga a mediar antes de demandar.

PREGUNTA. La corte cumple cinco años de actividad y usted lleva dos al frente. ¿Qué balance hace de esta etapa?

RESPUESTA. El balance no puede ser más positivo. Nos marcamos varios objetivos y los hemos ido cumpliendo. El primero era consolidar a CIAM-CIAR como una corte de referencia en el mundo iberoamericano, teniendo en cuenta que el número de arbitrajes con partes iberoamericanas es elevado y que tienden a ir a países que no tienen nada que ver con ellos; y posteriormente con la incorporación de CAM Santiago. Hemos dejado de ser un centro con vocación iberoamericana pero puramente español para ser un centro verdaderamente iberoamericano. Ha sido un cambio muy sustancial.

Por otra parte, hemos logrado consolidar los equipos internos, hemos digitalizado la tramitación de procedimientos y aprobado un nuevo reglamento para integrar las prácticas más modernas del mundo del arbitraje, como el procedimiento hiperabreviado o la impugnación opcional de laudo. Ya contamos, además, con 12 grupos de trabajo que en mayo celebran su reunión anual. Va a ser un año especial porque van a venir más de un centenar de profesionales chilenos.

En cifras, hemos alcanzado ya los 55 casos. Seguimos haciendo una labor de explicación comercial del CIAM, particularmente en América Latina. Hemos estado en México, un país donde el arbitraje va a tener un desarrollo importantísimo tras la reforma judicial que han hecho en el país para la nueva designación de jueces. Los operadores tienen miedo de la calidad e independencia de los jueces.

P. ¿España es ya la primera opción para arbitrajes entre hispanohablantes? Hace unos años comentaban que era solo un 5%.

R. Por lo que yo estoy viendo, está cambiando. En muchos arbitrajes que me han nombrado en la Corte Internacional de Arbitraje (CCI, por sus siglas en inglés) se pone sede en Madrid. Hay una conciencia generalizada de que no tiene sentido ir a sitios en los que, o no se habla español, o se aplica el Common Law. Madrid está de moda. Tenemos una ley de arbitraje muy moderna y, afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina muy respetuosa con el arbitraje.

P. ¿Echa en falta algo en la ley de arbitraje?

R. Hay una asignatura pendiente: el arbitraje administrativo. Hay países como Perú en los que este tipo de arbitraje está contribuyendo a descongestionar los juzgados de lo contencioso-administrativo. En España, la canalización de los conflictos entre particulares con las Administraciones a través del arbitraje no solo descongestionaría los tribunales, también contribuiría al propio desarrollo del arbitraje. Hay un gran cuello de botella ahora mismo y debería introducirse esa opción en la ley. Por lo demás, es una ley moderna. La reforma de 2011 resolvió cuestiones importantes como el arbitraje estatutario.

Por otro lado, desde el punto de vista de la organización judicial, debería haber un juzgado de primera instancia dedicado a tramitar cuestiones de arbitrajes. Inicialmente se creó, el 101bis, pero como no había suficientes asuntos le cayeron las cláusulas suelo y desapareció. Sería recomendable recuperarlo.

P. Menciona que la doctrina del Constitucional es respetuosa con el arbitraje y hace una valoración positiva de la seguridad jurídica. ¿Cómo impactan casos como el de Gonzalo Stampa, todavía pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo?

R. Es algo lamentable, me solidarizo con él. Pero ese caso no es un caso de respeto o no al arbitraje, es un caso en el que se le ha sentenciado por desobediencia. Me gustaría que se distinguiera el respeto a los procedimientos arbitrales por parte de los tribunales españoles con lo que es una cuestión estrictamente judicial. Este caso está haciendo demasiado ruido y no creo que sea bueno.

P. La mayoría del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido elevar una cuestión prejudicial, con el magistrado Santos Vijande como ponente, que puede variar el control que pueden ejercer los jueces sobre los laudos.

R. Esa cuestión prejudicial hay que acotarla, se refiere estrictamente al Derecho de la Competencia y no afecta a ninguna otra área. Personalmente, discrepo de la decisión de la mayoría del TSJM de elevar esa cuestión, y digo mayoría porque hubo un voto particular. Creo que no procede y que no va a ir a ningún sitio.

P. ¿Por qué?

R. En ese caso, el laudo se anuló porque no se había respetado el Derecho de la Competencia. Es evidente que los árbitros tienen que aplicarlo en sus resoluciones. Yo creo que es algo ya resuelto. Me resulta difícil de decir, pero es como una rabieta del TSJ de Madrid. El Constitucional, en la sentencia que estimó el recurso de amparo, dejaba claro que no existe el derecho de un tribunal inferior a mantener una “discrepancia razonada”.

P. ¿Hay una oportunidad para el arbitraje con la nueva Ley de Eficiencia Procesal? La obligatoriedad de recurrir a los medios alternativos de resolución de controversias (MASC) antes de demandar quizá pueda recoger a mucha gente a la que no le convenza el nuevo sistema.

R. La ley debería impulsar la mediación, pero no establece cuándo se considera que una mediación se ha llevado a cabo seriamente y los jueces deberían adoptar una postura común. La picaresca, además, ya está aquí. Nos ha llegado información de que hay empresas que se ofrecen a emitir un certificado de mediación por 30 o 50 euros. Tiene que haber un intento serio de mediar, porque si no volvemos al viejo acto de conciliación. Es preocupante que antes de que entrase en vigor la ley se presentaron miles de demandas precisamente para evitar esa mediación.

Creo que sí podemos ver una mayor inclusión de cláusulas multimodales. Es decir, que se establezca un proceso de mediación previo y luego el arbitraje. Lo que es absolutamente cierto es que los procedimientos judiciales se están eternizando. En mi caso, llevo uno en el que puse la demanda en 2019 y me han señalado la audiencia previa en marzo de 2026. Es inasumible e inadmisible. El colapso de los tribunales y los MASC va a propiciar el arbitraje doméstico.

P. Parece que lo que hace falta entonces es un cambio de mentalidad.

R. Hay que empezar en la universidad y enseñar que la mediación es una forma de solucionar problemas de una manera adecuada. En países como Estados Unidos y en algunos latinoamericanos funciona muy bien. En España cuesta, es un problema cultural.

P. El CIAM-CIAR ha anunciado recientemente una alianza con CAM Santiago, la gran corte chilena, para el desarrollo del arbitraje internacional. ¿Hay algún otro movimiento previsto en este sentido?

R. Tenemos algunas ideas sobre la mesa y es posible que incorporemos una nueva corte más próximamente.

P. A finales de mes se celebra el tercer encuentro de los grupos de trabajo del CIAM-CIAR. ¿Qué novedades hay?

R. Este año se ha incorporado por primera vez el grupo de Deporte y Entretenimiento. El grupo de Economía Digital va a presentar una guía de uso de la inteligencia artificial y el de Construcción está preparando un reglamento de dispute boards. El CIAM-CIAR quiere incorporar servicios que están más desarrollados en otros países que creemos que aquí pueden ser útiles.

P. CIAM-CIAR está trabajando para ser la corte de referencia en Latinoamérica. ¿CCI sigue siendo el principal competidor?

R. CCI es la corte que tiene más presencia en Latinoamérica y es nuestro competidor más fuerte. Es una corte muy buena y muy importante que tiene 100 años de existencia. Coger una parte de su negocio es complicado. La corte de Londres también la considero competencia. Por ejemplo, cuando la Comisión Federal de Electricidad de México tenía un arbitraje, siempre iba a esta corte. El CIAM-CIAR, además, también quiere ser una alternativa al Ciadi [la corte arbitral del Banco Mundial] para arbitrajes de inversión.

P. Cinco años después del nacimiento de la corte, ¿cuántos arbitrajes administrados por el CIAM proceden de la cláusula CIAM?

R. De los 55 arbitrajes administrados por el CIAM-CIAR, un total de 17 proceden de una cláusula CIAM. La tendencia es ascendente año a año. Estamos satisfechos con el resultado. Relacionado con esto, no podemos olvidar que el arbitraje es un negocio-país que genera riqueza. No solo para los abogados y árbitros, también para los peritos, traductores, hoteles, restaurantes… Además es una riqueza de calidad, porque generalmente atrae a grandes compañías y despachos de abogados.